Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
La Audiencia condena al funcionario a siete años de cárcel tras ratificarse el pacto alcanzado con las acusaciones | El exjefe de Carreteras ingresará en la prisión alavesa de Zaballa el 8 de enero para pasar las Navidades con su familia | La mujer del funcionario y los cuatro empresarios no entrarán en la cárcel al suspenderles su pena durante dos años
El 'caso Obras Públicas' llega a su fin. La mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria se ha saldado este viernes –después de tres años y medio de investigación– con la condena pactada de los seis acusados por irregularidades en la adjudicación de obras en carreteras.
En una vista de conformidad celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria, la magistrada-presidenta del tribunal del jurado, Almudena Congil, condenó al principal acusado de la trama, el exjefe de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Diez, a siete años de cárcel, nueve años y tres meses de inhabilitación para empleo público, y multa de 963.227 euros como autor de los delitos de fraude en la contratación, cohecho, y blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil.
El funcionario –al que uno de los empresarios implicados denominaba el 'capitán'– será el único de los seis procesados que ingresará en prisión. Pero no lo hará en los próximo quince días, como suele ser habitual, sino el 8 de enero, después de que la magistrada atendiera –tras el visto bueno de las acusaciones– la petición de su abogado, que esgrimió varias razones para pedir esta excepción. El letrado alegó motivos de carácter familiar y laboral derivados del cambio de domicilio del funcionario y su familia, ahora vive en el País Vasco y trabaja como coordinador de obra en una empresa de allí para la que está realizando un trabajo que no podrá finalizar hasta finales del próximo diciembre. Además, su abogado también adujo razones de naturaleza penitenciaria, para gestionar su internamiento en el Centro Penitenciario de Álava, y «humanitarias», teniendo en cuenta la proximidad de las Navidades.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
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Adjudicaciones
de contratos
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de copistería
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blanqueado
Donaciones
a sus hijas
RUCECAN
(Hermanos Celis)
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tenía capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Era socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Sofía Diez del Río
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituyó junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Era el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Era apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
1 de julio de 2024
Los investigadores entregan su informe final a la jueza, que llama a declarar a los imputados.
19 de septiembre de 2024
«Alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco», declaró Diez.
11 de septiembre de 2025
El funcionario pacta con la Fiscalía una pena de cárcel de 7 años por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
8 de octubre 2025
La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas'.
28 de noviembre de 2025
La Audiencia Provincial condena a los acusados tras reconocer los hechos.
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
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(Hermanos Celis)
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tiene capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Es socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Sofía Diez del Río
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Era el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Era apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
1 de julio de 2024
Los investigadores entregan su informe final a la jueza, que llama a declarar a los imputados.
19 de septiembre de 2024
«Alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco», declaró Diez.
11 de septiembre de 2025
El funcionario pacta con la Fiscalía una pena de cárcel de 7 años por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
8 de octubre 2025
La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas'.
28 de noviembre de 2025
La Audiencia Provincial condena a los acusados tras reconocer los hechos.
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
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Cecilia
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Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tiene capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Es socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Sofía Diez del Río
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Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Era el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Era apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
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Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
1 de julio de 2024
Los investigadores entregan su informe final a la jueza, que llama a declarar a los imputados.
19 de septiembre de 2024
«Alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco», declaró Diez.
11 de septiembre de 2025
El funcionario pacta con la Fiscalía una pena de cárcel de 7 años por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
8 de octubre 2025
La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas'.
28 de noviembre de 2025
La Audiencia Provincial condena a los acusados tras reconocer los hechos.
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
Caso Obras Públicas
1 La trama
El jefe de servicio de Carreteras utilizaba su posición y la información privilegiada de la que disponía para ‘organizar’ las adjudicaciones de contratos de obras. Podía estar presente en la Mesa de Contratación, actuar como responsable del contrato o como facultativo de consultoría. También emitir informes sobre las condiciones de adjudicación o sobre las ofertas temerarias. Además, coordinaba a los licitadores para que se repartieran los lotes y hasta les ayudaba en la elaboración de las ofertas. O sea, que les prepararaba para un examen en el que él elegía los temas y se ocupaba de poner las notas.
