Los jueces pisan el acelerador de los derribos y apremian a las administraciones
Dan un mes al Gobierno y al Ayuntamiento de Argoños para que presenten el proyecto de demolición de tres urbanizaciones y garanticen el pago de las viviendas
consuelo de la peña
Lunes, 8 de agosto 2016, 08:20
El conflicto de los derribos, uno de los asuntos más graves que arrastran los sucesivos gobiernos, abandona su enquistamiento. Durante dos décadas, legislatura a legislatura, el Ejecutivo y el Parlamento cántabro han tratado de dar solución al problema con iniciativas más o menos imaginativas pero que, a la postre, fueron tumbadas por inconstitucionales. En Cantabria hay 621 viviendas con sentencia de derribo, y de ellas 449 podrían ser legalizables con los nuevos planeamientos urbanísticos, en fase de aprobación. Pero, mientras las administraciones municipales y autonómica diseñan esas herramientas, los jueces pisan el acelerador de las demoliciones y apremian a ayuntamientos y Gobierno a fijar plazos, calcular y garantizar los daños a los propietarios, los llamados terceros de buena fe, y presentar los proyectos técnicos para tirar los edificios.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la encargada de ejecutar estas sentencias, ha dictado los tres primeros autos que aprietan el paso de las demoliciones. Los tres se circunscriben al municipio de Argoños, que registra la situación más grave con diferencia, no sólo porque reúne la mayor parte de las viviendas amenazadas por la piqueta (255 propiedades), sino porque su ayuntamiento se encuentra en quiebra y no puede hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus ilegalidades.
En los tres casos, los jueces impulsan el proceso acompasando los tiempos entre la prestación de garantías para que los afectados cobren y la ejecución del fallo, a pesar de que se trata de urbanizaciones legalizables en el nuevo planeamiento urbanístico, aprobado inicialmente. Los autos, dictados a finales de julio, se refieren a la urbanización La Llana II, con ocho viviendas unifamiliares; a la denominada La Llana I, con 91 chalés, y al Pueblo del Mar I, que suma 78 casas.
Las tres resoluciones inciden en lo mismo. Por un lado, requieren al Ayuntamiento para que en un plazo de 30 días aporte a la Sala las escrituras de compra venta de los propietarios a fin de cifrar el valor de las viviendas. El tribunal establece que la cantidad final se fijará añadiendo un 30% al precio de adquisición. Una vez concretadas las cuantías, los jueces requerirán personalmente al interventor del Ayuntamiento para que en el plazo de tres meses consigne el crédito correspondiente para avalar las indemnizaciones. De no hacerlo, los jueces advierten al funcionario de que incurrirá en desobediencia y podrá ser multado. No obstante, el tribunal deja claro en sus resoluciones que el precio fijado no es definitivo, y sólo sirve para cuantificar las garantías prestadas, sin perjuicio de que los propietarios reclamen otras cantidades una vez se tiren las casas.
Pero la Sala es consciente de que Argoños es un ayuntamiento en quiebra y de que su patrimonio municipal está embargado. Por eso, establece que, si las sumas fijadas exceden de sus posibilidades reales, presupuestarias y financieras, «acuda a la tutela financiera» de la Administración autonómica en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Eso significa que si Argoños no responde, como es más que previsible dado el estado exánime de sus arcas municipales, será la comunidad autónoma quien lo haga, aunque en algunos casos, como las ocho viviendas de La Llana, el único condenado por el fiasco urbanístico es el Ayuntamiento y no hay responsabilidad solidaria. Esto es así porque en la anterior legislatura el Ejecutivo se personó como «colaborador responsable de la ejecución», asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo la demolición en caso de que Argoños no pudiera hacerlo.
Al mismo tiempo, el tribunal requiere al Gobierno para que en el mismo plazo de 30 días entregue el proyecto técnico de demolición de las viviendas. El plazo comenzará a contar a partir de septiembre ya que agosto es inhábil. De este modo, la Sala de lo Contencioso Administrativo continúa con la ejecución de las sentencias al tiempo que da cumplimiento a la prestación de garantías previas para afrontar las indemnizaciones. Es la forma en la que los jueces han interpretado la modificación legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en vigor desde octubre, que obliga a los tribunales a exigir a las administraciones responsables del desatino urbanístico «garantías económicas suficientes» para indemnizar a los propietarios de buena fe antes de proceder a la demolición de lo ilegalmente construido. El artículo en cuestión, el ya famoso 108.3, suponía un blindaje para las urbanizaciones ilegales ya que sin dinero por delante es imposible tirar nada.
Recurso del Gobierno
Pero lo que no ha conseguido la reforma legislativa es suspender las ejecuciones hasta que las administraciones quieran, como el Gobierno pretendía. Prueba de ello son estos autos, en los que la Sala es la que marca el paso del proceso y aprieta las tuercas al Ejecutivo y ayuntamientos para que cumplan.
El director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, ha señalado a este periódico que el Gobierno va a recurrir las tres resoluciones judiciales ante la propia Sala, con lo que ganará unos meses de margen pero poco más. González subraya que las tres urbanizaciones que se sitúan más al borde del derribo serían legalizables con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente. Pero este planeamiento depende del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Santoña, Victoria y Joyel, que redacta la Consejería del Medio Natural y cuya aprobación esta prevista para septiembre. «Dependiendo de por donde vaya la delimitación habrá unas viviendas legalizables y otras no, por eso estamos expectantes», subraya el responsable de Urbanismo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Argoños se ha dirigido ya a los propietarios para recabar las escrituras que exige el tribunal y presentarlas, según comenta su alcalde Juan José Barruetabeña (PP), que admite que el Consistorio no tiene fondos. Hasta tal punto carece de dinero que ha solicitado al Gobierno que le dé 450.000 euros para pagar los daños morales a los propietarios de más de 50 viviendas, en las que el Ayuntamiento fue condenado en solitario por dar una licencia ilegal, una solicitud que «está estudiando» la Dirección Jurídica del Ejecutivo.
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