El Gobierno vuelve a matar lobos en Cantabria casi cuatro años después de su prohibición, pero no informa de cuántos

La consejera se refirió al asunto después de que el lunes la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) adelantase la noticia en sus redes sociales. «Pistoleros a sueldo del Gobierno regional han matado hoy (por el lunes) los primeros lobos en la comarca de Campoo-Los Valles, de los 41 ejemplares que contemplan ejecutar en Cantabria. En plena época reproductora y con hembras gestantes. Ya no cabe mayor indecencia», rezaba su publicación.

El Ejecutivo se limitó este martes a confirmar el inicio de las «extracciones» en base a la hoja de ruta marcada en el plan de gestión vigente tras la salida de lobo del Lespre. Al ser insistida sobre el número concreto de ejemplares sacrificados, Susinos adujo que el Gobierno que preside Sáenz de Buruaga se lo irá trasladando puntualmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). «Nosotros tenemos obligación conforme a la ley, que es lo que vamos a hacer, de ir notificando las extracciones que se hacen al Ministerio», subrayó.

La confirmación del regreso de cacerías de lobos a la región provocó una cascada de reacciones, principalmente de grupos ecologistas que mostraron su frontal oposición.

El grupo conservacionista Ascel preguntó «al Gobierno central y al Defensor del Pueblo» si no van a presentar Recurso de Inconstitucionalidad, mientras que Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) remitieron un comunicado con el que anunciaron su salida del grupo de trabajo de la Mesa del Lobo diseñado por la propia Consejería, creado para elaborar el borrador del nuevo Plan de Gestión de la especie. Lo hacen, especificaron, «tras haber comprobado la muerte por disparos de, al menos, un lobo en la comarca de Campoo-Los Valles». Ambos colectivos coincidieron en que «no tiene sentido seguir formando parte de un grupo de trabajo cuyo objetivo era, teóricamente, dar participación en la elaboración de un nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, cuando la Consejería decide actuar por su cuenta, empieza a matar lobos e intenta ocultar estos hechos». Tanto Ecologistas en Acción como Arca lamentan que el Ejecutivo haya comenzado «la matanza» sin haber contestado aún a los recursos de alzada interpuestos por ellos mismos contra la orden de 2 de abril en la que se autorizaba la muerte de 41 ejemplares. «Estamos ante una presunta actuación irregular que podría constituir un delito de prevaricación administrativa, al ejecutarse una medida con pleno conocimiento de su ilegalidad y sin que haya concluido el proceso de revisión y alegaciones», incidió al respecto Mercedes González, portavoz autonómica de la formación política Podemos.

Por su parte, WWF censuró la «opacidad» de la decisión del Gobierno regional y que la haya llevado a término «de forma totalmente apresurada». También criticó «que se esté ocultando a la sociedad el número de lobos muertos» y anunció que exigirá «los informes sobre cada ejemplar y las justificaciones técnicas que lo avalen, para verificar que cumplen con la normativa vigente».

El Plan de Gestión del Lobo ya reactivado autoriza la extracción del 20% de la población estimada: 41 ejemplares en total de las comarcas de Campoo-Los Valles (10), Polaciones-Nansa (5), Saja (5), Besaya (5), Pas/Pisueña (5), Liébana (4), Asón/Miera (2) y resto de municipios incluidos en la zona 2 (3) –los que tienen menos presencia de ejemplares– y en la zona 3 (2) –sin apenas lobos–.