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Primero fue Castro Urdiales, después Potes y Reinosa y en las próximas horas se sumarán también Camargo y Suances. Estos dos ... ayuntamientos han puesto en marcha los mecanismos para que los pubs y locales de ocio nocturno que quedaron clausurados a mitad de agosto como medida de contención contra el covid puedan solicitar una ampliación de licencia para empezar a trabajar como bares y cafeterías. Se trata de una solución temporal que implica que reducirán su horario para asimilarlo al que tienen los establecimientos convencionales (tendrán que cerrar a la una de la madrugada y no a las 04.30 horas, como en condiciones normales) y deberán desconectar los altavoces, porque en este tipo de locales la música no está permitida.
En el caso de Camargo, el consistorio ya está tramitando este procedimiento y sólo ha denegado una de las solicitudes de ampliación de licencia al entender que no se dan las condiciones de seguridad necesarias. «Estamos para ayudar y facilitar el trabajo a los vecinos, no para poner trabas», apunta la alcaldesa, la socialista Esther Bolado.
Santander Exige al Gobierno regional un cambio en la norma para que no sea preciso realizar una ampliación temporal de las licencias.
Torrelavega Quiere asimilar los pubs a bares y cafeterías, pero espera la respuesta a la cuestión que ha formulado a la Consejería.
Laredo La intención de la alcaldesa es permitir la apertura, pero dice que no puede hacerlo porque los técnicos no ven opción legal.
Noja Tres negocios ya han pedido verbalmente la ampliación de licencia. El Ayuntamiento espera un informe de los técnicos.
Potes, Castro y Reinosa Antes que Potes y Reinosa, el Ayuntamiento castreño fue el primero en poner en marcha esta estrategia para salvar el cierre.
En Suances, los técnicos municipales dieron este miércoles el visto bueno y enviaron al equipo de Gobierno un informe en el que se dice que los bares especiales de la localidad (entre ocho y diez) pueden convertirse temporalmente en bares normales sin perder en el futuro los derechos que les da la licencia de pubs. «Se hará efectivo a partir de que empiecen a solicitarlo», asegura el regidor, Andrés Ruiz Moya, que precisa que sólo se exige una declaración responsable del propietario y algunos documentos básicos. En Noja, donde tres empresarios ya lo han pedido verbalmente, están dispuestos a seguir ese camino, pero siguen a la espera de lo que digan los técnicos municipales.
Esa es la intención de otros ayuntamientos como Torrelavega, aunque ahí parece que todo va un poco más lento. En la capital del Besaya están ansiosos por mover ficha en este mismo sentido lo antes posible, pero hay dudas sobre su legalidad. Esperan la respuesta a una consulta enviada a la Consejería. «La indefinición no es buena para nadie. Van pasando los días y los afectados ven que no se hace nada. Aquí, el 90% de los locales que sirven copas por la noche funcionan ya como cafeterías por el día», recuerda Pedro Pérez Noriega, concejal de Hacienda. Aunque la norma dice taxativamente que los establecimientos especiales no pueden abrir, el edil entiende que su espíritu no impide que funcionen si ejercen como bares convencionales: «Si la respuesta de la Consejería es negativa, seguiremos buscando otra vía de solución».
En Laredo, directamente, los servicios jurídicos ya han dicho que no. «Es muy doloroso para los dueños ver que una cafetería puede estar abierta y a la misma hora el local que está al lado, no», lamenta la alcaldesa, Charo Losa, que se hace cargo de la situación por la que están pasando estos negocios, pero insiste en que está «atada de pies y manos». «Nuestro deseo es que la gente trabaje, pero yo no tengo ninguna herramienta que pueda utilizar para saltarme esa ley. No puedo hacer trampas al solitario, porque, además, puede tener consecuencias legales», insiste la regidora socialista, quien considera que la Administración regional y la estatal les han dejado una patata caliente que tiene que solucionar.
Como el martes Santander, Laredo hace un llamamiento al Ejecutivo regional para que introduzca modificaciones en la norma publicada en el BOC. ¿Y qué dice el Gobierno? Ayer habló sobre el asunto el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez: «Es una orden ministerial, acordada por unanimidad de las 17 comunidades. Lo que hemos hecho es transcribirla tal cual. A nosotros no nos corresponde ni la interpretación de la norma ni su aplicación práctica, que le corresponde a los organismos que gestionan las licencias». O sea, a los ayuntamientos.
Los afectados dan por perdida la batalla de un cambio global de la norma y se resignan a las ampliaciones puntuales de licencia. «Lo que pasa es que dependemos de muchas cosas. Que haya personal para hacerlo, que los técnicos lo vean posible y de la voluntad política de cada alcalde», concluye Tomás Sánchez, de la Asociación de Hostelería, que lo considera «el mal menor».
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