Calafate Real Estate
El lavado
del dinero
Lismainor
Maidenor
Adjudicaciones de contratos
Ferrallas
Hipremón
Servicios ficticios de copistería
Nómina falsa
Dinero blanqueado
RUCECAN
(Hermanos Celis)
Donaciones a sus hijas
Miguel
Ángel
Diez
Api Movilidad
(José Luis Blanco)
La Encina
(José Saiz Gómez)
Beatriz
del Río
(Cónyuge)
Cannor
Sofía
Diez
(Hija)
Cecilia
Diez
(Hija)
Empresa
pantalla
(Parivara
Lagani)
2 Los protagonistas
Miguel Ángel Diez
Santander, 1966
Beatriz del Río
Legazpi, 1971
Es la mujer de Miguel Ángel Diez y administradora única de la mercantil Parivara Lagani a la que consta inicio de operaciones el 14 de julio de 2021, con domicilio social en el domicilio familiar, dedicándose a actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas en la Consejería de Obras Públicas. Ostentaba el papel principal de la trama, dado que es la persona que tiene capacidad de decisión e influencia en los expedientes de licitación.
Cecilia Diez del Río
Reinosa, 2001
Sofía Diez del Río
Reinosa, 2003
Hija de Miguel Ángel Diez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Sofía la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros. Es socia de esta empresa a partes iguales con su madre y su hermana.
Hija de Miguel Ángel Díez y Beatriz del Río. El 14 de julio de 2021 constituía junto a su madre y su hermana Cecilia la empresa Parivara Lagani, aportando para ello 50.000 euros.
José Saiz Gómez
Piélagos, 1959
Jose Luis Blanco
Burgos, 1974
Era el administrador único de Cannor Obras, Centro de Jardinería La Encina y La Encina Gestión Inmobiliaria.
Era apoderado de API Movilidad (capital social 3,1 millones) e Imesapi (capital social 4,3 millones), ambas con domicilio social en Madrid.
Secundino Vidal Celis
Valdáliga, 1972
Elías Celis
Valdáliga, 1969
Era el administrador único desde 2020 y apoderado desde 2009 de Rucecan.
Era el apoderado desde 2004 y administrador único hasta el 2010 de Rucecan.
3 La operación policial y judicial
Principios del año 2022
La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria comienza a investigar al funcionario por un incremento patrimonial derivado de la supuesta manipulación de adjudicación de contratos de Obras Públicas.
Septiembre de 2022
La Agencia Tributaria denuncia los hechos en el Juzgado.
Miércoles 22 de febrero de 2023
La UDEF de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detienen al funcionario, su mujer, sus dos hijas (en Madrid) y cuatro empresarios, y realizan registros en la Consejería de Obras Públicas y las empresas Rucecan, La Encina, API Movilidad. La jueza deja en libertad con cargos a las dos hijas del funcionario.
Viernes 24 de febrero de 2023
La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, envía a prisión provisional al funcionario y deja en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios.
4 de septiembre de 2023
La jueza pone en libertad a Miguel Ángel Díez al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas
1 de julio de 2024
Los investigadores entregan su informe final a la jueza, que llama a declarar a los imputados.
19 de septiembre de 2024
«Alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco», declaró Diez.
11 de septiembre de 2025
El funcionario pacta con la Fiscalía una pena de cárcel de 7 años por delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.
8 de octubre 2025
La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas'.
28 de noviembre de 2025
La Audiencia Provincial condena a los acusados tras reconocer los hechos.
4 Consecuencias políticas
22 de febrero de 2023
Gochicoa comparece a las pocas horas del registro y afirma que no existían sospechas previas. Revilla responsabiliza solo al funcionario y la oposición pide la comparecencia de ambos.
23 de febrero de 2023
El consejero asegura que no se aferrará al cargo, pero entiende que no es el momento de dimitir, sino de buscar soluciones. Mientras tanto, el Gobierno anuncia su personación
en el caso.
24 de febrero de 2023
Revilla muestra su plena confianza en el consejero regionalista y la oposición, con Buruaga a la cabeza, reclama los ceses de Gochicoa y del director general de Obras Públicas.
27 de febrero de 2023
El presidente cambia el discurso y ya no cierra la puerta a dimisiones, pero pide esperar a conocer el sumario. La oposición le exige que diga quién era el responsable de la supervisión.
28 de febrero de 2023
Revilla pide más tiempo para analizar los 4.000 folios y Buruaga exige dimisiones "ya". El PRC anuncia acciones legales contra quien vincule a sus cargos con las empresas investigadas.
3 de marzo de 2023
Tras aceptar la dimisión de José Luis Gochicoa, Revilla da por cerrada la herida política generada en el Gobierno y en el PRC por el escándalo de corrupción. «Está limpio, pero hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos. Soy consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia», asegura el presidente, que también anuncia la salida del director general de Obras Públicas, Manuel de Jesus.
