Los delitos de menores extranjeros tutelados cayeron a cero en 2023 y 2024

El rechazo de Vox a los «menas», entre otros argumentos, lo justificó la portavoz de la formación, Leticia Díaz, en el coste que tiene para las arcas públicas y en los problemas de seguridad que generan. De lo segundo hablaron antes de conocer los datos que esta misma formación había pedido al Gobierno de Cantabria a través de una pregunta escrita sobre el número de menores extranjeros que han tenido medidas judiciales en los últimos años por cometer delitos o faltas contra el Código Penal. La respuesta, que llegó la pasada semana al Parlamento, confirma que la Justicia no impuso ninguna sanción de este tipo entre 2023 y 2024.

En esos 24 meses, ninguno de los jóvenes que se encuentran temporalmente tutelados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) provocó la apertura de un expediente en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, la reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Los números contrastan con las de años anteriores. Con los diez jóvenes que cumplieron medidas judiciales en 2019 y 2020, con los nueve de 2021 o los seis de 2022.

Carmen Arce, directora del Icass, confirma que ni ha cambiado la ley, ni la manera de aplicarla, ni el sistema de trabajo con los 222 menores que han ingresado en el sistema en Cantabria desde 2024. La única explicación que encuentra es de tipo estadística. «Puede ser una cuestión de proporcionalidad. Como en los últimos ejercicios se ha atendido a menos menores, también hay menos posibilidades de que ocurran hechos de este tipo», entiende. Encaja en parte porque, aunque de manera general la cifra de atendidos en el Icass está en descenso, la evolución de ambas variables no es similar. Por ejemplo, en 2020, el año en el que estalló la pandemia del covid, la recepción de nuevos usarios cayó a 17 –en 2023 ingresaron 35 y en 2024 otros 23– y había 10 con medidas judiciales. Medidas como el internamiento en régimen cerrado o semicerrado, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad o la prohibición de determinados permisos o beneficios, entre otras, que en algunos casos podían arrastrar de ejercicios anteriores.

Esta estadística encaja con la disminución de la preocupación que muestra la Fiscalía de Cantabria en sus memorias anuales, que solían avisar de la conflictividad de los menores que intentaban entrar como polizones a barcos a través del Puerto de Santander, mucho de ellos de origen albanés. Ahora, el perfil mayoritario de los tutelados por la comunidad autónoma son marroquíes.

El sistema de protección funciona igual que el de los menores autóctonos que protege la región: a través de dos pisos tutelados con ocho plazas cada uno y un centro de primera atención. Una infraestructura «flexible» que puede crecer en función de las necesidades. Tendrá que crecer si finalmente llegan a Cantabria los 29 menores extranjeros procedentes de Canarias que aceptó –estos sí voluntariamente– en julio de 2024 a cambio de 1,5 millones de euros de ayuda que paga el Ministerio. El problema sigue siendo el mismo. La consejería cántabra ha enviado el convenio que regulará esta colaboración, pero el ejecutivo insular sigue sin firmarlos. «Nosotros estamos preparados. No sé que ocurre. Entiendo que estarán desbordados», razona Arce.

El Icass también respondió a Vox sobre el coste anual de la atención a estos menores. En 2024, Cantabria invirtió 994.340 euros –a razón de 43.000 euros por cabeza–, frente a los 4.055.023 euros de 2019, cuando entraron en el sistema 77 chicos. No hay datos sobre el coste de su atención sanitaria porque «que el paciente sea una persona sin residencia legal no condiciona la prestación en los servicios de urgencia del sistema público, sea mayor o menor».