El interventor no detecta las irregularidades denunciadas por Educación en la Joscan

El interventor tacha de «deducciones u opiniones» todas las imputaciones realizadas por la inspectora de Educación, María Mercedes García, a la que echa en cara no haber presentado «ninguna prueba o hecho» que demuestre sus sospechas. «No cabe reprobar la actuación de nadie en la gestión económica de la Joscan. Todo ha sido aclarado por los responsables de forma transparente y aportando documentos y pruebas», ratifica el alto funcionario, que considera muy esclarecedor que todos los gastos fueran aprobados por el Consejo Escolar y que ni la directora del Conservatorio Jesús de Monasterio –del que depende formalmente la Joscan– ni el administrador observaran actuaciones de las que se deduzcan irregularidades.

¿Por qué entonces la Consejería decide acusar públicamente al responsable de la Joscan, prescindir de él y dar un vuelco a la estructura de la orquesta sin esperar a las conclusiones de la investigación? Las respuestas hay que empezar a buscarlas en septiembre de 2015. Hasta esa fecha, esta institución llevaba cuatro años, desde su creación, multiplicando sus actuaciones, su prestigio y su presupuesto. De los 18.000 euros con los que empezó a funcionar en su primer curso pasaron a gestionar 70.000 hace dos años. También había recibido el respaldo político tanto del anterior bipartito, que dio luz verde a su fundación pocos meses antes de perder el Gobierno en 2011, como del PP tras las elecciones.

La Joscan estaba en 2015 en su mejor momento. Se había consolidado como invitada fija al Festival Internacional de Santander (FIS) y su ‘Consagración de la Primavera’ de Stravinsky, en el concierto del de aquel verano, le valió el reconocimiento de la revista ‘Ritmo’, una de las más prestigiosas de nuestro país. Pero todo se empezó a torcer justo después, en septiembre, cuando la nueva Consejería de Educación, de nuevo en manos del PSOE tras los comicios de ese año, le prohibió organizar para 2016 su tradicional ‘Encuentro’.

A pesar de todo, el coordinador de la Joscan «puso en marcha toda la maquinaria», según la denuncia del Gobierno, para celebrar un concierto el 27 de marzo del año siguiente en la sala Argenta del Palacio de Festivales. López de Arroyabe envió a la inspectora de Educación un presupuesto de 17.258 euros que la Consejería decidió rebajar un 46% y exigir todas las facturas bien detalladas.

El director habitual de la Joscan, Jaime Martín, cedió la batuta de aquel concierto a Diego Martín Echevarría. La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria y Elin Skoup (soprano), Anna Zander Sand (mezzosoprano), Mikael Staenbaek (tenor) y Joakim Schuster (bajo) compartieron escenario con los 60 jóvenes músicos para interpretar la ‘Misa’ de Mozart.

Pero los aplausos de la platea no se repitieron en los despachos. La ausencia de los documentos del encuentro solicitados por la Consejería, la negativa de el coordinador de firmar el ‘conforme y suministrado’ y el desfase del presupuesto en 612 euros –en un segundo análisis, la Inspección lo deja en 186 euros– fueron suficientes razones para que la inspectora de Educación decidiera cortar por lo sano.

María Mercedes García firmó un documento, fechado en abril de 2016, en el que critica algunas actividades pedagógicas de la Joscan, como un viaje a Suiza en 2014 en el que «actuó en un supermercado, algo no muy didáctico, por cierto», señala. Se refería a la invitación que la asociación cultural Apach Academy hizo a la orquesta para ofrecer dos conciertos en aquel país. La agrupación de empresarios suizos corrió con todos los gastos de aquel encuentro. La inspectora acusa a López de Arroyabe, docente y durante seis años vicedirector del Conservatorio Jesús de Monasterio, de tomar decisiones sin consultar con los gestores de la institución, actuar «de manera partidista y «autodenominarse coordinador cuando se desconoce quién le otorgó tal nombramiento». Según el interventor, lo hizo la comisión gestora de la Joscan en 2011.

En el documento también hay una velada crítica política al anterior consejero de Educación del PP, Miguel Ángel Serna, al que la inspectora le reprocha que concediera las peticiones económicas y de liberación de horarios sin ningún tipo de informe preceptivo.

En ese mismo informe, la Consejería solicita una investigación para saber si el coordinador «ha actuado de acuerdo con la legalidad o ha realizado uso indebido de fondos públicos». Mientras dura el proceso, como medida cautelar, Educación decide sustituirlo de sus funciones, «sin olvidar que ha realizado actos que pueden ser constitutivos de apertura de expediente disciplinario como funcionario de carrera». Seis meses después, y sin esperar a que terminara la auditoría de la Intervención, la Consejería nombró a José Manuel Saiz como nuevo coordinador.

La auditoria refleja cómo el Consejo Escolar no puso ningún reparo a los presupuestos que la Joscan presentó para los dos encuentros de 2015. El de marzo (12.977 euros) y el de verano (57.027). El interventor también comprobó el libro de actas, en el que está recogido que se aprobaron todos los presupuestos durante el periodo auditado.

Liberbank es la entidad bancaria que utiliza el Conservatorio para realizar sus operaciones financieras. Durante todo el periodo auditado, la totalidad de los pagos y transferencias con cargo a esta cuenta fueron firmados de forma mancomunada por la entonces directora del Conservatorio Jesús de Monasterio y el administrador. Precisamente, a raíz de estas pesquisas, la exresponsable del centro entregó un informe en septiembre del año pasado en el que revelaba que «nunca nadie de la Consejería hizo alguna recomendación o cuestionó la gestión económica».

El interventor sí encuentra durante la investigación algunos detalles a los que no da mucha relevancia en el análisis global, pero sí reflejan ciertas anomalías contables. Por ejemplo, el conservatorio no solicitó autorización al Gobierno para ocho operaciones de más de 1.800 euros –pernoctaciones, transporte, alquiler de salas, gabinete de prensa, partituras, dípticos...– como establece la ley. La Joscan infringió, por tanto, la instrucción interna de la Consejería.

El alto funcionario también considera que el concepto sobre compra de material «plantea algunas dudas razonables sobre su necesidad», al entender que estos recursos ya existían en el conservatorio (ordenador portátil, teléfono móvil, escáner y material diverso). Estamos hablando de 4.830 euros en total en los cinco años auditados. También constata un «aumento desmesurado» de gastos externos que no son de índole educativa. El dinero para publicidad y para la página web pasa de 3.288 euros en 2011 a 9.944 en 2015.

Por último, señala el hecho de que la asociación cultural ‘Nubero’, fundada por el coordinador junto a otras dos personas, facturó 6.305 euros entre los años 2011 y 2012 en concepto de organización de encuentros.