Inmigración y moderación salarial

En un reciente comunicado ad hominen UGT-Cantabria «se opone a que el principal acicate de la riqueza y la competitividad de las empresas sea una moderación o flexibilidad salarial de los trabajadores, sean inmigrantes o no puesto que todos ellos tienen derecho a que se cumplan sus convenios colectivos»[sic]. En realidad, la moderación salarial introducida por los inmigrantes y las mujeres masivamente incorporados al mercado de trabajo ha sido el principal pilar de nuestro crecimiento económico en la última década, y seguirá siéndolo a la vista del escaso avance de la productividad.

En el primer año de carrera de Económicas se explica que la moderación salarial es el aumento de los salarios a un ritmo similar al de la inflación prevista, dejando las otras compensaciones en la retribución anual para las mejoras en productividad. Por su parte, los convenios colectivos se supone deben incentivar los cambios organizativos necesarios para incrementar la productividad y las reglas de juego para la distribución de los beneficios asociados al aumento de aquella en forma de complementos salariales o creación de empleo adicional. Esta fue la fórmula que permitió la edad dorada del crecimiento económico en los países europeos entre 1950 y 1973, la etapa de mayores aumentos de los salarios reales de la historia, y la que se ha intentado copiar en España con resultados dispares desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores.

En una economía abierta, la moderación salarial es la garantía de la creación de empleo, y se mide en términos agregados, para sectores, regiones o toda la economía nacional. Como el mercado de trabajo está segmentado, lo que importa es el agregado total, por lo que la incorporación de los inmigrantes a los trabajos de menor productividad, salarios más bajos (en donde no pueden cobrar antigüedad al ser de nueva creación) y mayor temporalidad que rechazan los parados españoles (este verano, 200.000 empleos sin cubrir en un país con una tasa de paro del 8,5%) contribuye a la moderación salarial, como muestra el último 'Informe de Coyuntura' del Banco de España.

A pesar de la elevada dispersión en tasas de paro entre ocupaciones y regiones (con algunas como Andalucía que, merced a la rigidez introducida por el PER, es a la vez uno de los principales destinos de acogida de inmigrantes), «la flexibilidad salarial que ha supuesto para el mercado de trabajo el importante shock de oferta protagonizado por la inmigración y la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral» ha permitido el descenso del paro estructural acercándolo a la tasa de paro de equilibrio (aquella que es compatible con un crecimiento estable de la inflación).

En otras palabras, gracias a la moderación salarial que implica la inmigración -que permite, además, que los inmigrantes integrados en el segmento peor pagado del mercado de trabajo generen demanda agregada para los bienes producidos por los trabajadores nacionales del segmento mejor pagado- la economía española mantiene a raya la inflación, bloqueando el coste social que tendríamos a medio plazo en forma de menor actividad y menor creación de empleo al empeorar nuestra competitividad internacional por aumento del diferencial de inflación. Pero lejos de mí defender el argumento de la competitividad basado en costes: intentar a estas alturas una competencia en costes es inviable para los países y regiones desarrollados en un mundo en que 850 millones de trabajadores ganan menos de dos dólares al día y las empresas practican el outsourcing (la externalización de los procesos menos eficientes) y el offshoring (deslocalizar eslabones de sus cadenas de valor hacia los destinos de menor coste) para poder seguir operando en sus centros de los países europeos.

Para mantener las ventajas competitivas lo importante son los costes unitarios y, por tanto, la evolución de la productividad, que depende críticamente del nivel de formación de los trabajadores. En los últimos años, los sindicatos, a través del Forcem, han recibido una ingente cantidad de recursos públicos destinados a la formación de los trabajadores. A la vista de la evolución de la productividad, a muchos nos gustaría poder consultar un balance de resultados de las acciones de formación, por no hablar de planes de empleo que insisten en una estructura de trabajo y de distribución de la actividad terminales y tampoco se someten nunca a sistemas públicos de evaluación.

En España, muchos sectores económicos convencionales se debaten hoy en medio de las dificultades para hacer upgrading (esto es, elevarse tecnológicamente para combatir su sobredimensión y carácter maduro), mientras los gobiernos del Estado y las regiones distraen esfuerzos y recursos demorando la emergencia de los sectores de futuro más de lo deseable. Resulta comprensible que los sindicatos concentren sus actuaciones en lo primero, ya que ahí reside buena parte de su clientela. Lo que no me parece de recibo es que un sindicato regional me malinterprete inelegantemente con un discurso que puede acabar justificando las políticas de restricción de la inmigración: existen precedentes históricos en otros países y así lo han entendido muy bien los inmigrantes. Con la globalización (y la inmigración es la cara humana de la misma), los países ricos con escasez de mano de obra, «pueden -como dice Guillermo de la Dehesa- intentar mantener su nivel de producción interior atrayendo inmigrantes o pueden desplazar aquellas tareas para las que no encuentran mano de obra suficiente y competitiva a los países en desarrollo donde sí existe».

Es obvio que la economía española y la cántabra están optando mayoritariamente por lo primero, así que, por fortuna, continuaremos encajando más inmigrantes y tendremos nuevas regularizaciones en el futuro. En ese contexto, los sindicatos deberían contribuir a la creación de una nueva ciudadanía inclusiva, cumpliendo la parte que les toca en la integración, que es bidireccional, y deberían apoyar públicamente también el derecho de sufragio activo y pasivo de los inmigrantes. Ese es el discurso que he mantenido desde la Cátedra Cantabria, porque los derechos políticos, como evidencia nuestro sistema democrático, son la garantía de los derechos sociales de los trabajadores. Entre tanto, y confiando en que los sindicatos se animen a reclamar los primeros, seguiremos informando. Para mantener las ventajas competitivas lo importante son los costes unitarios y, por tanto, la evolución de la productividad, que depende críticamente del nivel de formación de los trabajadores