Isabel Urrutia: «Costó aprobar la Ley de Simplificación y costará aplicarla. Hay que cambiar el chip»

–El borrador de ley que elaboró Presidencia cambió con las aportaciones del resto de consejerías y aún más en el Parlamento. ¿Está contenta con el resultado?

–Desde que llegamos tuvimos clarísimo que la simplificación no era un proyecto de la Consejería de Presidencia, sino de todo el Gobierno, aunque lo tenía que liderar alguien. Y empezamos a trabajar de forma conjunta. De nada servía que introdujéramos obligaciones a los ayuntamientos y a las consejerías si eso no iba acompañado de una modificación de otras leyes en el mismo sentido. Por eso se han tocado 40 normas de golpe con la Ley de Simplificación. Es verdad que ha habido modificaciones desde la primera idea que teníamos. Ha habido muchas aportaciones, porque hemos recogido las que han hecho los colegios profesionales, empresarios, la UC... Y tuvo un largo periodo de información pública. Como somos un Gobierno en minoría, hemos tenido que pactar en el Parlamento, pero no hay cambios sustanciales. Estoy satisfecha.

–¿En qué se nota ya la entrada en vigor de la nueva norma?

–Ha costado aprobar la ley, pero ahora es cuando empieza lo difícil de verdad. Las consejerías y los ayuntamientos tienen que empezar a moverse. Se nota en el Boletín Oficial, donde ya han salido 21 consultas públicas de diferentes decretos, de diferentes consejerías, para tramitar esas modificaciones que la ley obliga. Para reducir los plazos o para cumplir el deber de eliminación de trámites superfluos que ahora alargan los tiempos.

–¿Están llegando ya declaraciones responsables a los ayuntamientos? ¿Cómo es el cambio?

–Nos acabamos de reunir con la Federación de Municipios. Nos hemos puesto a su disposición y no han tenido críticas, pero sí han manifestado un miedo: el de si los ciudadanos realmente van a utilizar todas estas nuevas herramientas. No se conocen y tenemos que ponernos en marcha para que se utilicen. Lo que se pretende con la declaración responsable es que ningún ciudadano o empresa vea limitada su actividad –el comienzo de una obra o la apertura de un negocio– por la inacción de la administración. Ahora el ciudadano tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Está dispuesto a ello? Esa es la pregunta que dejaban los alcaldes en el aire. Va a costar cambiar el chip también al que trabaja en la administración: pasar de ser comprobador de documentos a facilitador de proyectos. De nada sirve que compruebes que el ciudadano tiene la documentación si luego no haces la inspección para confirmar que cumplió lo que ponía.

–¿Y los ayuntamientos tendrán inspectores para comprobar las declaraciones responsables?

–Por desgracia, en los ayuntamientos no va a haber una avalancha. Ojalá mañana los 41 municipios en riesgo de despoblamiento tuvieran que pedir auxilio al Gobierno por la avalancha de proyectos que les han llegado. Pero sí creo que los ayuntamientos tienen esa capacidad. Y si no, estaremos para ayudarles. Pero lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos es creérselo.

–Ahora, una discoteca podrá abrir sus puertas con declarar que tiene las medidas antiincendios aunque sea mentira.

–Por desgracia, en este país hemos tenido más de una experiencia en la que en negocios había actividad sin autorización. O actividad con una licencia caducada o con una licencia que no se cumplía. Entonces, esa labor de inspección es clave. Antes, aunque diera la autorización previamente, el ayuntamiento también tenía que ejercer la labor inspectora para ver que se cumplía lo autorizado. A mí cuando se me plantean estas cosas me da un poco de miedo. O sea, que hasta ahora nadie vigilaba tras dar la autorización...

–Aún no funcionan los silencios administrativos positivos ni se han reducido los plazos máximos… Todo eso se tiene aún que desarrollar con decretos.

–La ley entró en vigor el 5 de abril y el día 7 ya estaban en el Boletín los tres decretos fundamentales que la desarrollan. El primero, el de los silencios positivos. ¿En qué ámbitos? No van a poder ser positivos aquellos que no permite la ley estatal. Si alguien me pide poner un quiosco en mitad de la plaza de Pombo, por mucho que pase el tiempo, el silencio siempre es negativo porque estás ocupando un dominio público. ¿Qué quería el PRC? Que cambiemos eso y lo pongamos positivo... Pues no puede ser porque nos lo prohíbe la ley estatal. Y tiene sentido para que no llegue una avalancha de peticiones, por ejemplo, para poner chiringuitos en las playas. Si no da tiempo y colapsa el registro, tendríamos la playa llena de chiringuitos. Tampoco puede ser positivo el silencio ante una subvención. ¿Cómo te voy a reconocer por silencio positivo la discapacidad si tú me puedes estar mintiendo?

