El Parlamento da el visto bueno a la recuperación de la mina de zinc

La mina de zinc en la comarca del Besaya está más cerca de ser una realidad. El proyecto para recuperar la vieja mina de Reocín ha superado este lunes el trámite clave para su puesta en marcha en el pleno del Parlamento de Cantabria. Allí, el Gobierno (PRC-PSOE), que ha votado a favor de la iniciativa, ha contado con el apoyo de PP y Ciudadanos y solo se ha encontrado con el 'no' de Podemos, que siempre se ha manifestado en contra de este proyecto.

El trámite parlamentario que se ha aprobado en el antiguo hospital de San Rafael ha sido nada más y nada menos que modificar la Ley del Suelo, algo que se ha visto motivado por el interés del Ejecutivo en acelerar el proceso burocrático, ya que una empresa canadiense, Emerita Resources, ha mostrado su máximo interés en invertir cerca de 400 millones de euros para extraer un millón de toneladas de zinc al año.

Según las estimaciones de esta compañía, la mina dará trabajo a alrededor de 1.500 personas entre empleos directos e indirectos durante los veinte años siguientes a su apertura. Si se cumplen los cálculos, el Puerto de Santander también vería incrementada su actividad en un 20%.

Volviendo a las bancadas del hemiciclo, el debate sobre su aprobación ha dejado más de una lectura. El PP, que tenía previsto abstenerse, ha decidido votar sí, pero con un matiz. Presentará una enmienda para intentar evitar "la posibilidad al fracking" que deja abierta la proposición no de ley propuesta por socialistas y regionalistas.

Por lo tanto, su apoyo, "con muchas cautelas", se fundamenta sólo en la "buena inversión" con "buenos resultados" que podría suponer para la comarca del Besaya. Pero en ningún momento creen que las expectativas sean tan "irresponsables" y "osadas" como vaticinan desde Peña Herbosa, que calculan una inversión de 400 millones de euros y la creación de entre 1.500 y 2.000 empleos. "No nos gustaría que fuesen fuegos de artificios", ha avisado el diputado 'popular' José Manuel Igual, quien ha asegurado que su partido no pondrá piedras en el camino al proyecto, pero tampoco ha garantizado que vayan a apoyar la proposición de ley.

Los que sí que han dejado clara su postura desde el principio han sido los diputados de Podemos. Han votado con un rotundo 'no' porque opinan que el proyecto "es una chapuza" y abre las puertas al fracking".

Además, no les gusta las formas burocráticas de socialistas y regionalistas. "No solo no debería tramitarse de forma urgente y carece totalmente de una mínima motivación, sino que además es probablemente anticonstitucional al invadir competencias municipales".

La formación morada avisa de que con esta proposición de ley "se eliminan la potestad del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos de denegar los permisos para la instalación de infraestructuras fuera del suelo rústico de especial protección minera".

Por su parte, Pedro Hernando y Silvia Abascal, portavoces de los grupos regionalista y socialista, respectivamente, han aprovechado su turno de intervención para negar relación alguna del proyecto de la mina con el fracking porque, recuerdan, "la modificación legislativa, aparte de ofrecer a Cantabria un marco normativo innovador, puntero y único en España, permite únicamente actividades de minería, excluyendo cualquier otra cosa".

También han censurado la postura de Podemos, único partido que ha rechazado el proyecto, por ser "una oda a la locura y un acto de demagogia". Hernando y Abascal han recalcado la "oportunidad" y el "impacto positivo" que la reapertura de las minas de Reocín puede suponer para la comarca del Besaya.

Nueva ley del fracking

Pero no ha sido el único momento de la tarde en la que se ha hablado de fracking. El pleno del Parlamento ha pedido por unanimidad al Gobierno regional que presente un nuevo proyecto de ley a la mayor brevedad posible para que la región pueda defenderse de todos aquellos proyectos de extracción de hidrocarburos que emplean métodos perjudiciales. También se ha logrado la unanimidad para solicitar la extinción del permiso Luena para extraer gas mediante fracking.

Además, el PRC ha aceptado una enmienda del PSOE para pedir la modificación de la Ley española de Hidrocarburos y la anulación de todos los artículos de esa norma que permitan la extracción de hidrocarburos a través de la técnica de la fractura hidráulica.

"El territorio cántabro está seriamente amenazado por el fracking. Necesitamos una respuesta coordinada de todas las administraciones de la región a través de los medios legales a su alcance", ha reclamado el regionalista Fernando Fernández, quien a su vez ha criticado la actitud del PP por votar "una cosa en Cantabria y otra en Madrid".

En esa crítica ha ondado el socialista Guillermo del Corral, al acusar a los populares de "blindar" el fracking en Madrid, mientras "teatralizaban" su oposición en Cantabria con una ley que anuló el Tribunal Constitucional. "No hay excusas. Contra el fracking solo hay un camino, su prohibición", ha señalado.

Mientras que Podemos y Ciudadanos se han limitado a reivindicar su absoluta oposición a esta técnica, el PP, a través del diputado José Manuel Igual ha rechazado los reproches a su partido y ha recordado que el "único" permiso de fracking concedido en Cantabria lo dio el Gobierno del PRC-PSOE en su anterior etapa.

Vuelta Ostrera

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha vuelto a insistir en la idea que ha repetido como un mantra. "Derribar la depuradora de Vuelta Ostrera sin una alternativa sería una catástrofe ambiental importante".

La también consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha tenido que repetir su idea para dar respuesta a las preguntas que le ha formulado Ciudadanos sobre las medidas que se van a tomar después de la anulación del último recurso presentado por el Gobierno de España.

En opinión de Díaz Tezanos, los plazos "están para cumplirlos" y considera que entre 2006 y 2020 "ha pasado tiempo más que suficiente" para derribar esa depuradora y construir una alternativa.

A la hora de atribuir responsabilidades, ha puesto sus ojos en el Gobierno central porque, a pesar de la "colaboración y ayuda" del Gobierno de Cantabria, Díaz Tezanos cree que es el Ejecutivo central el "responsable" de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, dictada en 2005 y que obliga a demoler Vuelta Ostrera.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ruben Gómez, ha reprochado al Gobierno regional que "mire para otro lado" y "eche la culpa" al Ejecutivo central cuando el "marrón" es para Cantabria, al afectar "a 130.000 ciudadanos, el 25 por ciento de la población regional".

Aunque sea de manera "simbólica", Gómez ha anunciado que su grupo defenderá en el próximo pleno una proposición no de ley para tratar de "empujar" para que la próxima vez que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, vaya a alguna televisión "también mencione el atropello" que supone el asunto de Vuelta Ostrera.