El Tribunal Superior de Justicia da vía libre a la nueva gasolinera de Barreda

La estación se levanta aquí desde 2019 y se ha visto obligada a conciliar su actividad con la sombra de este litigio siempre en la espalda. Sin embargo, y más de medio año después del último varapalo, la Justicia da vía libre a la firma, que figuraba en calidad de codemandada; y da la razón al Consistorio de Torrelavega, que otorgó dichos permisos y, en consecuencia, se hallaba como principal demandado en el proceso. Con todo, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esa es una opción posible que podría estirar aún más la duración del proceso, en liza desde 2018. Entre tanto, el Tribunal Superior de Justicia autoriza la llegada de Ruycol y disipa todas las dudas que el fallo del Juzgado Número 2 arrojó sobre su actividad hace menos de un año, desde la necesidad de un estudio de impacto del tráfico y accesos en relación a la incidencia hasta la supuesta falta de un estudio sobre la huella acústica acorde a la normativa aplicable.

La Sala no comparte las conclusiones del informe pericial «de parte» en el que se sostenía este manto de desconfianza. Por lo pronto porque, y lo señala el TSJC, esta visión no tiene en cuenta algunos aspectos relevantes -como su ubicación en la inmediaciones de la fábrica Solvay y de la autovía- y además porque sostiene la magnitud de esta afectación en hipótesis no sólo «inverosímiles» -esta es una opinión del técnico de Ingeniera municipal-, sino que, aún con todo, tampoco llegarían a demostrar que la nueva gasolinera de Barreda vaya a superar los niveles de ruido impuestos por la Ley.

Esa conjetura en la que los demandantes se apoyan para probar el impacto de la instalación es la siguiente: que seis vehículos lleguen a la gasolinera al mismo tiempo, tres de ellos sean camiones, mínimo, y que, tras repostar, arranquen al unísono. Ni siquiera en ese «extremo», según califica la sentencia, se superan los decibelios, como demuestran las mediciones de un «laboratorio especializado» realizadas 'ex profeso' en las fachadas de la comunidad recurrente.

Más 'peros' al recurso. En su deliberación, otro de los aspectos técnicos que la Sala no comparte es el de los índices de «inmisión» -o concentración- de ruidos, tomados en cuenta por el demandante, pero «no requeridos por la normativa en vigor», la ordenanza municipal y la Ley del Ruido de 2003.

Es verdad que los artículos 25 y 26 de este último código contemplan algunas categorías muy específicas -zonas de protección y situación acústica especial- con límites y requisitos a medida, pero el entorno de la Avenida de Solvay no se encuentra en ninguna de ellas. «No se puede exigir al Ayuntamiento que adopte medidas excepcionales, como la suspensión en la concesión de licencias de actividad», razona el fallo, antes de dar paso a la conclusión más importante del escrito. Porque, con la normativa aplicable y la valoración de la prueba practicada en la mano, el Tribunal no encuentra «deficiencias en el control de la contaminación acústica», lo que deriva en la revocación de la sentencia emitida el año pasado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander.

Han pasado prácticamente seis años desde que, vía Pleno municipal, el martes 30 de agosto de 2016, la Corporación de Torrelavega dio luz verde -y por unanimidad- a un convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa entonces Ruyco Petrol para ceder el 15% del aprovechamiento urbanístico del Consistorio en unos terrenos de Barreda, por importe de 23.587 euros. «La finca será destinada a la instalación de una gasolinera», avanzaría al día siguiente este mismo periódico.

Por entonces, aquel trámite, uno más dentro del orden del día de la sesión celebrada en el Palacio municipal, quedaría aparcado en la memoria de Torrelavega hasta dos años más tarde, con el arranque de una causa que, todavía hoy, puede seguir dilatándose en el tiempo -siempre que la otra parte termine presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo-.

Porque el fallo que ahora comunica el máximo órgano judicial de Cantabria es sólo el último capítulo de una disputa que ya ha cumplido cuatro años. Desde entonces, la controversia legal viene involucrando a los mismos actores: la vecina Estación de Servicio Barreda, la comunidad de propietarios del barrio La Sierra y un vecino de la localidad, a un lado; y el Ayuntamiento de Torrelavega y la propietaria de la otra instalación, al otro.

La superación de los límites del ruido y la afectación de esta terminal en el tráfico y la accesibilidad del pueblo de Barreda han sido siempre las grandes armas esgrimidas durante estos años de procedimiento, pero el criterio jurídico ha cambiado ahora que el debate pasa a instancias superiores. De carecer un estudio a no necesitarlo.