Los frentes ambientales de Santander

La concienciación y lucha por la defensa del medioambiente alumbró el surgimiento de movimientos vecinales en Santander al calor de los problemas con los que se iban topando. El impacto paisajístico de la senda costera, la proliferación de los vertederos incontrolados en la zona norte o la cada vez mayor preocupación por la calidad del aire han puesto en alerta a muchos de ellos. Sobre todo, a aquellos que por proximidad se ven más afectados. Unos frentes que desde el Ayuntamiento deben ser encarados como retos para hallar una solución definitiva.

Nadie se resigna a vivir rodeado de basureros ilegales, como les sucede a los vecinos de Monte, San Román o la zona de Rostrío. Tampoco los de Cueto que, además, suman los restos de un esqueleto «que pretendía poner barreras de madera» en los acantilados que une el faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar. La polución se ha convertido en otro de los caballos de batalla. La ausencia de lluvias y los incendios forestales provocaron que, durante al menos diez días, los santanderinos respiraran aire de inferior calidad al recomendado por los organismos sanitarios internacionales.

El arroyo de 'La Regata' tiene un color de difícil definición a su paso por Monte, en el vial que conecta la calle Corbanera con los barrios de San Miguel y Foramontanos. Se puede decir que, sobre todo, es negro, aunque con particularidades cromáticas. Manchas de aceite y gasoil dibujan un arcoíris donde flotan, entre otras inmundicias, restos de neumáticos quemados y plásticos. Unos metros adelante, varios caballos pastan tranquilamente en una finca anexa que, por fortuna, tiene un muro que impide que sacien su sed en este albañal. Aquí se sitúa uno de los trece vertederos ilegales que el Ayuntamiento de Santander tiene censados en la zona norte de la ciudad. A muy pocos metros de la costa. Monte, Cueto, San Román, la Virgen del Mar y las antenas de Rostrío son las zonas más afectadas.

«Solo limpian los que están en terreno público y al día siguiente aparecen igual. Es una vergüenza», explica Javier Martínez, presidente de la asociación vecinal de Monte. «Una cosa es enviar una máquina de vez en cuando y otra muy diferente erradicar por completo el foco», puntualiza. El Consistorio se defiende. «MARE cerró el punto limpio de San Román y, desde entonces, aparecen vertidos en las inmediaciones», afirma José Ignacio Quirós, concejal de Medio Ambiente. El Ayuntamiento trasladó esta problemática a la empresa encargada de los residuos, perteneciente al Gobierno regional, y la necesidad de la reubicación del centro que tiene en Cueto. Incluso ofreció «terreno municipal» para llevar a cabo el traslado. «A solo veinte metros de la entrada de ese punto tenemos otro basurero incontrolado», se lamenta Santiago Sierra, presidente de la asociación vecinal de Cueto.

«El concejal (por Quirós) dice que la mierda está en terrenos particulares, ¡pero si llega hasta la carretera y está por delante de los muros!», señala con aspavientos Agustín, un vecino que acompaña a este periódico en una de las visitas. «Se parapetan tras la burocracia», arguyen los afectados de Monte, que desde el cementerio tienen tres focos en apenas 300 metros. «Los que están en suelo público se limpian. En los privados se abren expedientes para que los propietarios retiren los desperdicios», puntualiza Quirós, que insiste en que el proceso es lento porque «se han de respetar todas las garantías administrativas».

Los vecinos creen que algunos de los dueños de estas fincas son «perjudicados más que responsables». «Ellos no han realizado los vertidos y no tienen medios para quitar esa cantidad de basura. Es un sitio que queda muy a mano para que los incívicos arrojen escombros».

Las sanciones oscilan entre 601 y 30.000 euros. Pero hay que cogerlos in fraganti. El Ayuntamiento, consciente de la dificultad, también apuesta por la prevención. «Se ha incrementado la presencia policial en las zonas afectadas y para las licencias de obra mayor y menor se pide una fianza que solo se devuelve si los residuos son entregados a un gestor autorizado», subraya el concejal de Medio Ambiente. También su departamento estudia medidas «para limitar el acceso de vehículos a algunas de estas zonas con vallas o pivotes», para que no resulte tan fácil deshacerse de los desperdicios.

«El paseo desde el faro es precioso pero no entiendo por qué hay estas pasarelas de madera rotas a medio hacer», pregunta al periodista una joven con marcado acento francés que camina junto a su pareja por la senda costera de Santander, entre el edificio del Meteorológico y el campo de fútbol.

