El Supremo absuelve a los cinco acusados por la quiebra de la constructora Socueva

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución que dictó en marzo la Audiencia de Cantabria a los cinco acusados por la quiebra de la constructora Socueva, entre los que se encontraban el expresidente de la CEOE-CEPYME de Cantabria , Miguel Mirones y su hermano Javier.

En una sentencia, dictada el pasado 25 de noviembre y a la que ha tenido acceso Efe, el Alto tribunal desestima todos los argumentos que plantearon la Fiscalía, la Tesorería General de la Seguridad Social y una empresa en su recurso a la resolución que firmó la Audiencia, por el que deberán pagar las costas.

Los hermanos Mirones estaban acusados de un delito societario, por el que la Fiscalía solicitaba un año de prisión mientras que Miguel Tausía se enfrentaba a cinco años de cárcel y los otros dos imputados, Miguel Martínez de La Hidalga e Inés Serna, a cuatro años, por insolvencia punible.

También reclamaba para los cinco procesados el pago de multas e indemnizaciones a los perjudicados por la quiebra que, según el fiscal, causó un quebranto de tres millones de euros a proveedores.

La constructora fue creada en 1997 con tres administradores mancomunados, los hermanos Javier y Miguel Mirones y Miguel Tausía, que fue incorporado a la sociedad como técnico en dirección de obras y que, cuando sus socios abandonaron la empresa, en 2001, se quedó al frente como administrador único.

Tras la salida de Javier Mirones, se elaboró un plan estratégico que se clasificó como "personal y confidencial" y se acordó una ampliación de capital de 2,3 millones de euros que no llegó a desembolsarse.

Una vez que Tausía pasó a ser administrador único firmó un contrato con la empresa Cota, cuya administrador era Martínez de La Hidalga, para que le prestara servicios de asesoramiento y control.

En septiembre de 2001 apoderó a Inés Serna, empleada de Cota, que firmó, en representación de Socueva , con Martínez de la Hidalga, una escritura de cesión de créditos, cuyo importe no se cobró.

En octubre Martínez de la Hidalga cambió el nombre de Cota por Adproin, empresa que se hizo cargo de dos contratos de obra inicialmente adjudicados a Socueva , cuya quiebra fue declarada fraudulenta en 2008.

La Audiencia admitió, en sentencia del pasado 6 de marzo, que los administradores de Socueva pudieron creer que si lograban superar la situación de falta de liquidez temporal por la ausencia de crédito, se podría asegurar la viabilidad de la empresa.

Consideró que el plan estratégico que elaboraron en 2001 puede ser calificado como "una verdadera refundación de la sociedad".

Los hermanos Mirones no sabían de la quiebra

Para el tribunal, no hubo constancia de que Miguel y Javier Mirones conociesen la situación de quiebra de la constructora y no les puede ser imputada la ausencia de contabilidad.

Y añadió la Audiencia que no existía "el más mínimo indicio" de que mediante el plan "se haya causado o agravado dolosamente la insolvencia que dio lugar a la declaración que quiebra".

Respecto a los otros tres acusados, señaló que no podía considerarse que se produjese un alzamiento de bienes y que no quedaba probado que la cesión de créditos tuviera otro objeto que "intentar pagar a determinados acreedores".

El Tribunal Supremo ratifica, en su resolución, el contenido de la sentencia de la Audiencia de Cantabria y, ante un argumento de los recurrentes, recuerda que no puede hacer una "nueva valoración del material probatorio relativo a la actitud de los recurridos".

Además, añade que, "en ningún caso" se puede reconsiderar unos hechos "sin oír de nuevo, con inmediación, las correspondientes manifestaciones de los reseñados, algo que, como es notorio, legalmente no cabe en esta instancia".