El presunto ideólogo de la operación 'Trigo Limpio' niega todas las acusaciones

El abogado imputado en la operación 'Trigo Limpio' por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, Rodolfo M.P., ha declarado este martes que "nunca" ha facilitado a terceros sociedades 'pantalla' para ocultar sus actividades económicas y eludir obligaciones fiscales. También ha negado haber participado en operaciones de compraventa inmobiliaria y cobrar un porcentaje en lugar de 'minutar' sus servicios como abogado.

"No, nunca y en ningún caso", ha respondido en ambos casos el acusado a sendas preguntas de la abogada del Estado, que ejerce la acusación en representación de la Agencia Tributaria. Ésta ha llamado la atención sobre la "falta de minutas" en la extensa documental de este procedimiento judicial. El abogado ha estimado que los servicios prestados a los acusados en este proceso eran de asesoramiento jurídico y "representaban aproximadamente el 20%" de su facturación. "Era un empleado, contrataban mis servicios para redactar contratos, hacer facturas....cómo cobran y lo que hacen con el dinero lo desconozco; no intervengo en la intermediaciónn ni en las negociaciones, sólo en las cuestiones jurídicas", ha reiterado Rodolfo M.P., quien ha prestado declaración durante más de seis horas entre lunes y martes.

Así, ha reiterado que confeccionaba facturas de empresas como Minalcom y Arroyo de Aguanaz siguiendo las indicaciones que le daba su cliente, José Ángel C.I., administrador de varias sociedades 'pantalla', que según la fiscalía ejercía el papel de "testaferro" y que no ha sido imputado en esta causa por padecer alzheimer. El acusado ha señalado que su relación con José Ángel "no era sólo de abogado-cliente, sino de cierta amistad", y ha recalcado que "nunca jamás" tuvo ningún poder de Minalcom, Arroyo de Aguanaz ni de Jose Angel, salvo el poder general para pleitos.

Su defensa

A preguntas de su abogado, Rodolfo M.P. ha tratado de desmontar la versión y la imagen que José Ángel dio de sí mismo en sus declaraciones ante la policía y el juez instructor en 2007, de las que se dio lectura este lunes al comienzo del juicio. Así, ha desgranado su curriculum laboral como "profesor de mercantil y contabilidad, jefe de contabilidad en Solvay o gerente económico del extinto hospital Madrazo", le ha definido como un hombre "inteligente y capaz", "acostumbrado a mandar y organizar equipos", y ha recalcado que el bungalow de 50 metros cuadrados donde vivía de alquiler "no era ningún chamizo" y estaba ubicado en una urbanización residencial en el alto de Laredo con unas vistas "extraordinarias".

Ha añadido que a finales de 2006 le empezó a notar que incurría en repeticiones y tenía problemas de memoria, pero para esa fecha "estaba ya en tratamiento médico, se había alejado de la actividad, estaba en su casa", y mantenía "un nivel de vida" que no es propio -ha dicho- de una persona "necesitada". Ayer afirmó que durante la instrucción se ha demostrado que tenía más dinero en el banco que él y que muchos de los acusados, y este martes ha reiterado que pagó una finca con un cheque de 2,4 millones de euros y a continuación la vendió por 3,6 millones, por lo que tenía que tener dinero.

Asimismo, ha asegurado que no fue hasta finales de 2006 cuando tuvo la "primera noticia" de que su cliente "no había cumplido sus obligaciones tributarias" y tuvo conocimiento de que "estaba actuando de forma irregular y no estaba haciendo nada de lo que a él le decía que hacía".

En las declaraciones que prestó ante la policía y el juez instructor en 2007, José Ángel testificó que era el administrador de cuatro empresas aunque "han podido falsificar su firma en otras"; que sólo firmaba facturas, que por ello le daban "propinas de 500 euros o más"; que iba al banco con el abogado a cobrar talones y le daba a él el dinero; que "tenía situación de hambre y de algo tenía que vivir"; que con lo que le daban por hacer estos trabajos y su pensión de 600 euros "empezó a respirar"; y que le han tratado "siempre bien".

Señaló también que le utilizaban porque "daba menos el cante", y que Rodolfo, el abogado, "era el único que tenía personalidad para que las cosas marcharan bien". Añadió que no era informado del volumen económico de las operaciones, y que "podía sospechar" que se trataba de sociedades "inexistentes" pero "no tenía ni idea".

Sin embargo, Rodolfo M.P. ha asegurado, a preguntas de la abogada del Estado, que "era él el que me controlaba a mí, me decía lo que quería hacer", y redactaba los contratos o facturas "siguiendo sus indicaciones". "Hacía lo que quería cuando quería", ha reiterado.

En total hay 12 acusados para los que la Fiscalía pide penas que suman más de 70 años y multas millonarias. Para Rodolfo M.P., considerado por la fiscalía como el 'ideólogo' del "plan", pide 25 años y una multa de 2,35 millones de euros; y para el segundo principal acusado, José Antonio L.G., 27 años de cárcel y multa por la misma cuantía.