Santander inicia un expediente para restituir el equilibrio económico de Aqualia

La concesión del servicio de aguas tiene un plazo de 25 años y comenzó en 2006. Y la Intervención municipal, atendiendo a las obligaciones que marca la ley, debe realizar un control financiero regular de su funcionamiento. Y así lo ha hecho en dos ocasiones: durante el primer quinquenio de vigencia (desde el inicio de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2010) y durante el segundo quinquenio (desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015). El año que viene, en 2021, deberá iniciarse el tercero.

En esos informes se analizan en detalle la cuenta de explotación tanto en gastos (personal, seguros, transportes, mantenimiento...) como en ingresos (tarifarios, no tarifarios, impagados...), comparando el resultado con el estudio económico de la empresa adjudicataria. Es decir, comprobar si los ingresos obtenidos en ese tiempo se ajustan a los previstos en el estudio de la oferta presentada por la concesionaria.

De esta forma, el primero (2006-2010) tuvo un déficit para la empresa concesionaria de 1,6 millones de euros, pero se concluyó que la concesión se encontraba «razonablemente equilibrada» puesto que sólo habían transcurrido cinco años de la misma y no era posible determinar una tendencia. En el informe del segundo periodo (2011-2015) se arrojó un resultado acumulado desde el inicio de la concesión de 790.345 euros respecto al estudio económico de la oferta. Es decir, que se registró un superávit para la empresa concesionaria. En este caso se consideró que, transcurrido ya el 40% del periodo de la concesión, podía realizarse un análisis concluyente de la evolución y, por este motivo y atendiendo al informe de la Intervención municipal del 14 de noviembre de 2018, se inició el expediente de reequilibrio financiero. Y en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta semana se ha retomado.

Como portavoz del equipo de gobierno de Santander, Ceruti explicó que esta decisión responde a un «problema de tramitación únicamente», ya que la regulación actual exige que los expedientes terminen en un plazo de tres meses y, cuando se supere ese periodo al solicitar un informe, «el procedimiento que se utiliza habitualmente es declarar la caducidad del anterior y empezar uno nuevo con toda la información». El concejal aclara que, pese a las diferencias de valoración económica entre el informe emitido por Intervención y la postura de la empresa, esto no supone cambios. «No hay ningún planteamiento de resolución del contrato por el momento. Lo primero es hablar con la empresa. Si no se resuelven los incumplimientos, sancionarla y, sólo en el caso de que no responda, se puede plantear la posible resolución del contrato».