Cantabria registró en 2024 su máximo histórico de okupación con 102 denuncias

Sin ir más lejos, Cantabria registró el año pasado 102 casos de usurpación o allanamiento de moradas (según los datos recabados por el Ministerio del Interior) la cifra más alta de los últimos 15 años (desde que hay registros). Ese dato corresponde a los casos que se han denunciado, aunque tanto el Gobierno de Cantabria como la plataformas antiokupas apuntan que la cifra es mucho más alta. «El año pasado se denunciaron 16.426 casos de okupación en España, pero calculamos que hay más de 80.000 afectados», advierte Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación.

Para llegar a esa cifra, Bravo hace referencia a que en España hay cerca de cien empresas de desokupación que no utilizan la vía penal. «El 30% de los afectados que tenemos no han denunciado». «Además, habría que tener en cuenta los casos de okupaciones de años anteriores que siguen pendientes de resolución y los procedimientos civiles, entre los que se encuentran las 'inquiokupaciones' (un inquilino deja de pagar un alquiler y se niega a abandonarla)».

¿Qué problema se están encontrando los afectados por este último movimiento? «Que el PSOE nos dice que las inquiokupaciones no existen, porque no está registrado como un delito penal, a pesar de que es diferente a un impago». Y eso, a pesar de que «el 80% de las personas que contactan con nosotros son afectados por inquiokupaciones», ilustra.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación sostiene que el Gobierno central saca exclusivamente las cifras de denuncias (y no las que manejan los afectados) «porque no quieren afrontar el problema». «Lo que está haciendo es derivar la responsabilidad hacia terceros, porque no hay vivienda pública que ofrecerle a quien la necesite y porque no hay presupuestos para destinar a servicios sociales para que puedan hacerse cargo de estas familias», considera.

El pasado 3 de abril entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo objetivo es agilizar los procedimientos judiciales para desalojar a los okupas, reduciendo significativamente los plazos de tramitación, especialmente a través de juicios rápidos en el plazo de 15 días.

Sin embargo, los afectados aseguran que esta reforma «no está funcionando». «Ya dijimos que para que esto se cumpla tiene que haber una voluntad. Que todos los agentes que intervienen tengan las mismas instrucciones y la misma voluntad de querer aplicar la norma. Delegación de Gobierno está dando una consigna a la Policía que viene a decir que si ven habitabilidad (que llevan más de un día en la vivienda), que decida un juez», afirma Bravo, que también indica que los fiscales «tienen que currar y dar unas indicaciones precisas» y los jueces «disponer de tiempo para agendar los procedimientos en 15 días».

La presidenta del movimiento en Meruelo 'Meruelo sin okupas' y a su vez coordinadora a nivel nacional de la plataforma 'Mi barrio seguro', Noemí Muñoz, coincide en que los casos se han disparado. «Habría que multiplicar por tres la cifra oficial». Del mismo modo, considera que la última reforma de la ley no está teniendo su efecto en Cantabria. «Es un brindis al sol. Hasta que no se cambie el actual Gobierno central no se va a solucionar el problema, que está enraizado. Es como un telaraña. Y la realidad es que los procedimientos se alargan dos años».

Otros de los problemas que Muñoz ha constatado durante los últimos años es que no ha visto a gente realmente vulnerable okupando viviendas en Cantabria. «Hay mucho sinvergüenza que se aprovecha de la situación actual, porque la gente realmente vulnerable si pide ayuda se la dan. Las víctimas son los propietarios, no la gente que ocupa», aclara.

Sensibilizada con esta problemática, la Consejería de Fomento ha recopilado los casos de okupación que se han producido en el parque de viviendas públicas del Gobierno, que cuenta con 406 propiedades, y desde 2021 han interpuesto un centenar de denuncias, entre las que se encuentran las de los chalés con orden de derribo de Argoños. «¿Es de recibo que estén okupando viviendas que hay que derribar?, cuestiona el consejero Roberto Media, que está convencido de que «encima les estaremos dando algún tipo de ayuda a esta gente». «La okupación existe y a la gente le preocupa. Y no se puede seguir negándola, poniendo parches y dejando que cualquier persona que entra en una propiedad que no es suya, no haya forma humana de echarla», apunta Media. En su opinión, lo que se está consiguiendo es que salgan del mercado de alquiler «más de un 40% de viviendas». «La gente tiene miedo a alquilar y es comprensible», añade.

El consejero de Fomento asegura que desde el año 2021, con PSOE y PRC en el Gobierno regional, se están presentando denuncias todos los días «porque hay líos en Torrelavega, en San Vicente de la Barquera, Campuzano... Tenemos de todo tipo de casos en todo en todo el parque público. Y esto es una realidad y no la pueden negar los que han estado al mando de esta Consejería porque la conocían y muchas de las denuncias llevan su firma».