Sanidad establece dos fórmulas para atender a los extranjeros

El Gobierno regional ha ideado dos mecanismos para mejorar la asistencia clínica a los extranjeros a los que hace un año les retiró la tarjeta sanitaria en cumplimiento del real decreto aprobado por el Gobierno central. A quienes dispongan de recursos económicos les ofrece una cuota mensual de 60 euros si son menores de 65 años, y de 157 euros si superan dicha edad. Pueden acogerse a esta opción "europeos que quieran suscribir estos convenios, nacionales de terceros países que durante su estancia en Cantabria quieran formalizarse para ser atendidos en el sistema público", y también "españoles que no trabajen pero que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros, los denominados rentistas".

La segunda alternativa, según ha explicado esta mañana la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, se dirige a los extranjeros en apuros, es decir, a quienes cumplan estos tres requisitos: llevar al menos un año empadronados en algún municipio de la región; ingresar menos de 532,51 euros mensuales (el límite del Indicador de Renta de Efectos Múltiples); y carecer de "condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud, no tener suscrito convenio especial, ni poder exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen o procedencia". Quienes acrediten este retrato recibirán la asistencia gratis merced a un documento identificativo distinto de la tarjeta convencional que les fue retirada en 2012.

El Gobierno ha copiado el sistema del que ya aplica la sanidad gallega, según ha indicado Buruaga. Tras la rueda de prensa, se reunía con organizaciones no gubernamentales para presentarles la novedad y tratar de convencerles de su idoneidad: "Espero contar con su respaldo" ha confiado.

La consejera ha hecho coincidir el anuncio con la misma fecha en que entró en vigor el mencionado real decreto el año pasado. Ha vuelto a incidir en que su pretensión no era "excluir a los extranjeros en situación irregular ni tan siquiera generar ahorros". El propósito era "poner freno a los abusos derivados del turismo sanitario", concepto sobre el que sin embargo la Administración carece de cifras. Buruaga no ha podido concretar cuánto dinero ha conseguido facturar la sanidad cántabra durante este año por aquellas asistencias a foráneos a los que luego se les ha facturado el servicio recibido.

Regularización de extranjeros

Sí ha especificado que un 32%, de los 4.810 extranjeros irregulares a quienes perjudicó la exclusión, o 1.528, "han regularizado su situación y disponen de tarjeta sanitaria, la inmensa mayoría tras darse de alta en la Seguridad Social, con lo que cotizan y pagan impuestos como todos los españoles".

Cantabria ha prestado en estos 12 meses "9.069 asistencias a no asegurados", 5.754 de atención primaria y 3.315 de especializada. Aunque la consejera tampoco ha podido especificar qué proporción de esas 9.000 intervenciones beneficiaron a extranjeros insolventes, sí ha indicado que el 56% de la atención primaria la recibieron menores de 18 años, que no pagan. "Valdecilla, Sierrallana y Laredo han pasado a lo largo del último año 2.342 consultas a personas en situación irregular, a las que se suman 837 casos atendidos en urgencias, ha añadido, con más cifras globales.

Según Buruaga, "desde el primer momento dijimos que ninguna persona cualquiera que fuera su origen, procedencia o situación iba a quedar desasistida en Cantabria, y así ha sido".