Cantabria aprovechará la 'desescalada' de la Justicia para su modernización

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha anunciado que el plan de 'desescalada' para el ámbito judicial en la región contempla tanto medidas de seguridad y de personal como de impulso tecnológico y procesal, un proyecto que requerirá mayores inversiones y que propiciará una modernización de la Justicia en su vuelta a la normalidad tras el parón provocado por el coronavirus. Con este mismo objetivo, adelantó la ejecución del plan de reordenación de sedes judiciales en Santander, que habilitará nuevos espacios en el Complejo Judicial de Las Salesas. Lo dijo durante su intervención en una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados de Cantabria en torno al tema de la reactivación de la Justicia.

Este encuentro, celebrado por videoconferencia, también contó con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, y de la secretaria de su Sala de Gobierno, María Socorro García; de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, y los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Díez. Todos ellos apostaron por reforzar la coordinación que han desplegado durante el estado de alarma en su vuelta a la actividad presencial, previsiblemente el próximo día 9 de junio, ante el posible incremento de asuntos tras más de dos meses y medio de paralización.

Paula Fernández destacó los avances de Cantabria en el expediente judicial y las comunicaciones electrónicas, lo que ha permitido celebrar vistas telemáticas y deliberaciones por videollamada durante el estado de alarma. El objetivo ahora es mantener la inversión en este ámbito para extender el teletrabajo en el ámbito judicial entre todos los colectivos, y generalizar los juicios telemáticos en cuestiones más complejas y centralizar la grabación de las salas de vista.

Se trata, según explicó, de un proyecto ya previsto por el Gobierno regional y que ahora se adelanta para incluir las grabaciones en el propio expediente judicial electrónico, facilitando así el trabajo y evitando desplazamientos a los juzgados.

A esos gastos se sumarán los derivados de la adquisición de medios de protección para los empleados públicos, otros de protección colectiva, la adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones laborales y la reorganización de las sedes judiciales, a lo que se añadirá el duplicar los gastos de limpieza y seguridad cuando se avance en el despliegue de plan de desescalada.

La consejera también se refirió a la necesidad de impulsar cambios en el ámbito procesal con el fomento de la mediación, la reforma de las leyes para dar cobertura y la normalización del uso de la videoconferencia.

Respecto a la creación de 'juzgados Covid' ante la posible entrada de asuntos relacionados con el coronavirus, una idea del Ministerio que «aún no está madura», Fernández se mostró más partidaria de aumentar la capacidad de movilidad del personal de la Administración de Justicia para reforzar los juzgados que lo precisen.

Durante el estado de alarma se ha mantenido cierta actividad judicial en Cantabria, que ha permitido avanzar algunos asuntos, pero se prevé un aumento de los casos que pueden provocar un atasco de la Justicia. Ante esta situación, la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, se mostró a favor de una «agilización judicial», en la que tendrían protagonismo el impulso a la conformidad y de la mediación. La decana de los procuradores, Rosaura Díez, en cambio, advirtió del riesgo de «adelgazar la Justicia» derivando asuntos a la mediación, cuando esta, si es buena «puede llegar a ser más cara».

En vez de buscar «soluciones imaginativas», la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, defendió que lo que hace falta es «una ayuda presupuestaria». En su opinión, la pandemia de coronavirus ha dejado claro que la Justicia «arrastra toda una serie de carencias» que no solo le ha impedido prestar sus servicios durante el estado de alarma, sino que «probablemente no esté preparada para amortiguar el impacto de la suspensión y para poder recuperar su funcionalidad en plazos razonables». También criticó esas «carencias» la decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Díez. «No se puede entender que la Justicia haya estado parada durante estos tres meses».

Por su parte, el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, apuntó las posibilidades derivadas de las mejoras tecnológicas, como llevar a cabo actuaciones y trámites judiciales a través de videoconferencias, aunque siempre como una «vía subsidiaria», según puntualizó. También Pilar Jiménez llamó la atención sobre las «dificultades de aplicación» de los juicios telemáticos, por su «escasa regulación» y alabó la «prudencia» del Consejo General del Poder Judicial que en una guía sobre esa posibilidad apuesta por su uso «siempre que haya un consenso entre las partes».

A juicio de la fiscal superior, el futuro pasa por el teletrabajo y por una «regulación rigurosa y garantista» de las actuaciones telemáticas, un concepto que coincide con la visión que trasladó el decano del Colegio de Abogados, Andrés de Diego, quien cree que, de no hacerse así, se podría afectar a los derechos de algunas de las partes.

Ante la posible avalancha de casos, sobre la que aún no hay datos, como reconoció López del Moral, expresó su «decidida voluntad» de poner todos los recursos a disposición, aunque estos «son limitados», para resolver el problema. De momento, recordó que se van a habilitar juicios y vistas de mañana y de tarde, para intentar «al menos no reducir» su número, a pesar de la «dificultad» que representa, en ese sentido, la disminución de los aforos.

Respecto a la polémica por la habilitación de agosto como mes hábil, Pilar Jiménez dudó de que la medida «vaya a resolver los problemas de la Justicia», algo que, según la representante de los letrados de la Administración de Justicia «va a obligar a un número elevado de letrados y funcionarios a trabajar en agosto», complicando el encaje «con las vacaciones de abogados y procuradores».

La consejera precisó que la decisión sobre el mes de agosto la tomó el Ministerio y que Cantabria hizo propuestas alternativas que no se tuvieron en cuenta.