Las 23 razones por las que Cantabria se pone colorada

El Palacio de Condestable de Colindres, del siglo XIV, en total abandono/
El Palacio de Condestable de Colindres, del siglo XIV, en total abandono

La Escuelas de Terán son las últimas en entrar en la 'Lista roja' de la asociación Hispania Nostra, que advierte de la ruina de una veintena de casonas, iglesias o torreones de la región por la dejadez pública y privada

MARTA SAN MIGUELSantander

La 'Lista Roja' es como una galería de los horrores pero aplicado al Patrimonio, esto es, a nuestra herencia. Nuevamente la realidad se enfrenta a una ley, la de Patrimonio Histórico, y a una obligación, la de cuidar los bienes materiales, que no acaban de entenderse ni por la vía de la vergüenza social. Si no, cómo es posible que se caigan a pedazos monumentos como el Palacio de Condestable (siglo XIV), la Casa de Pico de Velasco o de los Godos (siglo XVII) la Puebla Vieja de Laredo o el Palacio de los Acebedo (siglo XVII). Estos ejemplos son solo algunos de los 23 motivos por los que Cantabria se pone (o debería ponerse) colorada según denuncia la asociación Hispania Nostra, encargada de elaborar esa lista. Y aunque no es la única comunidad autónoma presente, ni mucho menos, la realidad es que el patrimonio y su valor se están cayendo a pedazos.

Hispania Nostra lleva desde 1976 poniendo luces de alarma sobre el patrimonio español. Y en el caso de Cantabria sus llamamientos no han cesado desde que en 2007 iniciara la enumeración de tropelías. El último monumento en entrar han sido las Escuelas de Terán, en Cabuérniga, en manos privadas y víctimas del tiempo. Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra, advierte de que la lista no es un ranking ni una denuncia sino "una llamada de atención para que la sociedad se dé cuenta de que está a punto de perderse para siempre un bien patrimonional y, por tanto, para que presione y evite que eso suceda". ¿Y surte efecto? Lo cierto es que desde que se elabora este curioso mapa de la dejadez han salido de la deshonrosa lista 91 monumentos "porque se han intervenido en ellos", aunque solo uno de Cantabria: la torre de Ruerrero.

Lo que interesa es saber quién tiene la última palabra para que el pasado no desaparezca bajo la maleza ya que aunque muchos de estos edificios son de titularidad privada, lo cierto es que es la Administración la que debe velar porque la legislación se cumpla. "El dueño está obligado a mantener sus propiedades pero el responsable último de que lo haga es la Administración y las autoridades culturales, que deben velar porque el propietario cumpla con su deber mediante multa o apercibimiento". Si este sigue sin hacerlo, otra vía es que la Administración ejecute la obra de recuperación y 'pasarle la cuenta' al propietario. La última vía sería iniciar la expropiación.

La Ley de Patrimonio de Cantabria no es más laxa que las redactadas en otras comunidades autónomas, "están cortadas por el mismo patrón", dice Morenés, que deja claro que el problema no es legal sino de intencionalidad.

La legislación cántabra cierra filas en torno a la protección de los Conjuntos Históricos, la salvaguarda estética de los entornos rurales y el mantenimiento de los bienes históricos con la creación de figuras que los protejan, pero falta una severa ejecución y un seguimiento que vigile el cumplimiento de dichas leyes para evitar casos como el del Palacio de Ceballos, en Argomilla de Cayón (siglo XVII), que se utiliza como cuadra y aparcamiento a pesar de contar con protección legislativa (Bien Interés Cultural en 2002).

Cada vez menos presupuesto

El Patrimonio ha sido hasta ahora presa de la desidia, pero su futuro se enfrenta a un nuevo enemigo: el olvido al que lo ha confinado la crisis y su aritmética económica. Si en 2012 el Gobierno de Cantabria destinó 3.367.074 millones de euros al Patrimonio Cultural, para 2013 la partida del mismo capítulo se vio reducida prácticamente a la mitad, 1.734.017 euros. Para el presente ejercicio en 2016, el capítulo se lleva 1.174.892 euros. Si se trata de echar cuentas, las piedras de sillería en Cantabria cada vez suman menos.

Desde el punto de vista de la Administración el estado del Patrimonio es una cuestión económica porque no tienen presupuesto suficiente para cuidar de todo el patrimonio español, admite Morenés, que a su juicio lo que hacen es "priorizar" con criterios de rentabilidad electoral: "Es la sensación desde la sociedad civil y de los que luchamos por el patrimonio: salvo casos de momumentos importantes, lo que se impone es esa rentabilidad, restaurar un edificio que puede ser BIC (Bien de Interés Cultural) en el centro de una ciudad y no un monasterio perdido en los montes".

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