El presidente del Partido Popular de Cantabria y próximo jefe del Ejecutivo regional. / Foto: Celedonio
"No he visto nada que esté en el barco, así que no sé que se puede tirar por la borda". Es la respuesta que el futuro presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha dado esta mañana a las empresas que ganaron el concurso eólico de Cantabria, que temen que sus expectativas salten por los aires, tras su intención de anular el concurso eólico.
Diego ha pedido a los empresarios que reflexionen sobre el proceso iniciado por el "Gobierno de Revilla y Gorostiaga" en los últimos años en relación a este asunto. "Cuando hagan ese ejercicio, yo sabré algo más porque hasta ahora el gobierno se ha ocupado de esconder y ocultar todo ese futuro. El concurso eólico sólo ha generado inseguridad jurídica por parte del gobierno anterior".
Pero no se ha quedado ahí. El presidente electo ha hecho otra invitación a esas empresas: "La señora Gorotiaga me dijo que se iban a generar 53.000 puestos de trabajo en virtud de los resultados del concurso eólico, si los que se quejan me ponen encima de la mesa un documento, con plazos, fórmulas y 53.000 puestos de trabajo, adelante con el concurso. 52.900 no me valen", ha dicho.
Diego ha querido dejar claro que él no quiere frustar ninguna expectativa, pero necesita "tener certezas y darles a ellos certezas. He dicho y repito que en Cantabria se pondrá toda la energía eólica que se pueda, pero sólo la energía eólica que se pueda".
Preguntado por posibles reclamaciones judiciales por anular el concurso, Diego ha recordado que los responsables del Gobierno de Cantabria dijeron en el Parlamento que este concurso no generaba ningún derecho. "¿Mintieron en eso también? Pues si mintieron espero que alguien les pida responsabilidades, yo lo voy a hacer".
Anuncio polémico
Diego hizo estás declaraciones hoy en Torrelavega después de que ayer anunciará que iba a anular el concurso eólico de Cantabria, la gran apuesta industrial del Ejecutivo PRC-PSOE, porque lo considera «una chapuza jurídica en la que se percibe un fraude de ley», según señaló el propio presidente electo en una entrevista concedida a la agencia EFE. El concurso eólico ya había adjudicado a siete consorcios de empresas, entre las que se encuentran grandes firmas nacionales e internacionales, el desarrollo de parques eólicos en siete zonas de Cantabria, con el compromiso de que, como contrapartida, se comprometieran a desarrollar proyectos industriales y tecnológicos concretos en la comunidad autónoma. Estas empresas, que ya habían realizado un depósito, tenían previsto realizar una inversión de 2.000 millones de euros en la región y crear alrededor de 4.200 puestos de trabajo, según los cálculos del Gobierno PRC-PSOE.
El presidente de los 'populares' cántabros tomará la decisión de anularlo amparado en el Plan Energético regional, que sólo contempla la adjudicación de una potencia de 300 megavatios y no los 1.336 que finalmente se asignaron. El concurso, del que salieron ganadoras esos siete consorcios de empresas adjudicatarias, «vulnera absolutamente» el Plan también en el número de zonas admitidas para levantar aerogeneradores -siete frente a tres-.
Las críticas del PP al proyecto del Gobierno de la pasada legislatura fueron constantes durante los últimos años, y se ratificaron cuando el Defensor del Pueblo advirtió al Gobierno de Cantabria de que estaba siguiendo «el camino inverso al que dicta la lógica» al repartir primero las zonas eólicas para después reformar su Plan Energético, y también le avisó de que su modo de actuar podía suponer «un fraude a la Ley 9/2006» sobre evaluación de impacto ambiental.
En declaraciones a este periódico, Diego definió el concurso eólico como «el ejemplo más palmario de la ineptitud, la incapacidad y el desastre de los últimos ocho años de gobierno». «Revilla y Gorostiaga han transmitido a los cántabros que el futuro del cambio de modelo económico en Cantabria estaba en ese proyecto. Pero no había plan eólico, sólo un plan energético y ellos sacaron un concurso que lo vulneraba», dijo.
El Gobierno de Cantabria se vio obligado a paralizar la tramitación de las declaraciones ambientales de todos los parques eólicos programados por carecer, precisamente, de un nuevo Plan Energético que diese cobertura legal a los mismos. La decisión de frenar el desarrollo del Plan se adoptó sobre la base de un informe de los Servicios Jurídicos del propio Ejecutivo regional, en el que se subrayó que todavía está en vigor el antiguo Plan que sólo contempla la adjudicación de una potencia de 300 megavatios, por lo que los proyectos para los que se reclamaron informes ambientales carecían de amparo legal.
El Gobierno comenzó a redactar entonces un nuevo Plan Energético que fijara el desarrollo de la energía renovable hasta 2020, y lo sometió a información pública pocos días antes de las elecciones. En cualquier caso, la nueva normativa energética no podrá ser aprobada hasta la constitución del nuevo Parlamento.
Para Diego, estos últimos procesos del Gobierno para aprobar un nuevo documento fueron «un esperpento». «Cuando se presentaron con los papeles debajo del brazo diciendo que tenían un nuevo Plan fue de un ridículo sonrojante. Hicieron el indio e incurrieron en una indignidad política».
Como en Galicia
«Esto no se puede hacer con empresarios de la entidad de aquellos que han concurrido al concurso eólico. No se puede hacer con Cantabria, porque es hacer que la región esté permanentemente en el equilibrio inestable en que está, en el sometimiento a la inseguridad jurídica», señaló Diego, que ya hace unos meses apuntó la posibilidad de anular el concurso si accedía al Gobierno para convocar otro, como hizo en Galicia Alberto Núñez
Preguntado sobre si la anulación del concurso no abrirá una espiral de demandas de las empresas que se sientan perjudicadas, el próximo presidente de Cantabria anunció que, si es así, pedirá a los Servicios Jurídicos que exijan responsabilidades penales a quienes defendieron en el Parlamento que eso no podía ocurrir. «Esos que han ido al Parlamento a decir que no se estaba generando ningún derecho, esos deberán ser responsables de los perjuicios que se pueda crear a Cantabria», añadió.
