La UCO encuentra un pendrive del Gobierno de Cantabria en casa de un constructor del 'caso Ábalos'
Los agentes hallaron el dispositivo de la Consejería de Obras Públicas en la vivienda del empresario valenciano José Ruz, acusado de pagar mordidas a cambio del amaño de obra pública
La investigación de los casos de corrupción en el PSOE ha terminado por salpicar a Cantabria. La Guardia Civil ha encontrado un pendrive azul serigrafiado ... con el rótulo 'Gobierno de Cantabria. Consejería de Obras Pública y Vivienda' durante el registro del domicilio del constructor valenciano José Ruz, uno de los principales integrantes de la trama del 'caso Ábalos'. Lo que todavía no está claro es lo que hay exactamente dentro del dispositivo, ya que en el informe de la UCO, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, no especifica la documentación almacenada. Solo se detalla que se encontraba en la última planta del inmueble junto a varios pendrive más, un Macbook Air y diversos teléfonos móviles. En cualquier caso, el pendrive correspondería a la pasada legislatura, ya que la Consejería cambió el nombre a Fomento cuando el PP ganó las elecciones y llegó a Peña Herbosa. El hallazgo de este dispositivo coincide con la investigación del 'caso Carreteras' en Cantabria, aunque de momento no existen indicios de alguna vinculación entre ambas.
Ruz está acusado de pagar mordidas a cambio del amaño de obra pública y es el socio minoritario de Levantina Ingeniería, una constructora que, según el sumario, pagó 2.600 euros mensuales entre diciembre de 2022 y junio de 2023 a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Durante el registro de la empresa, la Guardia Civil se llevó numerosa documentación de obras de emergencia de ADIF en Asturias, de carreteras de Teruel, Dos Hermanas (Sevilla) y la autovía del Puerto de Melilla.
Precisamente, hay una obra en Cantabria que ADIF encargó a Levantina Ingeniería: la mejora del viaducto de Raos, la infraestructura con la que la línea ferroviaria Bilbao-Santander sortea la ría, la autovía y las marismas de Alday. La empresa pública le adjudicó la obra a José Ruz en junio de 2023 por 2,1 millones de euros. En ese momento, la ministra de Transportes era Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos en el cargo y actualmente presidenta de los Paradores nacionales.
Al concurso de adjudicación de esa obra se presentaron ocho empresas. Levantina obtuvo la segunda mejor puntuación, solo superada por Seranco. Sin embargo, su oferta fue señalada como baja temeraria, sus justificaciones no fueron aceptadas y se la dejó fuera del concurso, por lo que la adjudicación fue para la empresa de José Ruz.
No es la primera vez que el nombre de Cantabria aparece vinculado a los casos de corrupción del PSOE del último año. Además de la aparición de Leire Díez como 'fontanera' del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, las obras de la autovía A-67 en el nudo de Torrelavega y la ampliación del tercer carril entre Polanco y Santander aparecen en la lista de mordidas del exministro José Luis Ábalos, según la documentación presentada en el Tribunal Supremo por el comisionista Víctor de Aldama. También está imputada en una de las causas Isabel Pardo de Vera, destituida como presidenta de ADIF cuando saltó el escándalo de los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias que no entraban en los túneles.
Fue a finales del año pasado cuando Aldama presentó a los jueces un escrito de 37 folios en el que detallaba los contratos amañados en los que Ábalos habría cobrado una comisión. En total, 128 obras con un importe total de 54 millones de euros en autovías repartidas por toda España durante los tres años que el exministro estuvo en el Gobierno, entre 2018 y 2021. También llegó a afirmar, sin aportar pruebas en ese momento, que había pagado comisiones de miles de euros para políticos como Santos Cerdán.
