«Pretendemos hacer un punto y aparte con la Ley del Suelo: sentarnos y buscar el consenso»

–¿Qué radiografía hace del urbanismo en Cantabria: qué fortalezas, qué hechos corregibles?

–Es difícil. En su comparecencia, el consejero puso de manifiesto que se habían cumplido 18 años de la Ley del Suelo 2/2001, y, la verdad, ha habido muy pocos planeamientos que se hayan adaptado a esta legislación: en algunos casos, porque no se han impulsado lo suficiente; en otros, porque, habiéndose aplicado, han resultado anulados por sentencias judiciales. Mi radiografía es que la legislación urbanística y medioambiental –esta última ha cobrado especial relevancia en los últimos años– hacen que éste sea un proceso complejo, en el que se enfrentan muchos intereses contrapuestos sobre los que hay que tomar decisiones. La óptica que me aporta haber sido alcalde es que para los ayuntamientos y equipos municipales que tienen que sacar adelante los planeamientos, el urbanismo –una materia cada vez más restrictiva– genera mucho enfrentamiento con el vecino. El alcalde tiene mucha cercanía; más allá de ciudades como Santander y Torrelavega, tiene una relación más directa. Como alcalde, afectas directamente al patrimonio de tus vecinos, y ese tipo de decisiones genera mucha fricción, y pueden desmotivar el impulso político desde los Ayuntamientos. Tenemos que ser capaces de intentar conjugar intereses, de ayudarles, y es fundamental que haya mucha comunicación desde el principio para no generar, a veces, falsas expectativas.

–Hay compromiso de aprobar en esta legislatura la Ley de Suelo y el PROT. ¿Será así?

–Sin duda. Estamos trabajando sobre la norma que quedó sobre la mesa la legislatura pasada. El consejero ha recordado que quedó así porque llegó en un momento que no era el mejor por la proximidad de la contienda electoral. Ahora estamos en otra fase, puliendo alguna cosa. Lo llevaremos al Parlamento, que es donde tiene que debatirse y aprobarse. Y vamos a intentar que se apruebe con el mayor consenso posible porque es una norma muy importante. Es una ley que estructura toda la casuística sobre urbanismo y ordenación del territorio. Es importante que la aprobemos todos: los que gobernamos y los que podrán hacerlo. Tiene que ser una norma útil y que perdure en el tiempo.

–La Ley del Suelo ha sufrido varias reformas y ha sido motivo de discrepancia. Más allá de que sea un ámbito de acción complejo, ¿qué ha faltado para el consenso?

–La Ley se aprobó con el consenso de los partidos, pero las diferentes reformas que se han hecho, algunas motivadas por la nueva normativa básica estatal o por criterios de oportunidad, igual no tuvieron el mismo consenso que la inicial. Nosotros pretendemos hacer un punto y aparte, sentarnos y entre todos buscar un consenso que permita, precisamente, no tener que estar permanentemente revisándola. Esto, sin perjuicio de que, también formamos parte de una estructura en la que el estado tiene competencias que acaban afectando al urbanismo; en la que la UE también aprueba directivas que obligan a adaptarse. Ninguna ley está libre de tener que revisarse en el futuro, pero pretendemos aprobar una norma básica que aguante en el tiempo.

–La gestión urbanística ha estado en manos del PSOE. ¿Qué le aporta el PRC? ¿Genera esto discrepancias en el Gobierno o hay sintonía?

–La hay, y creo que PP y Cs pueden acabar sumándose al proyecto. Sería, además, lo deseable. Y si algo puedo aportar es haber visto el toro desde la barrera: haber sido alcalde, haber trabajado en la empresa y en el Gobierno. Esa triple perspectiva me puede ayudar a limar alguna aspereza. Las discrepancias entre partidos no son de fondo, en realidad. Tanto en esta norma como en el PROT (Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria) es fundamental que todos estemos de acuerdo. Mi forma de ser es de diálogo, consenso, sentido común.

–En cuanto al PROT, ¿en qué punto está el trabajo? ¿Se tendrán en cuenta las mesas sectoriales que convocó la exvicepresidenta Eva Díaz Tezanos para palpar la posición de los implicados?

–Sí, lo dijo el consejero en su comparecencia: vamos a apoyarnos en el documento. Hay que hacer algún retoque, pero también nos vamos a apoyar, sobre todo, en la participación pública que se produjo. Le queremos dar un enfoque un poco más claro, técnico, conciso. Queremos retocar un poco la normativa, buscando una mayor seguridad jurídica, aunque nada es cerrado: al fin y al cabo, vamos a preparar un documento para hacer una aprobación inicial y luego vamos a tramitarlo y a exponerlo otra vez al público. El trabajo previo es perfectamente válido, y hay algunos puntos en los que queremos incidir, como en materia de cambio climático y afección de ese cambio a la costa de Cantabria, un tema muy importante –queremos profundizar en ello con el IH, un lujo para Cantabria–; o en temas como la vertiente económica de la ordenación del territorio. Ahora estamos acabando de elaborar los pliegos para contratar los trabajos complementarios, elaborar ya el documento de aprobación inicial y hacerlo circular. El compromiso es llevarlo al Parlamento la primera mitad de la legislatura.

