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A Donald Trump no le gusta que le lleven la contraria y el domingo lo volvió a demostrar con un mensaje cargado de desprecio contra ... el poder judicial después de que el Tribunal Supremo paralizara una de las medidas más controvertidas de su política migratoria:las expulsiones de migrantes en base a una ley ideada en 1798 para su uso en tiempos de guerra. El presidente de Estados Unidos arremetió en su red favorita, Truth Social, contra «los jueces y agentes del orden debiluchos e ineficaces» que, en su opinión, permiten en el país la delincuencia, de la que a menudo responsabiliza a los indocumentados.
La respuesta de Trump al último revés judicial fue, como en otras ocasiones, el ataque aunque el domingo lo disfrazó con sorna de felicitación. «Felices Pascuas a los lunáticos de la izquierda radical que pelean y conspiran para traer de vuelta a nuestro país a asesinos, capos de la droga, presos peligrosos, enfermos mentales, conocidos pandilleros y maltratadores de esposas», escribió en la que fue su primera reacción a la decisión de la Corte Suprema –pendiente ahora del pronunciamiento de un tribunal inferior– sobre las polémicas deportaciones de migrantes. Fue la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) quien presentó el viernes un recurso de urgencia pare frenar una nueva ola de expulsiones por la vía rápida al amparo de una ley del siglo XVIII que, antes de ser rescatada por el líder republicano, sólo había sido invocada tres veces, la última en plena Segunda Guerra Mundial.
La resolución judicial, respaldada por siete magistrados con el voto en contra de otros dos, Clarence Thomas y Samuel Alito, de ideología extremadamente conservadora, evitó el sábado la salida de medio centenar de venezolanos del centro de detención Bluebonnet, en Texas, donde están retenidos –acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda catalogada como terrorista–, hacia El Salvador. Allí, en su cárcel de máxima seguridad, han acabado decenas de migrantes del país caribeño en las últimas semanas. La Casa Blanca –antes de que Trump lanzara su mensaje– pidió al Supremo que revocara su decisión y que, en caso de mantener el bloqueo, aclarara si las autoridades pueden ejecutar deportaciones por otras vías legales.
El procurador John Sauer, principal representante del Ejecutivo ante la Corte Suprema, defendió en un escrito de varias páginas que «los tribunales inferiores no han establecido hechos esenciales en este caso» y que tampoco se ha investigado adecuadamente «el momento, la naturaleza y la forma de la notificación» de la deportación a los implicados por parte de la Administración. El conflicto desatado por el uso de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros coincidió, además, con una jornada de multitudinarias protestas en diferentes puntos del país contra las políticas de Trump.
El mandatario, sin embargo, ajeno al creciente rechazo entre la población hacia buena parte de sus iniciativas, optó por desahogarse en Truth Social. Y no sólo cargó contra la Justicia sino que, además, responsabilizó a su antecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, de «permitir deliberadamente que millones de criminales entraran a nuestro país, sin ningún tipo de control ni verificación, mediante una política de fronteras abiertas que pasará a la historia como el acto más calamitoso jamás perpetrado contra Estados Unidos». Fue, dijo una vez más, «el peor y más incompetente presidente» de EE UU.
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