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El 1 de enero de 2024, hace ya año y medio, entró en vigor la nueva regulación urbanística de Cantabria. La modificación de la Ley ... del Suelo sirvió para consagrar la construcción de viviendas unifamiliares en terreno rústico. La norma del PP modificó el régimen del bipartito, que de manera progresiva se encaminaba hacia la prohibición total de este tipo de inmuebles en los municipios de más tamaño y añadía condiciones más restrictivas en el resto. Con independencia de los argumentos de defensores de la norma -los que creen que generará una reactivación económica, sobre todo en las zonas rurales- y los de sus retractores -los creen que acabará con suelos productivos para la actividad primaria y que beneficiará principalmente a turistas en busca de una segunda vivienda-, lo que ha provocado la ley es un aumento del número de solicitudes. Cabía esperar que pasaría. No es que se haya colapsado la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el organismo encargado de determinar si los expedientes cumplen o no los requisitos, pero sí hay un incremento claro.
A la consecuencia lógica se añaden otras secundarias. Algunas, también esperadas como el incremento de las ventas de fincas rústicas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2024 las transacciones de este tipo de terrenos se dispararon un 24%, mientras que las ventas de suelos urbanos continuaron estables. Es decir, que la modificación de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo de Buruaga, aparentemente, no solo sirvió para que los propietarios de fincas pudieran construir una vivienda en el pueblo, también para que terceros se animaran a hacerse con un terreno sobre el que levantar una casa.
24.687 euros
fue el precio medio de las fincas rústicas que se vendieron el año pasado, frente a los 22.080 del año anterior.
118.388 euros
fue el precio medio de las fincas urbanas que se vendieron el año pasado, frente a los 133.745 del año anterior.
En cifras absolutas, entre enero y diciembre del año pasado se produjeron 3.186 compraventas, frente a las 2.560 de los doce meses previos. El dato es el más alto de la serie histórica que arranca en 2011, el mayor salto desde ese año en Cantabria y también mucho más elevado que la media nacional. Eso no quiere decir que todas estas fincas se adquirieran con la intención de levantar una casa a corto plazo o con vistas a una inversión futura. Ni siquiera que todas ellas reúnan las condiciones para hacerlo. En ese paquete también están las destinadas a usos agrarios o ganaderos. Pero la tendencia está ahí.
«Ha habido un incremento muy notable de las ventas de fincas y de los expedientes que entran en la Crotu en los últimos años, aunque la Ley del Suelo es muy reciente para ser responsable exclusiva de esa evolución. Las dinámicas no suelen cambiar de un día para otro», entiende Román San Emeterio, decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria. Es decir, que la modificación de la norma ha influido, pero quizás más otros aspectos como la 'moda' de veranear -en casa propia- en la comunidad autónoma o el éxodo de la ciudad a los pueblos que arrancó tras la pandemia. «Va todo unido. Influye todo. No es que las personas que quieren hacerse una casa vengan buscando un suelo rústico compatible con la ley, es que no hay otra cosa. Suelos urbanos, apenas hay», añade Agustín Martínez, responsable de la inmobiliaria Activa Norte, con gran presencia en las zonas rurales de la comunidad autónoma.
De hecho, Martínez considera que el nuevo marco legal no es tan distinto al anterior. Es más, dificulta la segregación de los praos. Las condiciones para construir en rústico se relajan, pero a cambio hay otras restricciones. «Antes, un terreno rústico de 8.000 metros se podía dividir en cuatro de 2.000 e ir vendiéndolo. Ahora ya no», subraya.
Ambos coinciden en que el perfil de los compradores -los que van a las inmobiliarias en busca de terrenos rústicos construibles y los que llaman a los despachos de los arquitectos para que les realicen los proyectos- es mayoritariamente de personas que buscan una segunda vivienda. Frente a los que defendían que la Ley del Suelo serviría para asentar población en las zonas rurales, los expertos confirman que los vecinos de comunidades limítrofes y los madrileños son mayoría. Incluso los extranjeros. Más allá del 'boom' inmobiliario y del suelo que desde hace cosa de un año se vive en San Sebastián de Garabandal -la atracción por las apariciones marianas ha vuelto ha pegar fuerte en América-, también esa tendencia se ve en otras zonas de la comunidad autónoma.
Más previsible aún que el efecto de la Ley del Suelo sobre el incremento de ventas de fincas rústicas es el aumento de sus precios. Puro juego de oferta y demanda. «Ya no tienen precio de rústico. La explicación es fácil: la elevada demanda. Se ha incrementado mucho por las elevadas expectativas de compra», resume San Emeterio. Según los datos del Consejo General del Notariado, los precios de las fincas rústicas por metro cuadrado subieron en Cantabira en 2024 un 15%. El precio medio de todos los suelos rústicos vendidos alcanzó los 24.687 euros (+2.600 respecto al año anterior). Está aún lejos del precio medio de las fincas urbanas -fue de 118.388 euros, frente a los 133.745 de 2023- y tiene el sentido del mundo. En estas segundas no solo se pueden hacer viviendas unifamiliares, también bloques o urbanizaciones, que comercialmente dan más beneficio. El problema es que apenas hay fincas urbanas.
Y aun así, «suele ser más barato» hacer una casa de cero que restaurar una vieja en un pueblo, «sobre todo si hay que preservar algún aspecto patrimonial».
En relación al precio, el decano de los constructores apunta una consecuencia más de la dinámica alcista de la venta de suelo rústico. En este caso, claramente negativa. Las dificultades que se encuentran las personas que quieren ampliar o poner en marcha un negocio agropecuario en los pueblos. Los suelos rústicos, antes reservadas para ellos, ahora se utilizan para construir. Esa competencia está encareciendo el terreno hasta el punto de no hacer viable la actividad.
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