Las incógnitas que deja el 'caso Obras Públicas'

La Fiscalía cifra en 1.623.257 euros el montante total de las mordidas que recibió Miguel Ángel Diez teniendo en cuenta los 747.830 euros de la actividad ficticia de fotocopias, los 144.353 de pagos por contrataciones, 59.427 euros por la actividad simulada de su esposa en La Encina Inmobiliaria, los 16.106 euros del valor del arrendamiento del Volvo XC40 y los 655.539 euros del dinero en metálico encontrado en su domicilio, así como la valoración por regalos y favores.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal reconoce que «recibió cuantiosas sumas de dinero en metálico que no se pueden precisar con exactitud al carecer de registros documentales».

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria recogió en uno de sus informes que el exjefe de Carreteras de Cantabria y su familia son propietarios de una veintena de bienes inmuebles y titulares (o cotitulares) de 35 cuentas o productos bancarios, y que a 1 de enero de 2022 el patrimonio total ascendía a 4,6 millones de euros. Lo que se desconoce es si Miguel Ángel Diez y su familia tienen más dinero o propiedades escondidas en algún lugar concreto o incluso en algún paraíso fiscal, a nombre de un supuesto testaferro.

El Gobierno de Cantabria considera que el perjuicio causado a sus arcas corresponde al 1.623.257 euros de las mordidas que recibió el funcionario, pero al no saberse el número exacto de contratos amañados tampoco se conoce el daño económico.

Lo cierto es que, más allá de determinar que los controles internos fallaron, no se ha celebrado ninguna comisión de investigación en el Parlamento para que los diferentes responsables de la Consejería de Obras Públicas dieran sus explicaciones.

La Agencia Tributaria detectó pagos al funcionario de otras diecinueve empresas desde 2003, lo que supuso que su patrimonio creciera en diez años (hasta 2012) de los 162.000 euros a 4,6 millones. Hubo un periodo, a partir de 2012 (coincidiendo con el Gobierno del PP presidido por Ignacio Diego), en el que los pagos cesaron y no se retomaron hasta 2019. Sin embargo, la jueza no indagó más en estos hechos al haber prescrito los supuestos delitos que podrían haberse producido entre 2003 y 2012. Ese incremento patrimonial era «imposible de justificar por vías legales», según la Agencia tributaria.

Ni en las escuchas telefónicas (que se prolongaron durante cuatro meses) ni en las diferentes diligencias realizadas por los investigadores han aparecido más implicados de los ya conocidos. Pero desde que se destapó la trama, muchos se han preguntado si algún compañero del funcionario o algún responsable político sabía algo y calló.

La Fiscalía recoge en su escrito de calificación siete expedientes de los que se desprenden prácticas corruptas, «si bien la actuación y el perjuicio abarcan un número mucho mayor». El problema es que la investigación no ha podido determinar el número exacto de expedientes que fueron amañados.

Esta es una de las cuestiones que ha quedado sobre la mesa. El director general del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, Fernando José de la Fuente, aseguró hace unos días que habrá que esperar a la firma de la sentencia para ver cómo afecta a los acusados y a sus empresas.

Para tener una respuesta también habrá que esperar a la decisión del magistrado-presidente. «Hay que ver si quedan algunas obras en curso y si siguen siendo los mismos administradores al mando de las empresas», explica De la Fuente.

Muchas han sido las hipótesis sobre la misteriosa persona que con su denuncia dio pie a esta causa. Algunos creen que fue un empresario y otros sospechan de algún compañero de trabajo de Diez.