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Cuatro grupos empresariales optan al contrato para finalizar las obras de Valdecilla. / Sane
Aumento del precio estimado inicialmente

El contrato de Valdecilla será inalterable los 10 primeros años

Las empresas disponen hasta el 17 de octubre para presentar sus ofertas definitivas | Diego afirma que el aumento del presupuesto de licitación hace más atractivo el contrato

David Remartínez

Viernes, 13 de septiembre 2013, 18:24

El Gobierno regional ya ha cerrado las condiciones del contrato para terminar la ampliación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con un aumento del precio estimado inicialmente, según informa hoy EL DIARIO MONTAÑÉS. De los 660 millones de euros calculados en total para un periodo de concesión de dos décadas se pasa a un máximo de 760 millones, a causa de la inclusión de la factura de energía eléctrica y de la construcción de un Centro de Proceso de Datos que organice la gestión informática. Sumado el IVA para esos 20 años, unos 110 millones, el coste final para la Administración se eleva a 870 millones, que pagará de dos formas: mediante un canon anual de 38 millones, y con la concesión de todos los servicios no clínicos del hospital a la adjudicataria.

Los cuatro grupos empresariales en lid (OHL-Giroa SAU; Ferrovial-Siec; San José-Elecnor-Ortiz; y Dragados-Copsesa-Acciona-Iridium) disponen ahora hasta el 17 de octubre para presentar sus ofertas definitivas, y competir tanto en la rebaja del coste, como en la calidad de los servicios y obras a prestar.

La vicepresidenta y consejera de Sanidad ha añadido esta mañana nuevos matices durante una rueda de prensa convocada para informar de la asistencia a extranjeros. El contrato será inalterable durante los diez primeros años de vigencia, transcurrido lo cual solo se podrán revisar sus condiciones si se constata una "ruptura tecnológica", esto es, una transformación en la gestión hospitalaria de tal calibre "que cambiase totalmente la estructura de trabajo" y por ende, sus costes. Aunque no ha detallado más, María José Sáenz de Buruaga ha sugerido que tal hipótesis es improbable. De cualquier forma, hasta transcurrida esa primera década la adjudicataria asumirá posibles variaciones en, por ejemplo, el mencionado precio de la energía, en virtud de los "mecanismos de reequilibrio" que estipula el contrato.

También ha incidido en otros aspectos para enfatizar que la administración mantiene la sartén por el mango. Primero, la garantía del mantenimiento de buena parte de los empleos afectados, garantía total en los estatutarios (266) y de al menos 41 en los ahora externalizados. Además, "el contrato tiene estándares de calidad, de máximos, para todos los servicios que se externalizan muy superiores a los de cualquiera de los contratos que aún se mantienen en vigor". Y por último, hay "garantías de control y seguimiento" respaldadas por "multas, deducciones en el canon" y otras posibles sanciones a la concesionaria.

Obras de mejora

Puede que alguna de los cuatro grupos que han participado en el diálogo competitivo, la fase inicial que ha desembocado en esta licitación definitiva, no concursen finalmente, como ya sucedió en el anterior proceso, del que se descolgaron otros cuatro grupos que se habían interesado por tan sustancioso negocio. Buruaga ha destacado que la parte correspondiente a la conclusión de la obra y el equipamiento sigue con los números iniciales: 81,9 millones sin IVA, o 99,1 millones con él. La Administración ponderará otras obras de mejoras sobre el plan funcional del hospital, caso de la segregación del Área Materno Infantil o la mejora de las comunicaciones horizontales y verticales entre los bloques que compondrán el nuevo complejo sanitario. Una vez más, ha insistido en que los 12 grupos de servicios no clínicos, en su mayoría ya disgregados en 40 contratos externos, suponen ahora 560 millones de euros durante los próximos 20 años, el plazo de concesión de la licitación en curso, por lo que el modelo de colaboración público-privada ofrece un coste "equilibrado y ajustado". A quienes lo censuran, les ha recomendado "recapacitar", porque "la mentira tiene fecha de caducidad". Esto es, que, según defiende el PP, la gestión sanitaria seguirá siendo pública por completo.

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