Hormaechea y otros seis exdiputados cobran la pensión máxima gracias al Parlamento

Los nueve diputados que cobran complementos por parte del Parlamento de Cantabria han ejercido su labor política a lo largo de muy diversas legislaturas y desde la mayor parte de los partidos. Algunos se ellos son tan conocidos como el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea.

Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria y exalcalde de Santander, es uno de los exdiputados a los que el Parlamento paga un complemento cada mes para que puedan percibir la cantidad más alta de la pensión pública de jubilación: 32.069 euros al año. De esta compensación, regulada por una serie de acuerdos adoptados por unanimidad por la Cámara regional entre los años 1999 y 2002, se benefician sólo siete de los 188 miembros que ha tenido el Legislativo desde su constitución. Además de Hormaechea, se trata de Manuel Pardo Castillo, José Martínez, Esteban Solana, Isaac Aja, Manuel Blanco y Jose Antonio Gutiérrez. Los complementos, que oscilan entre los 200 y los 1.900 euros mensuales, suponen un desembolso anual cercano a los 100.000 euros para el Parlamento. Además, la Cámara también proporciona, sin llegar al máximo de la pensión de jubilación, una ayuda adicional a dos exparlamentarios: Carmen Calderón y Mariano González.

En las últimas semanas, la reforma de las pensiones ha puesto en tela de juicio las condiciones especiales de parlamentarios y diputados de prácticamente todas las cámaras españolas. Incluso, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que su partido promoverá una reforma para acabar con estos «privilegios». El presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, han remitido sendas cartas a los grupos políticos para recabar propuestas con el objetivo de revisar el actual sistema de pensiones. Los partidos políticos vascos ya han anunciado su intención de revisar el generoso régimen de jubilaciones del sistema de pensiones de los altos cargos de su Gobierno.

Situación en España

La situación de los distintos parlamentos es muy dispar. En el caso de Cantabria, los diputados no tienen derecho a la percepción de la prestación por desempleo al término de su mandato. Pero quienes hayan sido miembros del Parlamento en régimen de dedicación absoluta y no renueven su escaño, pueden optar a una indemnización por cese que el Parlamento abona con cargo a su presupuesto.

El acuerdo de la Cámara cántabra establece que la cuantía de la indemnización por cese será el equivalente a una mensualidad de la asignación reglamentaria que cada parlamentario viniera percibiendo, en todos sus conceptos, por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades. Eso sí, hay que prestar servicio a la comunidad durante un tiempo mínimo. No tendrá derecho a la indemnización por cese el exparlamentario que haya permanecido en el cargo durante un tiempo inferior a dos años, sin perjuicio de que dicho periodo pueda sumarse al de posteriores mandatos.

De esta forma, un diputado cántabro con una legislatura a sus espaldas percibirá una indemnización de aproximadamente 10.000 euros si sólo se toma como referencia su sueldo 'base'. Los parlamentarios cántabros, tras el recorte impuesto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero el pasado mes de mayo, cobran cerca de 31.000 euros anuales brutos. En esa cantidad no se incluyen las dietas y complementos por participar en comisiones, mesas de trabajo, asistencia a sesiones plenarias y ostentar el cargo de portavoz. En el caso de éstos últimos, el sueldo se acerca a 5.000 euros mensuales.

Pero hay excepciones. El reglamento establece que no podrá percibir esta indemnización el exdiputado que continúe formando parte de otra Cámara parlamentaria; el que tenga reconocido el derecho a indemnización por otra Cámara parlamentaria de la que haya sido miembro, y el exparlamentario que desempeñe un cargo público electo o político de libre designación con retribución salarial o tenga reconocido derecho a una indemnización por el desempeño de un cargo público electo o político de libre designación. La normativa también cierra la puerta a sumar otro tipo de prestaciones del Estado. Mientras dure la indemnización por cese no se podrá percibir ninguna prestación social complementaria con cargo al presupuesto.

Los presidentes

Los presidentes del Gobierno y del Parlamento no disfrutan de ningún estatus especial distinto al del resto de los parlamentarios. El máximo responsable del Ejecutivo regional, cuyo sueldo asciende a 59.534 euros, no cobra nada cuando abandona el cargo. El lehendakari vasco tiene una remuneración de 97.518 euros y derecho a secretaria, oficina y coche con chófer durante los dos años posteriores a su salida del cargo. También percibe un complemento especial que eleva su pensión hasta la mitad de lo que recibe el lehendakari en ejercicio. El presidente de la Cámara cántabra cobra 59.000 euros anuales, frente a los 98.834 euros que percibe la máxima responsable del Parlamento vasco, que no tiene derecho a complemento de pensión.

Fuentes parlamentarias insisten en dejar claro que la actual normativa será modificada en cuanto se les requiera para hacerlo y en que, hasta ahora, todas las decisiones en relación con este asunto se han tomado por unanimidad. Afirman que tienen previsto adoptar las decisiones oportunas, «una vez sean conocidas las que puedan ser tomadas al efecto en las Cortes Generales y en otros Parlamentos autonómicos».