La magistrada, que declaró la firmeza de la sentencia, también condenó a la esposa de funcionario, Beatriz del Río, como autora del delito de blanqueo de capitales en concurso medial con el delito de falsedad, al pago de una multa de 478.513 euros y a un año y un día de prisión, pena privativa de libertad que ha quedado suspendida durante dos años a condición de que durante ese periodo no cometa delito alguno. Además, acordó el comiso definitivo de la cantidad de 957.027 euros trabados durante las actuaciones al matrimonio condenado.
Por su parte, los empresarios Elías y Vidal Celis (Rucecan), José Luis Blanco Mazagatos (Api Movilidad) y José Saiz Gómez (La Encina y Cannor), que pagaron mordidas al funcionario, fueron condenados a dos años y un mes y medio de cárcel, tres años y ocho meses de inhabilitación especial para obtener subvenciones y ayudas públicas y para contratar con la administración, y 1.800 euros de multa, por delitos continuados de fraude en la contratación y cohecho.
Las penas de prisión de los cuatro empresarios también han quedado suspendidas a condición de que no delincan en un plazo de dos años y de que abonen una multa de 960 euros. Ahora habrá que ver qué pasa con los hermanos Celis, de Rucecán, teniendo en cuenta que en el 'caso Gesvicán', pendiente de señalamiento, han pactado el pago de un multa de 1.620 euros como cooperadores necesarios de un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público.
En todos los casos se ha tenido en cuenta la concurrencia de las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño, y es que los seis condenados han consignado judicialmente 1,6 millones de euros (las mordidas) para reparar el perjuicio ocasionado al Gobierno de Cantabria, que se ha estimado en esa cantidad. Ahora esas cantidades serán entregadas a la administración autonómica en concepto de indemnización. De su lado, las dos hijas del funcionario, Cecilia y Sofía, que ayer comparecieron en la vista por videoconferencia, quedan como partícipes a título lucrativo dentro del procedimiento. Es decir, su responsabilidad es de naturaleza civil, no penal. Su obligación es restituir los beneficios ilícitos o reparar el daño causado, hasta el límite de su aprovechamiento, y solo en la medida de lo que le sea exigible.
Las condenas
Miguel Ángel Diez
Exjefe de Carreteras
Fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Pena: 7 años y un día de cárcel, nueve años y tres meses inhabilitación, multa de 963.227 euros e indemnización de 749.648 euros.
Beatriz del Río
Esposa del funcionario
Blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Penas: 1 año y un díade prisión y una multa de 478.513,82 euros.
José Saiz Gómez
Gerente de la Encina y Cannor
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de 252.000 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Jose Luis Blanco
Api Movilidad
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y pagar 110.500 euros como indemnización.Además de la reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Secundino Vidal Celis
Administrador de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de una indemnización de 255.554 euros.Además de obtener una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Elías Celis
Apoderado de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por delitos de cohecho y fraude, así como el pago de una indemnización de 255.554 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Las condenas
Miguel Ángel Diez
Exjefe de Carreteras
Fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Pena: 7 años y un día de cárcel, nueve años y tres meses inhabilitación, multa de 963.227 euros e indemnización de 749.648 euros.
Beatriz del Río
Esposa del funcionario
Blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Penas: 1 año y un díade prisión y una multa de 478.513,82 euros.
José Saiz Gómez
Gerente de la Encina y Cannor
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de 252.000 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Jose Luis Blanco
Api Movilidad
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y pagar 110.500 euros como indemnización.Además de la reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Secundino Vidal Celis
Administrador de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de una indemnización de 255.554 euros.Además de obtener una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Elías Celis
Apoderado de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por delitos de cohecho y fraude, así como el pago de una indemnización de 255.554 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Las condenas
Miguel Ángel Diez
Exjefe de Carreteras
Fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Pena: 7 años y un día de cárcel, nueve años y tres meses inhabilitación, multa de 963.227 euros e indemnización de 749.648 euros.
Beatriz del Río
Esposa del funcionario
Blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Penas: 1 año y un díade prisión y una multa de 478.513,82 euros.
José Saiz Gómez
Gerente de la Encina y Cannor
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de 252.000 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Jose Luis Blanco
Api Movilidad
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y pagar 110.500 euros como indemnización.Además de la reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Secundino Vidal Celis
Administrador de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de una indemnización de 255.554 euros.Además de obtener una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Elías Celis
Apoderado de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por delitos de cohecho y fraude, así como el pago de una indemnización de 255.554 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Las condenas
Beatriz del Río
Esposa del funcionario
Miguel Ángel Diez
Exjefe de Carreteras
Blanqueo de capitales en concurso medial con falsedad en documento mercantil. Penas: 1 año y un díade prisión y una multa de 478.513,82 euros.
Fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Pena: 7 años y un día de cárcel, nueve años y tres meses inhabilitación, multa de 963.227 euros e indemnización de 749.648 euros.
Jose Luis Blanco
Api Movilidad
José Saiz Gómez
Gerente de la Encina y Cannor
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y pagar 110.500 euros como indemnización.Además de la reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de 252.000 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Elías Celis
Apoderado de Rucecan
Secundino Vidal Celis
Administrador de Rucecan
Dos años y un mes y medio de cárcel por delitos de cohecho y fraude, así como el pago de una indemnización de 255.554 euros. También ha obtenido una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Dos años y un mes y medio de cárcel por los delitos de cohecho y fraude, y el pago de una indemnización de 255.554 euros.Además de obtener una reducción de la inhabilitación para obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público a 3 años y 8 meses.
Amaño de contratos
Según los hechos que se recogen en el escrito de conformidad de todas las partes y que se llevarán a sentencia, el exjefe de Carreteras «se concertó a lo largo de muchos años en múltiples expedientes de contratación de obras con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones».
El principal acusado, «por razón del cargo desempeñado, tenía un dominio de hecho muy notable sobre los expedientes de contratación, tanto en la fase de elaboración, como en la adjudicación y en la ejecución». Diez aprovechó esa situación «quebrantando toda probidad exigible a su condición funcionarial y vulnerando los principios informadores de su menester», tales como «respeto a la neutralidad, objetividad, fomento de la libre concurrencia y protección del interés público».
Así, «se dedicó a adulterar sistemáticamente los procedimientos de contratación del Servicio de carreteras autonómicas» con diversas conductas como, por ejemplo, fomentar la concertación entre licitadores, prepararles las ofertas, valorar arbitrariamente las mismas, pactar los criterios de adjudicación de los contratos, o asesar a empresas en la preparación de la documentación que debían presentar.
A cambio de estas actuaciones, el funcionario «recibía cuantiosas remuneraciones, dádivas y favores por su incorrecto proceder» que «atendiendo al desproporcionado patrimonio acumulado por el acusado y su familia, han ido discurriendo a lo largo de los años sin poderse acreditar con certeza el montante total».
Durante la instrucción de la causa se halló en el domicilio del matrimonio 529.000 euros en metálico, así como una máquina para contar billetes, lo que «delata la percepción habitual de pagos en metálico derivados de las comisiones ilegales».
Trama para enmascarar los pingües beneficios
Para «enmascarar la obtención de los pingües beneficios obtenidos y dar una apariencia de legalidad a su dinero», el funcionario «simuló la realización de una actividad mercantil ficticia», constituyendo una sociedad supuestamente dedicada a fotocopias que carecía de actividad.
Así, «con la única pretensión de dotar de un soporte documental a las transacciones ficticias diseñadas con el propósito de ocultar los pagos y darles apariencia de legalidad», el matrimonio confeccionó «una retahíla de facturas presuntamente auténticas y las introdujo en el tráfico jurídico».
Por otro lado, el funcionario también ideó otras fórmulas de pago encubiertas, como la nómina de su esposa como trabajadora de una de las empresas de los acusados; el disfrute de un coche de alta gama que pagaba otra de las empresas; y el abono por parte de otra de las mercantiles de los gastos de obras y reparaciones en su vivienda, el pago de gasóleo y compras de material tecnológico. Asimismo, obtuvo numerosos regalos y favores, como entradas para los toros y para el fútbol, reservas de hoteles, pagos de forfait, acceso a un colegio mayor y consecución de un contrato de prácticas para sus hijas.
La cuantía total de las comisiones recibidas «sobre las que se puede afirmar rotundamente su origen ilícito» asciende a 1.623.257 millones de euros, repartidos en: 747.830 euros en concepto de actividad simulada de fotocopias, 144.353 euros de pagos por contrataciones, 59.427 euros de la nómina de la esposa en una de las empresas implicadas, 16.106 euros por el arrendamiento del vehículo de alta gama y 655.539 euros de dinero en metálico y valoración por regalos y favores.
Créditos
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Diseño, gráficos e ilustraciones David Vázquez Mata, Marc González Sala y Clara Privé