–¿Cuándo se verán todos los efectos de la norma?

–La ley estará desarrollada en cuanto estén aprobados esos decretos. Pero luego hay que utilizar todas las herramientas que la ley nos da. Nosotros tenemos un convenio ya para acceder a los datos del Estado para que los ciudadanos no tengan que entregar documentos que ya tiene la administración. Ahora, lo ponemos a disposición de los ayuntamientos, pero todavía 32 no se han adherido. Hemos adjudicado un contrato para que esos ayuntamientos tengan esa herramienta informática. Esto tiene que estar en marcha en todos los ayuntamientos. Y el funcionario tiene que cambiar el chip y, en vez de pedir al ciudadano la documentación, usar esa plataforma. Para ver que está al día en el pago de la Seguridad Social, que no tiene deudas… Eso ya se puede hacer, pero el ayuntamiento y el funcionario tienen que utilizarlo. No puede ser que pidamos el título de familia numerosa para acceder a una ayuda cuando ese título lo hemos dado nosotros.

–Parece fácil…

–Parece fácil. Pero antes hay que tener un sistema para almacenar todos los datos. Eso es inversión y tecnología. Y que los ayuntamientos también le den a esto prioridad.

–Si Santander pidió tres años de moratoria para adaptarse –y se rechazó– porque necesitaba más tiempo, ¿cómo se va a adaptar uno de 500 vecinos?

–Entiendo que tengan preocupación porque también le preocupa al Gobierno. Es un cambio de paradigma y de forma de trabajar en muchos sentidos. Esto no es fácil, pero somos un Gobierno ambicioso. La presidenta Buruaga tenía clarísimo que había que hacer esto. La Federación de Municipios nos dice que les da tranquilidad la herramienta de las entidades colaboradoras de certificación. Esto hará que un experto en la materia –serán casi siempre colegios profesionales– confirme al ciudadano o empresa que cumple todos los requisitos. Que la declaración responsable que hace está bien y que no tengan responsabilidad ellos si falta algo. ¿Nos imaginamos que fueran los funcionarios en vez de expertos los que certifiquen si el ascensor de nuestra casa funciona bien o no? No. Esto es igual.

–El debate de los cambios urbanísticos opacó las medidas propiamente de simplificación. ¿No habría sido mejor separarlo?

–Si la Ley de Simplificación se hubiera acabado en el artículo 60, que es cuando acaba la parte general, y no hubiera recogido las modificaciones en la ley de urbanismo, de control ambiental, de la ley de protección civil... nos hubieran dicho que era un brindis al sol, que no tenía contenido. No me importa que la ley se la atribuyan a mi compañero Media, pero lo que me ha dado pena, y me ha hecho pasarlo mal, es utilizar la mentira para ir contra la ley. El PRC empezó a hablar de especulación. Eso sí, tardó seis meses en darse cuenta desde que se publicó el borrador.

–Quizás si el Gobierno hubiera informado de esos cambios tan profundos desde el principio…

–Bueno… Pero es que también hay cambios profundos en Protección Civil, en familias monoparentales para acceder más fácilmente, en patrimonio, en subvenciones… Si hubieran sido tan alarmantes, no hubieran esperado tanto tiempo para salir a decir las burradas que el PRC terminó diciendo.

–Vox también dijo esas «burradas» y luego les apoyó.

–Vox se metió en la mentira de los demás y luego se dio cuenta de que no existía esa realidad. Rectificar es de sabios. Se dieron cuenta de que cometían una injusticia. El problema es que en el Parlamento no se tomaron en serio la ley. Han tardado en empezarla a leer tres meses y después hicieron un relato falso. La prueba es que las enmiendas de PRC y PSOE no cambiaban gran cosa. Decían que iban a darla la vuelta como a un calcetín y luego las enmiendas no eran de calado.

–El PP tumbó un decreto de Sánchez que incluía la subida de las pensiones criticando las normas 'ómnibus'. ¿No es el mismo caso?

–Puedo asegurar que saqué del proyecto propuestas de algunas consejerías que no tenían nada que ver con simplificación. Esa labor la hicimos. Sí hemos admitido todo lo que tuviera que ver con la reducción de trabas. Algo que me sentó fatal fue que dijeran que reconocer la condición de autoridad a los sanitarios no era simplificar. ¿Cómo que no? Vamos que no simplifica poco un procedimiento, en caso de agresión a un sanitario, el que sea autoridad...