La demora de las licencias provoca que algunos negocios «mueran antes de nacer»

Esta problemática es extensible al resto de ayuntamientos de Cantabria, según manifiesta el presidente de los constructores, Javier Palomera, que también apunta al Consistorio de Piélagos como otro de los que más demora presenta a la hora de conceder estas licencias. Sin embargo, desde este Ayuntamiento responden que «se limitan a cumplir escrupulosamente los requisitos legales».

Los constructores plantearon al Ayuntamiento santanderino una batería de acciones –que puede ser extensible al resto de ayuntamientos de la región– para agilizar la tramitación de estas autorizaciones, que son una «pieza clave» en la actividad del sector, puesto que sin licencia no puede obtenerse financiación y queda paralizado el proceso de ejecución de las obras. Los «notables retrasos» a la ahora de conceder estas licencias, según señalaba Palomera, están teniendo un importante impacto económico en la actividad de la ciudad, «que no está aprovechando la intensidad de la recuperación económica». Además, advertía del «abandono de multitud de proyectos si la obtención de una licencia suponía meses y meses de espera, ya que a los costes de financiación se sumaba la desesperación de los promotores».

Esta situación está provocando que algunos empresarios «opten por instalar sus negocios en otras comunidades autónomas, desviando importantes inversiones», según advierte Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme (organización que representa a los empresarios cántabros). «Además de que se renuncia a ciertos proyectos porque en otros lugares dan más facilidades, una vez que adquieres un local para montar un negocio te encuentras con que tienes que pagar el alquiler durante un año y medio, que es el tiempo que tardan en darte la licencia de actividad». Conde pone un ejemplo muy gráfico. «Si el alquiler medio de un local en Santander ronda los 3.000 o 4.000 euros, partes con un gasto de unos 60.000 euros sin haber abierto. Así es imposible levantar un negocio. De hecho, hay negocios que mueren antes de nacer».

Conde recuerda que cuando estalló el covid, en 2020, solicitaron al Gobierno regional que aplicase en la tramitación de las licencias el silencio positivo (que sea concedida si finaliza el plazo sin contestación) y una declaración responsable. Otro ejemplo. «En Madrid, para construir un edificio en el paseo de la Castellana con una declaración responsable puedes empezar la obra», afirma Conde, que considera que lo que pasa en todos los ayuntamientos de Cantabria «no tiene sentido».

Y si la situación ya era compleja años atrás, ahora afirma que está afectando sobremanera a la recuperación económica de la región. «De esta crisis se va a salir si generas actividad productiva; y si no se facilita la inversión se irá fuera de nuestra comunidad autónoma».

Conde asegura que hay empresarios de Cantabria que están instalados en Madrid y cuentan con una gran capacidad económica, que quieren invertir aquí «pero no lo hacen por los problemas burocráticos y de tramitación, y por los impuestos». Pero no solo eso, porque en los referente a las ampliaciones de negocio también hay problemas. Es el caso de una empresa –prefiere no citar su nombre– que tenía previsto invertir en Cantabria 22 millones de euros y «que ha renunciado a ello porque después de esperar años a la concesión de licencia ha visto como la inversión que requiere ahora, por la subida de los materiales, se ha disparado hasta los 30 millones». «Eso es culpa de los políticos, que son los que tienen la capacidad de legislar», reprocha el presidente de los empresarios, cansado de esperar dos años a que el Gobierno regional corrija esta situación, «aunque parece que ya tienen previsto un decreto, junto a algún aspecto que recogerá la nueva Ley del Suelo».

Ante la reclamación de constructores y empresarios, el concejal de Vivienda de Santander, César Díaz (PP), responde que, mas allá del trabajo de los técnicos, «en la gran mayoría de las solicitudes de licencias hay que subsanar cuestiones porque no se ha presentado la documentación o es incorrecto lo que se ha presentado, o bien porque precisan de informes no municipales y hasta que no se tengan no se puede continuar con la tramitación».

Díaz asegura que no se puede estimar el plazo de concesión de una licencia de obra «cuando no solo depende del trabajo que hacen los técnicos del ayuntamiento». «Si alguien no presenta bien la documentación o la presenta mal no es problema del Ayuntamiento. Aun así nosotros estamos permanentemente intentando agilizar el trámite de las licencias. Entiendo la queja de los constructores y a todos nos gustaría que fuera menor el tiempo de tramitación porque supone actividad económica y puestos de trabajo».

El presidente del Colegio Aparejadores de Cantabria, Miguel Ángel Berrazueta, que ha ejercido como aparejador en los ayuntamientos de Santander y Cayón, explica que el problema de la capital cántabra radica en que una licencia «tiene que ser informada por media docena de técnicos», y en un ayuntamiento pequeño «solo pasa por un técnico». «Cuando estuve en Cayón las solicitudes solo pasaban por mí y les daba salida en un mes».

El Ayuntamiento de Laredo, el cuarto de la región con mayor número de viviendas (16.324, según el Icane), es otro de los que también sufre retrasos a la hora de conceder licencias de obra y actividad. Fuente municipales lo achacan a la «falta de personal», la «gran demanda de obras en dichas viviendas», y el hecho de que se «requieran informes de otras administraciones».

La Asociación de Constructores también denuncia que están teniendo «muchos problemas» con la tramitación de permisos relacionados con viviendas cuya tramitación corre a cargo del Gobierno de Cantabria. Y desde la Dirección General de Vivienda reconocen que hay un «colapso» con las peticiones de cédulas de habitabilidad ante el boom de los pisos turísticos.

Conscientes de esta problemática, en la Consejería de Obras Públicas ya trabajan en un nuevo decreto de habitabilidad que saldrá a exposición pública «este verano», según ha avanzado a El Diario Montañés el titular de este departamento, José Luis Gochicoa. Dicho decreto recogerá que no será necesario el informe de habitabilidad que emite el Gobierno regional como paso previo a la concesión de la licencia de obra. «No tiene sentido que si hay un proyecto redactado por un equipo técnico, para obtener la licencia de obra tengan que esperar a que el Gobierno emita un informe de habitabilidad. Cualquier proyectista dice que cumple a nivel estructural y de accesibilidad y no es necesario que nosotros comprobemos el proyecto de un arquitecto que luego se visa».

En otro tipo de obras, tras la obtención de la licencia de primera ocupación se volvía a mandar otra vez al Gobierno de Cantabria, ya con la obra ejecutada, toda la documentación para conseguir la cédula de habitabilidad. Pues bien, el nuevo decreto en el que trabaja Obras Públicas permitirá la obtención de esa cédula mediante una declaración responsable emitida por el técnico responsable de las obras. «Lo que estamos haciendo es agilizar normativas que se habían quedado obsoletas y que actualmente están dando problemas porque algunas se han superpuesto, para evitar que los proyectos se demoren por la burocracia», apunta Gochicoa, al tiempo que explica que una vez que salga a información pública, el nuevo decreto deberá pasar por el Consejo Económico-Social y por el Consejo de Gobierno.