Derecho a Morir Dignamente pide que el Testamento Vital pueda registrarse en los centros de salud

Según ha informado la presidenta de la asociación, Concha Calzada, la campaña informativa ha sido bien acogida por parte de varios alcaldes y concejales de los ayuntamientos citados y también hay encuentros programados con otras corporaciones locales, ya que la idea es extenderla a toda la comunidad. Como resultado de las gestiones ya hechas, se están impartiendo charlas y talleres en varios puntos de Cantabria que están abiertos a la participación ciudadana.

En paralelo, Derecho a Morir Dignamente Cantabria ha retomado el diálogo con la Consejería de Salud del Gobierno regional para «reiterar una petición ya planteada el año pasado: que el registro del Documento de Voluntades Previas pueda realizarse en los centros de salud. Actualmente, Cantabria es la única comunidad uniprovincial de España donde este trámite no puede hacerse en la red de centros» de Atención Primaria, lo que obliga a desplazarse hasta Santander.

Para Calzada, esto supone «un agravio comparativo» hacia las personas que desearían registrar ese documento y viven en municipios alejados de la capital o tienen dificultades de movilidad.

La portavoz recuerda que otras comunidades autónomas –como Asturias, Navarra, Madrid, Cataluña o País Vasco– ya aplican un modelo de tramitación descentralizada «que facilita el acceso al registro y promueve la equidad territorial». Sin embargo, desde la Consejería se ha transmitido que, por el momento, no consideran viable su implantación en Cantabria.

DMD considera que mantener esta limitación «perjudica el ejercicio efectivo de un derecho reconocido por ley y dificulta innecesariamente el acceso». Por este motivo, además de reiterar su petición a Salud, la asociación ha comenzado a trasladar a los ayuntamientos la necesidad de que respalden esta reivindicación, con el fin de eliminar barreras y acercar este trámite a toda la población.

La asociación insiste, por último, en que es la Consejería de Sanidad quien debe poner en marcha los instrumentos necesarios para que el registro de últimas voluntades pueda hacerse sin trabas en los centros de salud, tal como ya sucede en numerosas comunidades.