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Agentes de la Policía Nacional, durante una operación antidrogas en el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega. Luis Palomeque
Las multas por consumo de drogas alcanzaron los 2,5 millones de euros en 2017

Las multas por consumo de drogas alcanzaron los 2,5 millones de euros en 2017

Cantabria ·

Delegación de Gobierno tramitó 3.850 sanciones por este asunto, una cifra algo inferior a la de 2016. La comunidad sigue a la cabeza del país en la aplicación de la llamada 'Ley Mordaza'

Daniel Martínez

Santander

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Lunes, 17 de septiembre 2018, 13:06

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Si se cumple la estadística, a lo largo del día de hoy diez cántabros serán sancionados por consumir algún tipo de droga y cada uno de ellos tendrá que pagar una media de 900 euros. Así lo confirman los datos del Ministerio del Interior, de los que se desprende que en 2017 las sanciones relacionadas con esta materia superaron los dos millones y medio euros. Con todos estos datos, tirando de calculadora, se puede saber que en Cantabria se contabilizaron en este exactamente 3.850 expedientes de este tipo. Al que pillan con una china, con una papelina... Son pequeñas cantidades, porque cuando son más importantes el proceso ya va por la vía penal y no por la administrativa.

La mejor manera de saber si son muchos o pocos es comparar la cifra con la de otros territorios. A pesar de que Cantabria es una de las comunidades más pequeñas del país, ocupa la undécima posición del ranking nacional. Supera, por ejemplo, a Asturias, Murcia, La Rioja o Navarra y está al mismo nivel que Baleares y sólo un escalón por debajo de la Comunidad de Madrid, donde hubo 5.772. A pesar de que los registros regionales son algo inferiores a los del ejercicio anterior -una caída del 20% en el número de sanciones y del 19% en la cuantía total-, Cantabria sigue teniendo uno de los índices más altos por habitantes.

No es una novedad, sino que la tendencia se viene repitiendo desde los últimos años y siempre desde la Delegación del Gobierno en Cantabria han explicado que se debe a que se tramitan «todas las notificaciones que llegan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y que se llevan al día, algo que quizás no ocurra en otras regiones. El proceso administrativo comienza con la labor de calle de los agentes. Ellos son los encargados de hacer una propuesta de denuncia, pero la última palabra la tiene la Delegación del Gobierno. Aunque la ley no lo especifica la línea que separa la infracción del delito, la jurisprudencia sí ha marcado unos límites. Con la marihuana son los 100 gramos. Algo menos con el hachís (25 gramos), cocaína (7,5 gramos), heroína (3 gramos), metadona (1,2 gramos) MDMA (1,4 gramos), anfetamina (0,9 gramos) y LSD (3 miligramos). En esos casos sí se procede a la detención.

Hubo 873 expedientes por falta de respeto o desobediencia a los agentes, 150 más que en 2016

Además de los 3.840 expedientes por consumo o tenencia de 2017, hubo otras infracciones de carácter grave. Por ejemplo, por la plantación y cultivo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, que sumaron ocho casos -fueron más, pero casi todos estos supuestos se tramitan por la vía penal- a razón de casi mil euros cada uno. Mayor incluso fue la sanción, de 3.000 euros, para las dos personas que permitieron el consumo de drogas en sus establecimientos.

Después de los asuntos de drogas, las infracciones recogidas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida popularmente como 'ley mordaza'- que más trabajo dieron a los agentes fueron, precisamente, los que tienen que ver con su relación con los ciudadanos. Se pusieron 1.159 frente a las 1.026 de 2016 con una sanción media superior a los 300 euros y suma una recaudación total de 367.612 euros. Este crecimiento hace que Cantabria siga en la zona alta del ranking nacional en cuanto a la aplicación de esta norma. Hubo una sanción por cada 500 habitantes, una proporción que sólo superan Aragón. En la parte contraria están Baleares, Cataluña y Navarra. En todas ellas hubo menos de un caso por cada 1.500 vecinos. Los supuestos del artículo 37.04 (falta de respecto o consideración a los agentes) y los del 36.06 (desobediencia a la autoridad) se contabilizaron 873 expedientes, 150 más que en el ejercicio anterior.

Cantabria es la novena comunidad con mayor número de faltas relacionadas con armas

También se recogen 153 casos de desórdenes o obstaculización de la vía pública. Son más anecdóticos los episodios como la exhibición sexual, dar datos falsos a la autoridad pública, el descontrol de animales feroces o la falta de colaboración para averiguar delitos.

