La cifra de beneficiarios de la Renta Social en Cantabria muestra un cambio de tendencia a la baja

Facilitados por el propio Ejecutivo al Parlamento de Cantabria tras una pregunta efectuada por la diputada popular María Isabel Urrutia, estos datos vienen acompañados por otros que, de la misma manera, revelan un pronunciado descenso del número de beneficiarios durante la segunda mitad del año actual, más concretamente entre los meses de junio y octubre.

De acuerdo con esos números, el Gobierno regional empezó 2017 concediendo la Renta Social Básica a 5.541 personas, cifra que fue creciendo paulatinamente en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, cuando alcanzó su pico más alto -5.789 beneficiarios- antes de producirse un giro a la inversa.

Así, a partir del mes de junio comenzó a detectarse un ligero descenso (-11), bastante más pronunciado en julio (-61), agosto (-153), septiembre (-227) y octubre (-51), que ha adelgazado la nómina de las personas favorecidas por estas ayudas en 503 con respecto a mayo y en 255 tomando como referencia el inicio de un año en el que el Gobierno ha invertido 26,1 millones por este concepto.

Conforme a sus propias cuentas, la mayor dotación se desembolsó en abril (2,8 millones) y la menor en septiembre (2,4). El resto de las mensualidades promedian los 2,6 millones de euros.

Ello para atender a un colectivo que fluctúa mes a mes dependiendo de los cambios que se producen en la situación personal de los interesados. En el mejor de los casos, que bien ellos bien cualquiera de los miembros de la unidad perceptora de las ayudas encontraron trabajo. En el peor, su fallecimiento, aunque también existen otras razones: que cumplió 65 años de edad y pasó a percibir otro tipo de prestación, que perdió el derecho por no comunicar variaciones en sus condiciones de vida, que no renovó la tarjeta de búsqueda de empleo...

Estas y otras causas alejan a los solicitantes de una ayuda social que vio la luz en 2007 para tratar de paliar las consecuencias de la crisis en los hogares cántabros cuando aún se desconocía su verdadero alcance y que, desde entonces, no ha dejado de incrementarse.

El Gobierno de Cantabria destinó al pago de la Renta Social Básica una partida de 18 millones de euros en 2015, cantidad que en 2016 aumentó hasta los 21,4 (un 18,9% más), que en 2017 creció hasta los 28,4 (un 32,7% más) y que el año próximo se incrementará hasta los 31,5 (un 10,7% más), según recordó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Eva Díaz Tezanos.

Realizando una lectura estadística más extensa aseguró que entre agosto de 2015 y octubre de 2017 «el número de perceptores de esta ayuda ha pasado de 4.208 a 5.286» y «la nómina mensual destinada al efecto ha pasado de 1,8 a 2,5 millones de euros».

Díaz Tezanos repasó estas cifras durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, donde reiteró su compromiso de presentar «en marzo» una ley específica que regule esta ayuda, que es, aseguró, el último de los nueve compromisos adquiridos en relación con la Renta Social Básica.

«Los otros ocho ya se han cumplido», subrayó la vicepresidenta, que explicó las modificaciones introducidas en la Ley de derechos y servicios sociales para eliminar la extinción automática del cobro de la RSB a los dos años; para recuperar el derecho a cobrar esta ayuda desde el mes siguiente al día de su solicitud; para permitir que las familias de quienes ingresan en centros residenciales o penitenciarios puedan seguir percibiendo la RSB; para reducir los tiempos para el cobro del salario social; o para recortar los trámites burocráticos que el solicitante debe superar.

Además, la vicepresidenta subrayó que el Gobierno de Cantabria «va a trabajar para traer la ley cuanto antes» y que, si existe voluntad, esta podría aprobarse por unanimidad a lo largo del próximo año 2018 «para que pueda empezar a aplicarse en 2019», punto de partida legislativo de una ayuda a la que se dotará «con lo necesario».

Con estas cifras, y con estas premisas, Díaz Tezanos contestaba a las críticas de la popular Isabel Urrutia, que había dicho que la ley en ciernes «no va a recoger ningún derecho más porque no habrá dinero» puesto que la partida presupuestada para 2018, 31,5 millones de euros, «está por debajo de lo que van a ejecutar en 2017».

En su turno de intervención, la portavoz popular había instado además a la vicepresidenta socialista a «tomar las medidas que sean necesarias» para reducir el tiempo de espera en la concesión de la Renta Básica Social, que, según sus cuentas, «es actualmente de ocho meses», lo cual provoca que el 15% de los recursos del Ejecutivo regional vayan destinados a pagar la ayuda con «retroactividad».