Las últimas adúlteras

Hace unas semanas era noticia la condena a 2 años de prisión para Hind Achabi, una exitosa empresaria marroquí de 38 años que no pudo acreditar el divorcio de su marido, un diplomático kuwaití, cuando ya estaba emparejada con otro hombre. La sorpresa y el escándalo por su encarcelamiento en el país norteafricano son similares a los que removieron España cuando, en 1976, el caso de Inmaculada se hizo viral... a la manera en que en aquella época preinternet las cosas se hacían virales.

El adulterio, despenalizado en la Segunda República, volvió a ser delito tras la victoria de los sublevados y hasta 1963 un hombre podía matar a su esposa por infiel sin ser condenado por ello. Las leyes de la dictadura seguían interviniendo en asuntos "íntimos y personales" de la vida de los ciudadanos y lo hacían, además, incurriendo en una discriminación machista "insoportable", destaca Gallizo. Así, el artículo 449 del Código Penal preveía penas de 6 meses a 6 años de prisión y sanciones económicas por adulterio, pero el delito era distinto según el sexo del infractor: "Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada". Los hombres acusados solían alegar ignorancia y se libraban del castigo; en cambio, había decenas de mujeres condenadas por ello. Las aventuras masculinas no merecía ningún reproche penal: un hombre podía yacer con cuantas mujeres quisiera, siempre que no llevase a vivir a su manceba al domicilio conyugal.

Inmaculada Benito se había casado embarazada con apenas 18 años con Carmelo Caneiro, un pintor supuestamente progresista, pero el matrimonio pronto hizo aguas. Ya vivían separados cuando ella se marchó con un amigo común a buscar trabajo a Canarias. Volvió cuando se enteró de que la familia de su marido, que se había quedado temporalmente a cargo del hijo de ambos, de 3 años, se negaba a que lo visitaran los abuelos maternos. A su regreso, se encontró con la querella de Caneiro: la acusaba de adulterio y pedía para ella 5 años de prisión y una multa de 50.000 pesetas, una pequeña fortuna en aquella época.

"Era un caso perdido", asegura Gloria Labarta, la única abogada de Zaragoza que se prestó a defenderla. "Si vamos a un juicio normal, estás condenada. Pero si lo convertimos en un juicio político, tienes una posibilidad", le dijo la letrada, entonces una joven con escasa experiencia. La acusada, que se jugaba la custodia del niño, aceptó. Y comenzó el ruido.

La ADMA, en la que militaba Labarta, recogió miles de firmas de apoyo, envió cartas al entonces ministro de Justicia, Íñigo Cavero, y movió el asunto en los medios de comunicación. Periódicos de todo el mundo desplazaron reporteros a Zaragoza para entrevistar a Inmaculada y a Gloria. "En otros países lo veían con perplejidad, como nosotros vemos ahora lo ocurrido en Marruecos", explica la letrada. Hubo manifestaciones en las que las mujeres se autoinculpaban del delito y exigían la legalización del divorcio. "Yo también soy adúltera", rezaban pancartas y camisetas.

La vista se celebró el 6 de octubre de 1976 a puerta cerrada "Los jueces estaban acojonados", recuerda la abogada, pero desde la sala se oían los gritos de decenas de manifestantes congregados en los pasillos y a la entrada de la Audiencia. Duró tres horas.

El abogado del marido presentó unos testigos que aseguraban haber visto a los acusados desnudos en la cama. El tribunal no mordió el anzuelo. Inmaculada Benito fue absuelta tres días después. "No lo entiendo se hacía cruces el letrado acusador. Ella no es ninguna santa. Hay testigos a través del agujero de la cerradura: hippies, orgías, drogas...".

"Aquello sirvió para concienciar a las mujeres de que, si nos movíamos, teníamos fuerza para conseguir cosas recuerda Gallizo, hoy parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid. Inmaculada fue muy valiente: hacer público un asunto tan íntimo no es agradable. Lo fácil hubiera sido mantenerse en el anonimato". Convertirse en el rostro de aquella discriminación, poner nombre y apellidos a lo que antes solo eran números, iniciales, fue definitivo para ganar aquella batalla.

Marido homosexual

Aquel juicio encendió una mecha que ya no se apagó. Pocas semanas después se hizo público el caso de María Ángeles Muñoz, una empleada doméstica de 30 años emigrante en Barcelona a la que su marido que era homosexual y convivía con otro varón, había abandonado cuando la hija de ambos era un bebé. Cuando el hombre se enteró de que su todavía esposa había tenido una segunda hija con su nueva pareja, la denunció por adúltera. María Ángeles huyó y se negó a entregar a la niña al juez que pretendía conceder la custodia a sus suegros. Incluso ellos estaban de su parte. La Asociación Catalana de la Mujer movilizó a miles de manifestantes y logró que el asunto fuera debatido por la Asamblea de Parlaentarios, que reclamó que se eliminase la legislación discriminatoria y la amnistía para todas las condenadas por esos delitos. El marido retiró la denuncia.

El 26 de mayo de 1978, la reforma del Código Penal eliminó el delito de adulterio, pocos meses antes de que, en diciembre, la Constitución Española estableciese la igualdad legal entre hombres y mujeres. "Pasó hace muy poco tiempo; no es la prehistoria", recordaba Inmaculada en 2008, en un reencuentro con su abogada. Ella tenía preparado un pasaporte para fugarse a Estados Unidos si era condenada. No exageraba. "He hablado con una mujer que acaba de pasar cinco años en la cárcel por adulterio le contaba la joven a The New York Times en 1976. Podía haber sido yo".