Asuntos de armas

Durante el pasado año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región detectaron 718 infracciones por asuntos de carácter grave pero que no llegaron a la categoría de delito relacionados con armas y material explosivo. La mayoría de ellos, hasta 733, fueron por infringir el artículo 36.10 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el que impide portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como armas legales sin la preceptiva licencia.

En esta cifra también se incluyen las infracciones cometidas por aquellos que, a pesar de tener todos los permisos en orden, actuaron de manera «negligente, temeraria o intimidatoria, o fuera de los lugares habilitados para su uso». De media, cada uno de los denunciados en 2017 tuvo que pagar una sanción de 661 euros, por lo que la recaudación total a 31 de diciembre ascendió hasta los 475.080 euros. Fueron 80.000 euros más que el ejercicio anterior a pesar de que también hubo 60 denuncias menos.

De esta manera, Cantabria es la novena comunidad autónoma con un mayor número de faltas de este tipo por delante de otras con mucha mayor población como Baleares, Asturias, Cataluña, Murcia o País Vasco. Encabezan la clasificación Andalucía (7.981), Madrid (2.898) y la Comunidad Valenciana (3.346).

Respecto al resto de las otras 69 infracciones que se recogen en este apartado, 60 -a razón de 627 euros de media cada una- se debieron a la «fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación». Otros nueve tuvieron que pagar los identificados por la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, pero que no constituyeron un delito.

El perfil del delincuente que actúa en la región es el de un hombre, nacido en España y de entre 18 y 30 años

La Guardia Civil y la Policía Nacional en Cantabria pusieron la lupa el pasado año sobre 3.610 personas. La cifra, similar a la de toda la población del municipio de Villaescusa, es la suma de los detenidos e investigados en la comunidad autónoma por cada uno de los delitos recogidos en el Código Penal. El dato, que se desprende del Informe de Criminalidad del Ministerio del Interior, puede parecer alto, pero en realidad es inferior al de los ejercicios anteriores. En 2016 fueron 3.745, un número prácticamente igual al de 2015 y muy por debajo del de 2012, cuando se alcanzó un pico de 5.554 personas.

Este descenso de los últimos doce meses va en sentido contrario al leve aumento en el número de delitos registrados. Es decir, no existe una proporcionalidad entre los hechos conocidos y el número de detenidos o investigados. Por comunidades, Cantabria se sitúa en la parte baja de una clasificación que, como era de esperar, encabezan las autonomías más pobladas. En concreto, es la tercera por la cola y supera únicamente a La Rioja (2.908) y Navarra (3.367). En todo el país fueron 375.865 y un 25% estaba domiciliado en Andalucía.

Los delitos que involucraron a más individuos en la región fueron los que tenían que ver con el patrimonio: 614 personas entraron en la estadística por hurtos, 356 por robos con fuerza y 25 por robos con violencia. También fueron elevados los casos de lesiones (302), malos tratos en el ámbito familiar (476) o seguridad vial (535). En cuanto a los episodios más graves, hubo tres detenidos e investigados por homicidios consumados, siete por tentativas de asesinato, tres por pornografía de menores y 19 por agresiones sexuales. Y a modo de curiosidad, se contabilizaron seis por blanqueo de capitales y cinco por estafas bancarias.

La estadística del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska también permite hacerse una idea de cómo es el delincuente tipo que actúa en la comunidad autónoma desgranando características básicas como la edad, el sexo o la nacionalidad. Cruzando estos tres factores, sale el perfil de un hombre, de entre 18 y 30 años y de nacionalidad española. En favor de ellas, en el mundo del crimen se pone de manifiesto que no existe paridad. Sólo el 17% de las personas que pasaron por las comisarias o cuarteles de Cantabria el año pasado por su relación con algún delito fueron mujeres. El porcentaje es prácticamente un calco al de extranjeros que se vieron en esa misma situación. Porque el 84% de los interrogados por los agentes habían nacido en el país.

Del total de detenidos e investigados entre enero y diciembre de 2017, 193 eran menores, la mayoría por asuntos 'no muy graves' como hurtos (118). En este caso, el descenso respecto a ejercicios anteriores es algo más abultado que entre los adultos. En último año ningún menor de 18 años estuvo involucrado –o por lo menos la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cantabria no tuvieron indicios de ello– en asesinatos o intentos de asesinato, pero sí en delitos de lesiones (19), malos tratos (14), agresiones sexuales (2), robos con fuerza (39), robos con violencia (7), tráfico de drogas (1) o delitos contra la seguridad vial (11).

Cuantitativamente, este colectivo gana al de los jubilados. Entre los mayores de 65 años hubo en la región 76 potenciales delincuentes. Curiosamente, por tipos penales, los supuestos más comunes son muy similares a las de los más jóvenes y no incurrieron en los más graves.

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