Cantabria habilitará un juzgado especial para evitar el colapso por las preferentes

La avalancha de demandas de afectados por participaciones preferentes amenaza con colapsar los órganos judiciales de Santander. Para evitarlo, el Gobierno regional y el Consejo General del Poder Judicial han diseñado un plan que favorezca la tramitación ágil y ordenada de todos estos casos. Consiste en la apertura de un juzgado bis o de refuerzo, adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 7, dotado con una jueza, un secretario judicial y al menos cuatro funcionarios, que quitarán carga de trabajo a los jueces que resuelven estas demandas.

De este modo se atiende la solicitud formulada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, y el juez decano de Santander, José Arsuaga, que el pasado mes de junio, en declaraciones a este periódico, alertaban sobre la necesidad de tomar medidas antes de que fuera demasiado tarde. «Queremos poner la venda antes de la herida», decía gráficamente Arsuaga entonces.

Su preocupación era fundada. En los seis primeros meses del año han entrado en los nueve juzgados civiles de Santander 313 demandas de preferentes, lo que equivale a 35 procedimientos nuevos por juez. «Si tenemos en cuenta que cada magistrado dicta una media de 30 sentencias al mes, eso significa que tendremos que dedicar un mes completo a las preferentes, lo que ralentizará la tramitación y resolución de todos los asuntos», se quejaba el decano.

Entre las medidas planteadas por las autoridades judiciales estaba la apertura de un juzgado bis que centralizara la tramitación de todos los procedimientos de preferentes, al modo y manera que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas con gran volumen de preferentistas, como Galicia.

Al frente del juzgado paralelo se situará la juez de Adscripción Territorial dependiente del TSJC, Cristina Roiz. Esta magistrada, juez de carrera adscrita al Tribunal Superior desde marzo de 2011 con la función de cubrir vacantes de larga duración, ausencias temporales de un titular o llevar a cabo funciones de refuerzo, ha pasado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, el Juzgado de lo Mercantil y el de Primera Instancia e Instrucción de Laredo, su último destino. Además, el Ministerio de Justicia ha hecho un ofrecimiento a los secretarios judiciales titulares por si alguno de ellos está interesado en asumir también las competencias del juzgado bis. De lo contrario, Justicia, de quien dependen estos funcionarios, nombrará a un secretario judicial.

Pero la mayor parte del esfuerzo económico recaerá sobre la Administración regional, con competencias en personal y medios materiales. Será la Consejería de Presidencia y Justicia la que dotará al nuevo órgano judicial de al menos cuatro funcionarios (un gestor y tres tramitadores), según ha podido saber este periódico, que centralizarán el papeleo que generan las demandas relacionadas con las preferentes en Santander. Tendrá que dotar también al nuevo Juzgado de los medios necesarios para su funcionamiento. Con todo, el principal problema es buscar una ubicación al nuevo órgano judicial, porque el complejo de Las Salesas está saturado. Desde el Gobierno se guarda absoluto mutismo en torno al asunto, porque la iniciativa será presentada en breve en un acto, en el que está prevista la presencia del jefe del Ejecutivo, Ignacio Diego, y el presidente del TSJC, César Tolosa.

Santander concentra el mayor número de afectados por las preferentes, la mayor parte en Liberbank, la antigua Caja Cantabria. Hasta el pasado mes de abril, los juzgados civiles registraron un crecimiento sostenido de demandas derivadas de la comercialización de este producto. Así, hasta abril se presentaron 60 procedimientos de preferentes, pero en junio la cifra se disparó de forma alarmante hasta alcanzar las 95. En mayo sumaron 87, pero sólo en los primeros 19 días de junio las causas se elevaron ya a 71, una dinámica imparable que amenaza con bloquear los juzgados civiles.

Reunión

Esta mañana el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha reunido con César Tosolosa, en un encuentro en el que ha estado presente el director general de Justicia, Ángel Santiago.

Diego ha destacado el hecho de que Cantabria sea la primera comunidad en habilitar un juzgado especial para atender a los afectados por las participaciones preferentes, una iniciativa que es fruto ha dicho- de la sensibilidad que sobre este asunto comparten tanto el Ejecutivo cántabro como el TSJC.

Según ha explicado, la puesta en marcha de este órgano judicial servirá para, en primer lugar, dar una respuesta rápida y homogénea a esta problemática social que en Cantabria afecta a cientos de personas y, en segundo lugar, para evitar la dilación del resto de procedimientos judiciales de los ciudadanos.

César Tolosa ha agradecido el esfuerzo del Gobierno regional y, singularmente, de la Consejería de Presidencia y Justicia que dirige Leticia Díaz por la sensibilidad demostrada ante este asunto.