–¿Qué opina de la ordenación ferroviaria de Santander? Quizá es la que acumula más cambios: ahora se apunta, incluso, al recubrimiento con losetas.

–Hay que ser favorable. Desde el Gobierno hemos apostado decididamente por ello, sobre todo, desde esta Consejería. En cuanto al diseño, se están aportando cosas, y, al final, siempre que se dialogue, en los procesos abiertos de participación se acaban consiguiendo mejores proyectos. Entiendo en parte a quienes no tienen claro que tapar con una losa sea la solución, pero también hay que ser conscientes de dónde nos encontramos y de que este tipo de procesos, que requieren de la iniciativa del Ministerio de Fomento para salir adelante, si se paralizan, luego pueden generar bastantes años de retraso. No quiero decir que haya que coger la primera solución, aunque no guste, pero hay que ser muy ágiles para decidir qué modificaciones se introducen en el documento definitivo. Por supuesto, si las modificaciones son para hacer un proyecto nuevo, entonces corremos el riesgo de que esto se ponga a la cola. Es una cosa a valorar.

–¿En qué punto están las viviendas de sustitución para los propietarios afectados por sentencia de derribo en La Arena (Arnuero)? ¿Elegir entre este tipo de vivienda y la indemnización será la fórmula para el resto de casos?

–En el caso de Arnuero está tomada la decisión. El proyecto ya tiene equipo redactor, se está trabajando, se ha presentado un avance a los vecinos, se les han pedido opinión y sugerencias que ellos han transmitido y los arquitectos ya analizan. La semana que viene vuelvo a tener una reunión con ellos, es la tercera y me reuniré todas las veces que sean necesarias para hacer un proyecto que, dentro de las obligaciones que tenemos, les sea lo más agradable y satisfactorio posible. Quienes no quieran la vivienda de sustitución tendrán abierta la vía de la indemnización. En este caso está claro, pero en otros, como por ejemplo Cerrias, con chalés a 50 metros al borde mar, será complicado. Si de resultas de la aprobación del Plan General esos chalés no tienen solución, habrá que derribarlos e indemnizar, porque quizá sea más dificil que esa persona quiera una vivienda de sustitución.

–Entonces, ¿las soluciones serán ajustadas a cada caso?

–Planteamos soluciones concretas.

–AMA ha apremiado a la Administración con los PGOU de Argoños o Piélagos. ¿En qué punto están?

–Ya hemos tenido tres o cuatro reuniones con el equipo redactor de cada planeamiento. Los técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio y de Urbanismo, y quienes redactan, afinan las últimas cosas para ir todos de la mano. Puedo asegurar que lo estamos tutelando directamente con los ayuntamientos. Existe, desde mi punto de vista, una actitud impecable en los Ayuntamientos de Piélagos o Argoños, los que más número de derribos tienen; veo una clara voluntad de los equipos municipales de sacar adelante el documento. Creo que hoy se aprobaba el documento de Argoños consensuado con nosotros, y se volvía a sacar a información pública. Eso supone un aluvion de alegaciones, resolver, continuar... Eso ralentiza un poco el procedimiento, pero en el caso de Argoños está muy bien enfocado, y en el caso de Piélagos, también, y estamos a punto de cerrar las líneas del documento. A ver si en este mes podemos cerrarlo y seguir con la tramitación. Hay que prestar mucho apoyo, mucha tutela, estar coordinados en la evaluación ambiental y urbanística.

–Asistimos a la regeneración del Alto del Cuco. Pero, ¿estas situaciones podrían repetirse? ¿Las administraciones pueden volver a incurrir en los mismos errores?

–Creo que no, que estamos en otra fase. Los ayuntamientos son conscientes de que la evaluación ambiental y el impacto paisajístico hay que tomarlos en serio. Lo que puedo decir es que hasta la fecha me he encontrado colaboración. Los ayuntamientos tienen sus planteamientos, pero asumen y se adaptan con argumentos. Quizá el mayor problema en cuanto a la reconsideración de decisiones es que muchas veces eso supone volver a la casilla de salida con la sensación de no haber hecho nada, y eso no es cierto: el trabajo está hecho y el documento está más maduro. Lo urbanístico ha cambiado. La ciudadanía cada vez opina más, hay asociaciones y grupos de opinión que estudian los planes, alegan, debaten sobre el modelo de crecimiento. Todo eso es enriquecedor y complejo, y hace que la tramitación sea algo más lenta, pero el producto final es mejor con más consenso.

–¿Qué hay del Plan de Movilidad?

–Vamos a impulsar más medidas, a desarrollar la red de movilidad ciclista en vías principales y secundarias. Sacamos a licitación la unión de la pasarela, por encima de la autopista, con la Casa de la Naturaleza (Camargo); y, para el año que viene, proyectos de carril bici entre Torrelavega y Reocín, en Reinosa, y posiblemente entre Laredo y Colindres. Tenemos más de 20 proyectos en revisión, cada vez se animan más alcaldes. Aprovecho para animarlos.