Los propietarios de pisos de uso turístico anuncian batalla frente al decreto regulador

Las más duras provienen, precisamente, de los propietarios de estas viviendas, que auguran una lluvia de demandas como consecuencia de una normativa que consideran «inconstitucional», y que generará «inseguridad jurídica» y «caos municipal».

Es lo que opina Javier Paino, presidente de Avutcan, la asociación que agrupa a cientos de propietarios, que ya estudia la posibilidad de solicitar medidas cautelares que paralicen la aplicación del decreto, a la vez que adelanta su intención de apoyar a cualquier propietario que actualmente cuente con un permiso para ejercer la actividad y quiera iniciar acciones legales contra su ayuntamiento en caso de que ahora, con la nueva reglamentación, no le conceda el certificado de compatibilidad obligatorio. «Todo aquel que tiene una licencia legalmente otorgada y que sea revocada en el futuro presentará una demanda por daños y perjuicios: hay una normativa que cumplían y ahora han cambiado las reglas del juego».

Paino, además, advierte de que el decreto «castiga al pequeño empresario y da vía libre a los fondos de inversión y a los fondos buitre, porque abre la puerta a que las empresas sean propietarias de las licencias, cuando antes sólo podían serlo propietarios individuales: han decidido que seamos empleados en lugar de microempresarios».

Ignacio Gutiérrez, responsable de Notel, empresa dedicada a la gestión de viviendas de uso turístico, cree que si esa «retroactividad» conlleva que se revoquen los permisos a quienes ya venían operando legalmente, eso empujará a la ilegalidad a sus propietarios. «Puedes poner las leyes que quieras, pero si el usuario lo demanda se encontrará la manera de hacerlo. Ahí está el ejemplo de Barcelona, donde salió un decreto muy similar al de Cantabria. A día de hoy, tres años después, te encuentras con el mismo problema de acceso a la vivienda de alquiler, con miles de apartamentos turísticos funcionando de manera ilegal, porque es imposible perseguirlos, y, al final, el perjudicado es el usuario, el huésped».

Por el contrario, desde el sector que representa a los alojamientos turísticos tradicionales, se agradece el interés de la Consejería por poner orden en la actividad, aunque consideren que el contenido del decreto sea mejorable. Así, Eduardo Lamadrid, presidente de la Asociación de Hostelería, considera que «para que la oferta turística sea buena y de calidad se debería regular qué tamaño tienen que tener las viviendas de uso turístico, cuántas personas pueden entrar en tantos metros de habitación, y eso no se toca». Echa también de menos la exigencia de un seguro de responsabilidad civil, aunque valora positivamente las nuevas exigencias de seguridad que establece el decreto.

Son observaciones que comparte con él Eneko Valle, presidente de la Asociación de Cámpings. «Coincidimos plenamente en la necesidad de fomentar un turismo de calidad, y para ello es fundamental que todo lo que se salga de la legalidad y no esté normalizado o regulado mediante decretos específicos, sea objeto de regulación». «Valoramos positivamente este paso adelante en la regulación de las viviendas de uso turístico, creemos que va en la buena dirección y confiamos en que se sigan incorporando mejoras que refuercen un modelo turístico sostenible, legal y de calidad para todos».

«El Gobierno ha intentado hacer un encaje entre lo que puede hacer y lo que se le ha pedido, y ha sacado algo más o menos aceptable», opina Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural. «Al menos, para nosotros, es un paso importante porque de alguna manera demuestra que hay un compromiso por parte de la Consejería de Turismo de poner un poco de límite a todo esto».

El nuevo decreto traslada a los municipios la responsabilidad de regular la actividad, una competencia exclusiva, según se recordó desde la Consejería. Para el presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Mazcuerras, Francisco Javier Camino, «es de agradecer que los ayuntamientos tengamos autonomía en nuestros planes generales y normas urbanísticas y que podamos decidir dónde puede haber viviendas de uso turístico y dónde no». Recordó además que el consejero de Turismo tiene previsto mantener un encuentro con todos los alcaldes el próximo 4 de agosto para explicar el contenido del decreto y aclarar las dudas que puedan surgir.

Entre los regidores, Teresa Noceda, al frente de la Corporación de Comillas, señaló que su Ayuntamiento tiene regulada la actividad desde 2008 con una serie de requisitos a cumplir por los titulares de las viviendas. «Este decreto no nos añade nada nuevo, ninguna herramienta para dejar de dar licencias: nos gustaría que pusieran un freno, un número máximo de viviendas».

En Potes, Javier Gómez cree adecuado que los ayuntamientos tengan esa autonomía para decidir, aunque no descarta que deban hacer frente a algunos problemas. «Hasta ahora se trataba de algo que dependía de Turismo, y puede darse el caso de que una de estas viviendas cuente con una autorización que nosotros no habríamos dado, y ahora tendremos que decidir sobre si debemos cerrarla o conceder un permiso que no dimos y sobre el que no nos pidieron opinión». Gómez, no obstante, augura que el fenómeno de la vivienda de uso turístico terminará regulándose por sí mismo al entender que el aumento de la oferta reducirá progresivamente su rentabilidad.