Izquierda Unida lleva a la Fiscalía la gestión municipal de las cámaras de videovigilancia

Lo pidieron en el pasado pleno del 27 de noviembre de 201. Alrededor de 2 meses después, IU de Laredo ha vuelto a pedir que se investigue la compra e instalación de 11 cámaras "presuntamente colocadas sin autorización de la Delegación del Gobierno". A tal efecto, el coordinador y concejal de esta formación en el Ayuntamiento pejino, Alejandro Abad, llevó este miércoles al fiscal superior de Cantabria toda la documentación de que dispone esta formación sobre la compra e instalación, por el Ayuntamiento de Laredo, de las citadas cámaras en diciembre de 2012.

En la demanda, Abad pide a la Fiscalía "que abra una investigación para determinar si en la gestión llevada a cabo en este asunto por el primer teniente de alcalde, Ramón Arenas, y el alcalde, Ángel Vega, en nombre del Ayuntamiento se han podido haber vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos de Laredo y, por otro lado, se han incumplido los preceptos legales vigentes en materia de protección de datos de carácter personal".

Según Izquierda Unida, "la contabilidad municipal demuestra que hace dos años Ángel Vega ordenó el pago de 49.800 euros a la mercantil PC@SON por el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de estos sistemas en distintas calles y edificios públicos de Laredo y que fue Ramón Arenas quien hizo la propuesta de gasto y dio el visto bueno a la factura.

Actas del pleno

Además, añade la coalición política pejina, "las actas de los plenos recogen las preguntas que al respecto hemos formulado y las respuestas del alcalde que, lejos de tranquilizar sobre un tema tan grave, sólo han servido para arrojar aún más dudas e inseguridad al reconocer que no están siendo controladas por la Policía y que ninguna de estas cámaras tiene autorización de la Delegación del Gobierno". Abad recordó que, a finales del año pasado, fueron los votos contrarios del Gobierno local quienes impidieron que el Pleno aprobase una moción de IU en la que se proponía crear una Comisión Especial para esclarecer este asunto y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas.

"Teníamos razones para sospechar que se podrían haber captado imágenes de forma ilegal, quizás vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes tales como el derecho la intimidad y el derecho a la propia imagen. Queríamos llegar hasta el fondo por vías estrictamente políticas y pedíamos al Gobierno transparencia, firmeza y respeto a la ley. El PP y sus apoyos tránsfugas decidieron cerrarnos la vía política y por ello no nos ha quedado otro camino que acudir a la Fiscalía. Si al final la Justicia interviene y hay consecuencias para el Ayuntamiento será responsabilidad de éste Gobierno y, fundamentalmente, de Vega y de Arenas", sentenció Alejandro Abad.