Entre las páginas de ese informe aparece una copia de los Presupuestos Generales del Estado en los que se registran las obras adjudicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a las constructoras ligadas a la trama a cambio de comisiones. En el caso de Cantabria, aparece remarcado en subrayador rosa el apartado 'A-67, Autovía con la Meseta'. Dentro de ese capítulo, también se destacó la obra del tercer carril entre Polanco y Santander, con un coste de 124 millones de euros a pagar entre 2021 y 2025. Sin embargo, este proyecto sufrió numerosos retrasos, y no fue hasta diciembre de 2023, ya con Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, cuando se adjudicó la ampliación de esos 13 kilómetros a la UTE formada por Grupo San José y Aceinsa. Y lo hizo con un sobrecoste considerable respecto a la cifra inicial: 173 millones de euros.
Respecto a la obra del nudo de Torrelavega, que une Barreda con Sierrapando, aparece remarcada a bolígrafo con un círculo, junto a una anotación manuscrita ilegible. También se redondearon a mano los 17 millones y los 40 millones que correspondían pagar al Estado en 2022 y 2023 por esos trabajos. En total, esta ampliación de la autovía se presupuestó en 118 millones en 2018, pero los continuos retrasos que han llevado a duplicar el tiempo de construcción, elevaron esa cifra hasta los 125 millones, adjudicados a la UTE formada por ACS y SIEC. Según Aldama, muchas de las sociedades constructoras que resultaron adjudicatarias de obra pública mantuvieron relaciones comerciales con él.
Después de que El Diario Montañés publicara esta información, en diciembre de 2024, las dos empresas adjudicatarias de las obras del nudo de Torrelavega rechazaron «categóricamente» haber participado en la trama corrupta. Tanto ACS como SIEC recordaron que la adjudicación del nudo de Torrelavega se produjo en mayo de 2018, cuando todavía estaba Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. «Rechazamos cualquier insinuación de haber participado en tramas relacionadas con el cobro de comisiones ilegales. Ningún miembro de Vías ha tenido relación alguna con los hechos mencionados durante la ejecución de las obras», señalaron desde ACS.
Fichaje de Florentino
Precisamente, la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fichó este mismo año como asesora a Isabel Pardo de Vera, acusada de tráfico de influencias y malversación en la causa instruida en la Audiencia Nacional por la contratación en dos empresas públicas de Jésica, expareja de Ábalos. Esta dirigente socialista fue presidenta de ADIF hasta 2021, cuando saltó el escándalo de los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias que no cabían en los túneles.
Jacobo Pombo, único cántabro en los papeles de la trama
«Me han hundido la vida en solo veinte minutos. Profesionalmente no sé qué va a ser de mí. La reputación siempre ha sido lo más importante y me la han reventado». Así de consternado se mostraba el cántabro Jacobo Pombo hace un año, después de que el juez Ismael Moreno lo señalara en su auto como uno de los principales intermediarios del 'caso Koldo' , la trama del presunto cobro de comisiones irregulares en los contratos de mascarillas durante la pandemia. De momento, Pombo es el único cántabro que aparece en alguno de los documentos de las diferentes investigaciones de los casos de corrupción en el PSOE.
Conocido en Santander por los lazos familiares de su apellido, Jacobo Pombo sí reconoció en su momento conocer a Ábalos y Koldo, pero no en los términos que dice el auto judicial: «Evidentemente tengo relación con ellos, pero no comercial. Mi contacto con el exministro ha sido para invitarle como conferenciante a Santander. Nada más». Sin embargo, la Guardia Civil señaló al cántabro como un habitual de las comidas que Koldo y Ábalos celebraban en la marisquería La Chalana de Madrid.
En la investigación policial también constan movimientos de dinero de Pombo al exjefe de gabinete de Fomento realizados desde la cuenta de la empresa del primero. Y en enero de este año, ambos viajaron juntos a México y Perú. Además, era habitual ver tanto a Ábalos, como a su hijo Víctor y a Koldo García, cenar en restaurantes de Puertochico durante los veranos, coincidiendo con la celebración del evento.
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