El fiscal: «Se confeccionaron actas de juntas en Fontibre que no se celebraron y se metió la firma de un fallecido»
La Fiscalía mantiene su petición de cinco años de cárcel contra el expedáneo de la localidad campurriana, entre 2003 y 2015, por un delito continuado de falsedad en documento oficial
La Fiscalía de Cantabria ha matenido su petición de cinco años de cárcel frente al presidente del Concejo Abierto de Fontibre (Hermandad de Campoo de ... Suso) entre 2003 y 2015, José Ricardo Escalada, por «hacer constar en el libro de actas juntas que no tuvieron lugar, acuerdos que no llegaron a aprobarse y la asistencia de personas que no estuvieron presentes, en concreto, un vecino que había fallecido hace veinte años».
Según la acusación pública, el procesado hizo constar en el libro de actas la celebración de tres juntas (una de 2013 y dos de 2014) «que nunca llegaron a celebrarse». Del mismo modo, «hizo constar en las mentadas actas acuerdos que no llegaron a aprobarse y la asistencia de un vecino, que no estuvo presente».
En este procedimiento, la acusación particular la ejerce el Concejo Abierto de Fontibre (de unos 65 vecinos), que se querelló por estos hechos en el año 2016 y solicita ahora seis años de prisión y 7.200 euros de multa.
En el juicio celebrado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que quedó visto para sentencia, el acusado defendió su inocencia. A preguntas del fiscal aseveró que «nunca» ha falsificado un acta «ni lo he firmado con posterioridad». En varias ocasiones empleó el «no lo recuerdo» para responder a algunas cuestiones. Afirmó que convocaba juntas y que al principio iba gente pero después «cada vez menos». «Si no iba gente no se hacía nada», apuntó, antes de asegurar que lo que hacía era colocar la notificación con la convocatoria de las juntas en la fachada de una casa. «¿Quién redactaba las actas?», interpeló el fiscal. El acusado dijo no recordarlo, pero en fase de instrucción declaró que se las daba a una amiga «porque yo no sabía hacerlo», confirmó, sin recordar tampoco quién las firmaba.
El expedáneo señaló que esta querella, promovida por su sucesor en el cargo (que está fallecido), tiene que ver con una «persecución familiar». «El secretario de Campoo de Suso nunca me dijo cómo tenía que hacer las actas», explicó a preguntas de su abogado.
Después comparecieron cinco testigos, que coincidieron en que las juntas que son objeto de acusación «no se celebraron». Uno de ellos, que supuestamente había asistido a una de ellas, dijo que esa firma no era suya, sino de su padre, «fallecido hace veinte años».
Otro, que ejerció de secretario de la pedanía «sin saber por qué», negó haber convocado juntas y que se celebraran, y menos firmar actas, pese a que la Guardia Civil ha podido constatar que la firmas son suyas. En este punto, la defensa planteó por qué este testigo no ha estado en el procedimiento como acusado. Un extremo que descartó el fiscal al explicar que, aunque su actuación pudo ser «negligente», se descartó procesarle por estar «prescrita». «Chirría su declaración porque si dice que él firmó las actas a posteriori se puede meter en un berenjenal», dijo el fiscal.
Para el fiscal ha quedado acreditados los hechos por los que acusa al expedáneo, en base a las pruebas practicadas. «Las actas eran cosa suya y la gente del pueblo, los que han testificado aquí, dicen que no se celebraban juntas». Del mismo modo, la acusación particular tiene claro que el acusado se «inventó las actas».
Frente a ello, la defensa considera que este pleito «apesta a enemistad de pueblo» y los «testigos han venido a declarar en contra de mi cliente». Además, considera que esas actas «no son documentos públicos» y que en este caso hay «dilaciones indebidas muy cualificadas por las que habría que bajar la pena hasta en dos grados en caso de condena».
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