Cantabria revisará el contrato de las agujas de insulina ante las quejas de los diabéticos

El pleno del Parlamento salió este lunes en defensa de los cerca de 13.000 diabéticos cántabros que tienen que inyectarse insulina de cuatro a seis veces al día, al apoyar por unanimidad la proposición no de ley presentada por el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, para evaluar la posible disolución el contrato con la empresa suministradora de agujas y la convocatoria de un nuevo concurso. Una iniciativa surgida a raíz de las quejas transmitidas a través de la Asociación Cántabra de Diabéticos, que en declaraciones a este periódico en el mes de noviembre denunció que el material es "de mala calidad" y "la gente se queja de que las nuevas agujas hacen daño". Su presidente, Aureliano Ruiz, había advertido a la Consejería de Sanidad de que esta problemática iba a llegar, como había ocurrido ya en otras comunidades (Castilla y León, Cataluña, Valencia), donde "se habían introducido las famosas pic".

El Grupo de Ciudadanos decidió llevar al Parlamento esta reivindicación, advirtiendo en su intervención del "perjuicio que puede causar la Administración cuando se piensa en el ahorro en lugar de en el bienestar de los pacientes". El último concurso público fue adjudicado en enero, aunque las protestas de los pacientes empezaron a surgir a medida que se iba agotando el stock de las antiguas agujas y se empezaban a proporcionar las nuevas. Como lamentó Rubén Gómez, "las que se dispensan ahora en los centros de salud son de baja calidad, se rompen, producen hematomas y los pacientes no tienen la certeza de administrarse la dosis de insulina que necesitan. Cantabria ha pasado de ser un ejemplo de buenas prácticas en la atención a la diabetes a situarse en el vagón de cola por cuatro duros".

La adjudicación se la disputaron dos empresas -otras dos fueron descartadas durante el proceso-, pero "la que obtuvo la mayor puntuación en la parte económica (la más barata) no era la más valorada en los aspectos técnicos". Aunque al cifrar la diferencia, añade, "el ridículo se vuelve bochornoso, pues hablamos de 3.000 euros de ahorro del gasto total. Si las agujas que había hasta entonces costaban 0,045 euros la unidad, las nuevas suponen 0,042". Eso sin contar, apunta el portavoz de Ciudadanos, que "se fomenta que los pacientes conserven las agujas antiguas y las reutilicen, poniendo en serio riesgo su salud". Por todo ello, pidió que se valorara la rescisión de esta adjudicación, que afecta a uno de los 25 lotes incluidos en el contrato de compra centralizada del Servicio Cántabro de Salud (SCS), y que en los pliegos del próximo prime la valoración técnica y la opinión de los pacientes sobre la oferta económica.

Tras la exposición de Ciudadanos, todos los grupos parlamentarios expusieron sus argumentos para votar a favor. Desde Podemos, Verónica Ordóñez advirtió de las consecuencias que conlleva no tratar adecuadamente a los pacientes con diabetes, ya que "aumenta la carga de la enfermedad, tanto a nivel asistencial como social (dependencia)". Sobre las agujas, señaló que "la comparación que hacen los enfermos es como si hubieran pasado de conducir un Mercedes a un Seat 600", lo que está dando lugar a "dramas familiares, con niños que se niegan a pincharse porque no soportan el dolor".

El portavoz del Grupo Socialista, Víctor Casal, defendió "la correcta adjudicación", según los criterios técnicos y económicos establecidos en el concurso, y reconoció que el SCS ha habilitado una vía de respuesta para aquellos pacientes que han solicitado un cambio de agujas (24 en total). Una "falsa solución, injusta y discriminatoria, que quiebra la equidad del sistema", a juicio de la portavoz del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, que opinó que esta medida es "un reconocimiento explícito de que el SCS es incapaz de velar por el seguimiento del contrato, lo que evidencia un gravísimo problema de gestión". En su turno de palabra, admitió que la preparación técnica del contrato se hizo durante la legislatura popular, como apuntó previamente la parlamentaria regionalista Rosa Valdés, pero recordó que "fue María Luisa Real (actual consejera socialista) la que convocó el concurso en julio de 2015, quien lo adjudicó y quien tiene la responsabilidad de comprobar si les han dado gato por liebre".

La proposición no de ley aprobada apuesta además por el fomento del uso de nuevas tecnologías en el ámbito de los tratamientos, con prioridad en la inversión a los pacientes más jóvenes, y pide el aumento del número de cursos de buenas prácticas tanto a la hora de inyectarse la insulina como en la no reutilización de las agujas.