El proyecto de construcción se paralizó en 2014, solo diez meses después de su puesta en marcha. Las fuertes protestas vecinales por el gran impacto visual y medioambiental de los trabajos enervó a los usuarios de este camino natural paralelo a la costa que discurre por los acantilados que van de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. «Quisieron poner puertas al Cantábrico con vallas y pasarelas que aún siguen ahí pudriéndose en el olvido», explica Santiago Sierra, presidente de la Asamblea para la Defensa Costera de Santander. Un colectivo que surgió al hilo de las protestas.

El Ayuntamiento de la capital cántabra, consciente del clamor, pidió al Gobierno de España, responsable del proyecto, que no siguiera adelante con él. Dos años más tarde, Santander remitió uno nuevo a la Demarcación de Costas «acorde a las peticiones de las asociaciones vecinales, así como las sugerencias de la Asamblea», explica José Ignacio Quirós. «Nosotros exigimos otro proyecto, no modificar el anterior, que es a lo que está dispuesto el Ministerio de Medio Ambiente y que no ve mal el Ayuntamiento», relata Sierra. «Hace varios años que presentamos las alegaciones al documento de modificación de 2017 y aquí seguimos, esperando», añade con resignación el presidente de la plataforma de afectados. La solución la debería aportar el Ministerio, apuntan desde el Consistorio. «Es a quien corresponde realizar el procedimiento administrativo de aprobación del proyecto y licitación de las obras». La última vez que el Estado se pronunció fue en enero del año pasado. Y lo hizo para anunciar que no retomaría el asunto a corto plazo. Y mucho menos, «sin consenso».

La calidad del aire que respiran los santanderinos no fue buena, al menos durante las últimas semanas. No era un problema habitual pero ha cobrado protagonismo ahora por varios motivos. El potente anticiclón hace que no llueva y, por tanto, que no se limpie la atmósfera. El viento sur ha traído hasta el arco de la bahía el hollín de los incendios forestales provocados en la parte meridional de la región. Y, por último, la contaminación provocada por la actividad industrial y el tráfico.

Pero no hay que alarmarse consideran desde el Gobierno regional, que es el encargado de vigilar la calidad del aire. Para activar los protocolos de aviso a la población es necesario que se supere durante 35 jornadas la media diaria de 50 microgramos por metro cúbico de pequeñas partículas –las denominadas PM10–. El año pasado, informan desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, sólo ocurrió en cuatro ocasiones.

«El problema es que el protocolo el del siglo pasado. Está pensado para la contaminación industrial», se queja Luis Cuena, experto en la materia en Ecologistas en Acción. «Nos gustaría saber cuántos ingresos hospitalarios se han registrado, por ejemplo en Valdecilla, por trastornos respiratorios», añade. «No es lógico que ahora que se dispone de datos en tiempo real –Santander tiene dos estaciones de medición, una en la calle Cádiz y otra en Tetuán– no se utilicen para informar a los ciudadanos cuando la calidad no es la mejor, aunque solo sea en momentos puntuales. No cuesta nada. Los datos ya están ahí», sentencia.

Aunque el Ayuntamiento no está obligado, en junio de 2017 comenzó la elaboración de un plan propio de actuación que remitió al Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) «para complementar a nivel local el del Gobierno regional». De esta forma podrá alertar cuando la polución sea elevada e incluso restringir el tráfico si fuera necesario como sucede en otras capitales.

Cuatro meses después de haber parado la construcción de las escolleras, un informe del Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) ponía patas arriba los bandos en torno a la polémica de los diques. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE),presentó un documento que advertía de que «si no se actúa, se dejará a los arenales en situación de inestabilidad» y que «la única posibilidad» para estabilizar las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikini pasaba por «finalizar la obra proyectada» que otro ministerio del mismo gobierno socialista había paralizado.

Los diques se empezaron en enero de 2018 y su construcción se paralizó en septiembre tras la presión de un colectivo (la plataforma Salvar La Magdalena, que reclama que se declare la ensenada «paisaje cultural») y la ya mencionada petición expresa del Parlamento de Cantabria –respaldada por todos los partidos políticos, salvo el PP– y que fue atendida por el Ministerio de Transición Ecológica, que fue quien acordó la suspensión «total e indefinida» de la obra. ¿Acierto o error? Los espigones siguen a la espera de que Madrid dé el siguiente paso. Y mientras el Gobierno regional ha pedido oficialmente la retirada del espigón y el Ayuntamiento la finalización de la obra. La problemática de las playas vacías de arena –la de siempre, la que provocó su construcción– puso la pasada semana sobre la mesa del Pleno municipal instar al Ministerio a rellenar de cara a Semana Santa. La moción se aprobó.