El Gobierno quintuplica las multas a pisos turísticos ilegales en Cantabria pero no llega a cubrir todas las denuncias

Mientras que la media nacional de este tipo de pisos es del 1,38%, en algunos municipios y calles de Cantabria llegan a alcanzar el 14%, como en Santillana del Mar, o multiplican por nueve la media nacional, como sucede en Cillórigo de Liébana, Camaleño, Valdáliga, Santa Cruz de Bezana... En la mayoría de municipios costeros de la región los pisos turísticos superan el 7 u 8% sobre el total de inmuebles, con subidas muy acentuadas respecto a los datos de hace solo dos años, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también estima que en Cantabria existen más de 5.000 viviendas de este tipo sin dar de alta.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, dio ayer los números de ese esfuerzo del Gobierno por intentar controlar este alud. Los cinco inspectores que existen en Cantabria –una cifra a todas luces insuficiente para cubrir todo el trabajo– abrieron el año pasado 90 expedientes y multaron a 84 viviendas, lo que supuso una recaudación de 150.000 euros.

Hay que recordar que el Gobierno actualizó hace solo seis meses la tabla de sanciones duplicando las cuantías y, en algunas casos, incrementándolas hasta un 150%, de tal forma que en los casos muy graves el importe a pagar por los incumplidores podría alcanzar los 75.000 euros, frente a los 30.000 euros previstos hasta ese momento. Las leves están entre los 250 y los 1.500 euros –antes eran de 100 a 600 euros–, y las graves, entre los 1.500 y 15.000 euros –antes eran de 600 a 6.000 euros–.

Aunque esas 84 multas suponen un gran salto respecto a lo que se hacía hasta ahora, sigue sin ser suficiente si tenemos en cuenta los cientos de denuncias que existen y los más de 5.000 pisos turísticos que no están dados de alta en Cantabria. Sin ir más lejos, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria puso en marcha hace dos años una campaña para la detección de alojamientos que no cumplen con los requisitos que marca ley. En 2023 localizaron más de 300 casos sospechosos, que trasladaron a la Dirección General de Turismo en forma de denuncia. De ellas, solo 18 acabaron en propuestas de sanción. Una tasa de solo el 6% que, sin embargo, no desanimó al colectivo. El año pasado remitido otras 524 denuncias, casi el doble que en el ejercicio anterior, lo que ha desembocado en 84 multas.

Aumentar el número de inspectores es un compromiso todavía no cumplido de este Gobierno. El año pasado, en las negociaciones entre PRC y PP para aprobar el Presupuesto en el Parlamento, el Ejecutivo de Buruaga dio el visto bueno a la petición de los regionalistas de duplicar el número de técnicos que se encargan de vigilar estos pisos turísticos. Es decir, de cinco pasarían a diez, además de contratar a un administrativo para facilitar el trabajo. Seis meses después de firmar aquel documento, la ampliación de plantilla sigue sin cumplirse, aunque ayer, el consejero de Turismo volvió a insistir en que será realidad este año.

«Sanciones más altas y más inspectores son medidas que dejan claro el interés que tiene este Gobierno por poner fin al problema de las viviendas de uso turístico que funcionan fuera de la ley, medidas disuasorias para que cualquier persona que pretenda escapar de la legalidad se lo piense dos veces porque vamos a ser inflexibles en ese terreno», aseguró en su momento Martínez Abad.

En los seis primeros meses de este año, Turismo ha realizado cerca de un centenar de inspecciones y se han registrado un total de once denuncias. Habrá que esperar al año que viene, supuestamente ya con el nuevo decreto en vigor, para comprobar si escalan las multas por incumplimientos.