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Jesús Serrera
Viernes, 11 de junio 2010, 10:33
La primera fase de baremación, llevada a cabo por expertos vinculados a la empresa pública Genercán, concluyó hace quince días. Después han seguido todo tipo de deliberaciones, no exentas de la acción de los lobbyes de presión política y empresarial, en un proceso que todavía no ha concluido.
En todo caso, en el momento actual hay tres empresas muy bien colocadas para la adjudicación definitiva, según han confirmado a este periódico fuentes vinculadas a algunos de los grupos aspirantes.
En primer lugar, Iberdrola Renovables, líder mundial de energía eólica, que además presenta varios proyectos industriales por valor de 555 millones de euros, entre ellos el uso de purines ganaderos para su conversión en biomasa energética.
También parece un candidato seguro EDP (Energías de Portugal), tercer productor mundial, vinculado a Hidroeléctrica del Cantábricco y a Gas Natural en Cantabria, que propone proyectos de investigación y desarrollo.
Una tercera oferta muy bien valorada es la del grupo Gestamp-Gonvarri, vinculado principalmente al acero y la automoción, que el año pasado adquirió la factoría de Edscha en Guarnizo.
A partir de ahí reina la incertidumbre. Hay al menos otros ocho grupos que cuentan con posibilidades de participar en el Plan Eólicoque, de momento, sólo contempla siete zonas adjudicables.
En este grupo abundan las vinculaciones con Cantabria. Por ejemplo, el banco Santander está presente en dos ofertas, una de ellas como inversor, junto a Sniace, y otra con la propia división eólica creada por la entidad bancaria y que lleva como socio a Gecalsa, una compañía ligada a Castilla y León.
El reparto del pastel eólico
También esperan un trozo del pastel eólico el tándem formado por las empresas cántabras Ascán y Apia XXI, E.ON (antigua Viesgo); Egeon Eólica presidida por Juan Carlos Martínez Amago, ex presidente de la Asociación Empresarial Eólica, que acude con Caja Cantabria; Galenova, vinculada al Banco Gallego y a los proyectos del Instituto de Hidráulica Ambiental y la Universidad de Cantabria; y Pecsa, un grupo en el que participan Miguel Mirones, presidente de CEOE-Cepyme y otros quince empresarios de Cantabria. La undécima opción que se contempla actualmente corresponde a Unión Fenosa.
En el proceso de evaluación de los 51 grupos que se presentaron al concurso ya han sido relegados algunos de los grandes del sector, como Accciona y Gamesa, esta última con fábrica en Matamorosa.
No es fácil pronosticar cuándo se adjudicará definitivamente el concurso eólico. Después de múltiples demoras desde el pasado otoño, la última previsión del PSOE, que controla todo el proceso, es que la resolución pueda producirse a mediados de este mes de junio, aunque no se descartan nuevos retrasos, máxime en el clima de crisis que se vive actualmente en el Ejecutivo PRC-PSOE.
La evaluación final deberá ser avalada por el comité que se creó en su día con esa función y que está formado por los consejeros socialistas Juan José Sota (Industria) y Francisco Martín (Medio Ambiente) y por los directores generales Marcos Bergua (Industria), María Eugenia Calvo (Biodiversidad) y Luis Collado (Ordenación del Territorio), los dos últimos vinculados al Partido Regionalista. El dictamen deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
Quedaría por resolver , además, un último aspecto de gran relevancia: la incorporación al texto de resolución del concurso de ciertas cautelas legales que refuercen la seguridad jurídica del Plan Eólico, amenazado en los tribunales por las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Liérganes y por la asociación ecologista ARCA.
Este acondicionamiento legal del concurso eólico, estudiado por los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, por indicación del consejero regionalista Vicente Mediavilla, supondría la reforma integral del Plan Energético de Cantabria (Plenercán), que actualmente sólo contempla la instalación de 300 megavatios en tres zonas de la región, frente a los 1.400 megavatios que se pretenden adjudicar en el concurso.
También se pretende que el texto de la resolución del concurso deje constancia clara y expresa de que se trata simplemente de una adjudicación de potencia eólica, sin que ello automáticamente suponga el derecho a la instalación de parques eólicos, en tanto no superen las evaluaciones de impacto ambiental y los demás requisitos técnicos y legales que rigen en la normativa.
El PRC mantiene sus reservas sobre el concurso, dado que una parte de su electorado no es partidaria de la instalación de aerogeneradores, sobre todo en algunas zonas.
El Plan Eólico es rechazado también por el Partido Popular y por los grupos conservacionistas de la región. Los sindicatos lo apoyan.
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