"Los mandos exigen que multemos sin miramientos, que machaquemos"

Los santanderinos que piensen aparcar su vehículo de cualquier manera en el centro de la ciudad, o en zona de carga y descarga, o que vayan a transgredir de cualquier otra manera la ordenanza de tráfico municipal, harían bien en enterarse primero de qué sección de la policía de Movilidad está patrullando las calles en ese momento. Porque la sección B está obligada a sancionar «sin miramientos», «a llamar a la grúa a la mínima» y, además, «a imponer las multas económicas más penosas que contemplan los artículos» de la normativa para cada caso. «No nos permiten aplicar el sentido común: estamos obligados a machacar y solo valemos en la medida en que multamos».

Así lo aseguran seis de los ocho miembros de esta sección, «castigados» -según su propia versión- por no comulgar con los modos con que se les trata y por no ver lógico que se les fuerce a sancionar. Ya le han comunicado oficialmente al Ayuntamiento que la presión que están soportando afecta a su salud y también que creen ser víctimas de acoso laboral desde el momento en que empezaron a cuestionar a su superior. Por este motivo, han pedido por escrito al Consistorio que se active el protocolo de actuación frente a situaciones de acoso laboral que protege a los funcionarios.

Pero la reclamación, que llegó hace seis meses tanto a la cúpula de la Policía Local como al responsable político del cuerpo, el concejal Pedro Nalda, todavía está sin respuesta. Lo único que el Consistorio les ha ofrecido es una consulta con el médico municipal y una entrevista con los responsables de Riesgos Laborales, a quienes han expuesto su situación.

Para desmentir el argumento principal de los agentes de Movilidad de la sección B, el Ayuntamiento difundió la información que corresponde a las multas que han impuesto desde el 1 de enero de este año hasta el 17 de julio. Las cifras dicen que estos seis agentes han tramitado un total de 1.034 denuncias en el periodo citado mientras que en el mismo plazo del año anterior tramitaron 1.060. Es decir, ahora se contabilizan 26 menos.

La queja de los agentes es doble. De un lado tiene carácter interno, porque aseguran que aquellos que no multan a diario a la altura de la expectativa de su responsable «estamos siendo discriminados en cuanto a la utilización de medios: no se nos deja usar un coche para hacer el turno» (hacerlo a pie o en moto es más penoso, sobre todo si llueve) porque los vehículos de cuatro ruedas se reservan para los agentes «que tengan una productividad más alta», según afirman que se les ha explicado.

A este grupo de policías «menos rentables» se les encargan, además, «tareas inútiles», como vigilar rotondas «cuando no hay tráfico». Los agentes se han quejado en sus escritos del trato despectivo que reciben y de los comentarios que tienen que aguantar, del tipo «el invierno es muy largo y Santander tiene muchas rotondas», en alusión al destino que les espera si no acaban sus turnos habiendo puesto un alto número de multas.

De otro lado, su queja tiene repercusión sobre los santanderinos: aseguran que su sección triplica en sanciones a otras, «porque se nos fuerza a estar sancionando desde que salimos hasta que volvemos».

El conflicto lleva en marcha más de un año. Estos agentes han explicado al Ayuntamiento que trabajan en un «clima de amenaza». Cuando llegan a la base para iniciar su jornada, el mando ya les ha sacado las motos del hangar, «para que no perdamos ni un minuto». También critican que se les supervisa sin descanso, que «se nos coacciona y se nos deja sin margen para trabajar». Cuando se ha intentado reconducir la situación verbalmente, la única respuesta que han obtenido -según consta en el documento dirigido al Ayuntamiento- ha sido: «cuidado con lo que se denuncia que pueden empezar a llover expedientes disciplinarios».

A los denunciantes les molesta ver «que no quieran que ayudemos a los ciudadanos en ninguna circunstancia. Si vemos algo contra la ordenanza, no se nos permite dar un respiro a la gente, que igual ha parado un minuto sobre una acera». La situación entre estos seis funcionarios y su coordinador ha llegado a tal punto que cada uno está registrando diariamente los cometidos que se les encomiendan para tener pruebas si deciden acudir a los tribunales para defender su derechos.

El Ayuntamiento lo niega

El Ayuntamiento de Santander calificó el martes de «absolutamente falso» que se inste a un determinado grupo de agentes de Movilidad a realizar más denuncias. Así lo demuestran los datos oficiales de la Policía Local que se facilitaron para responder a la crítica de seis de los ocho agentes de la sección B de este cuerpo, datos que revelan que los denunciantes están sancionando menos este año de lo que lo hicieron el ejercicio anterior (casi 30 multas menos en los siete primeros meses de 2016).

El Consistorio informó de que la reclamación de estos seis policías contra su mando directo sigue su curso, «el trámite habitual, en el que el concejal de Protección Ciudadana no interviene más que para hacer que se cumpla el protocolo», señaló Pedro Nalda, el responsable político del área.

Los agentes, que han asegurado por escrito que se sienten víctimas de acoso laboral y atribuyen su situación al hecho de que no sancionan todo lo que quiere el policía que les coordina, plantearon su primera queja en enero y la segunda en abril. Nalda recalcó que los expedientes no están resueltos aún porque «son sucesivos».

Con la primera protesta oficial se abrió un expediente informativo que ha sido instruido por el intendente de la Policía Local que ha concluido que «no procede abrir expediente disciplinario» al mando en cuestión «sin prejuicio del resultado del protocolo de actuación que está realizando el servicio de Prevención de Riesgos Laborales municipal».

«Si el instructor hubiera detectado discriminación entre unos agentes y otros hubiera planteado un expediente disciplinario y no ha sido así», recalcó Nalda. El edil expuso que actualmente hay un segundo informe en marcha. Lo ha elaborado inicialmente Riesgos Laborales y ya ha sido remitido al servicio de Inspección, Evaluación y Calidad de Personal del Ayuntamiento, pero Nalda desconoce cuándo puede estar cerrado. «Un expediente lleva su tiempo», señaló.

Siempre según la información del Ayuntamiento, también ha habido un descenso en el número de denuncias en los últimos años en relación con la retirada de vehículos de la grúa municipal. En 2013, este servicio retiró una media mensual de 575 vehículos, mientras que en 2015 se llevó 502 al mes. Se dieron varios datos más para desmentir la versión de los seis agentes de Movilidad. Por ejemplo, que en 2014, en base a las denuncias del departamento de movilidad al completo (las cifras son generales) se retiraron de las calles 6.756 vehículos, en tanto que en 2015 se retiraron 732 menos.

Sin querer entrar en valoraciones de cuestiones «subjetivas y no objetivas, como los números», Nalda respondió a los agentes que se quejan de que les impiden usar los coches para hacer su turno por no ser rentables a la hora de multar que «cuando hay dificultades de tráfico, la manera más eficaz de llegar a un punto es la motocicleta, no el turismo. Y una vez en el lugar, su trabajo se desarrolla al aire libre, independientemente de cuales sean las condiciones meteorológicas por lo que, según las circunstancias, se les dota de la vestimenta adecuada».

Los policías han protestado ante el Consistorio porque los medios se reservan para los miembros del cuerpo que están en la línea sancionadora del jefe. Además, dicen en su queja oficial que se les encargan tareas inútiles y que reciben comentarios despectivos.