Sindicatos y Gobierno chocan en los cambios necesarios para cubrir puestos de funcionarios

Ayer, precisamente, se produjo la primera reunión de la legislatura entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la Junta de Personal. Un encuentro que duró alrededor de una hora y que estuvo precedido por cierta polémica, ya que los sindicatos denunciaron la «actitud poco cooperativa» del Gobierno del PP durante los últimos meses, con decenas de escritos registrados que no han recibido respuesta y peticiones de reuniones que no se han concretado hasta que se produjo «un encierro» de los representantes sindicales este mismo mes.

En resumen, lo que los sindicatos exigen a Buruaga es la convocatoria anual de un macroconcurso de méritos entre los funcionarios, tal y como marca el decreto regulador, que permita cubrir los puestos que sean necesarios a causa de bajas, jubilaciones, traslados, etc. Esto supondría un cambio radical del sistema actual que lleva cuarenta años funcionando igual.

En la actualidad, estas plazas libres se cubren de dos maneras distintas. En primer lugar, con pequeños concursos aislados como los seis que este año ofertan 93 puestos. Y en segundo lugar, con las polémicas comisiones de servicio. Una herramienta que la ley califica como excepcional y que se utiliza de manera habitual para cubrir puestos vacantes. En estos momentos, en concreto, hay 605 funcionarios cántabros destinados en una plaza bajo la figura de la comisión de servicio, un récord histórico en la comunidad, propiciado también por el notable aumento de empleados públicos, según defienden desde el Gobierno. En cualquier caso, esta figura está limitada a dos años por ley, un plazo que se incumple en demasiadas ocasiones. «Se han convertido en una designación encubierta, dejando de ser temporales y contribuyendo a la inestabilidad de la plantilla», señalan desde la Junta de Personal.

El Gobierno, sin embargo, no está dispuesto a asumir ahora unos macroconcursos, según palabras de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que «bloquearían y paralizarían» a la Administración, como ya ocurrió con la última convocatoria, la de 2019, que tardó tres años en resolverse. Los sindicatos creen que este 'cuello de botella' podría resolverse con una mejora del sistema informático que evitara el colapso de los técnicos encargados de valorar los méritos presentados por los funcionarios para optar a la plaza. Urrutia, por el contrario, cree que se trata de «objetivizarlos», y eso no se consigue con un programa informático.

Aunque la reunión entre la presidenta y los sindicatos se desarrolló, según ambas partes, en un buen clima, las diferencias en el contenido son tan importantes que parece complicado que puedan llegar a encontrarse, aunque sí coinciden en que el uso abusivo de las comisiones de servicio no es, desde luego, el sistema ideal. Y también hay voluntad de seguir hablando del tema. El primer paso lo darán los cinco sindicatos que forman la Junta de Personal, con una postura unánime sobre la solución a este problema, y que elaborarán una propuesta para que Buruaga y Urrutia la estudien. Después se elaborará un calendario de negociaciones con el objetivo de que en un plazo de seis meses haya un acuerdo. «Intentaremos encontrarnos en el medio, porque desde luego no estamos a favor de los macroconcursos que proponen», señala Urrutia.

No es la primera vez que ambas partes chocan esta legislatura por este asunto. La Junta de Personal ya anunció que presentaría una demanda contencioso administrativa contra el Ejecutivo cántabro por «incumplimientos» en el decreto que regula la convocatoria de concursos de méritos, al haber puestos de determinados grupos que «no se cubren desde hace cinco o seis años».