El cultivo de marihuana a gran escala, una 'industria' emergente en Cantabria

La marihuana, un negocio ilegal en auge en Cantabria. /DM
La marihuana, un negocio ilegal en auge en Cantabria. / DM

Organizaciones criminales gestionan grandes plantaciones con tecnología puntera para exportar el producto definitivo a países donde los precios se disparan

ÁLVARO SAN MIGUEL SANTANDER.

La primera semilla la sembró la Bang de Fujian. Los Mossos d'Esquadra descubrieron a esta organización criminal casi por casualidad a finales de 2015 en Barcelona. Sólo era una pequeña ramificación de la mafia china, que había empezado a aplicar el espíritu emprendedor de la cultura asiática al negocio del cultivo y venta de marihuana de interior. Trabajaban con plantaciones a escala industrial y exportaban el producto a Gran Bretaña y Holanda, donde el precio es tres o cuatro veces superior al que se paga en España. Para cuando las fuerzas del orden neutralizaron a la Bang de Fujian, la misma semilla había sido plantada en provincias de todo el país. Y terminó germinando también en Cantabria.

La plantación erradicada la semana pasada en San Vicente de Toranzo es la más importante conocida hasta la fecha en la región. Primero por su volumen: 3.245 plantas de cannabis, el doble que el récord anterior. Y segundo, por su nivel de sofisticación, con plantas tratadas genéticamente para multiplicar la producción, sistemas antiolor para evitar los chivatazos de los vecinos y autoabastecimiento eléctrico para evitar los picos de consumo que suele buscar la policía. En el caso de Toranzo, si los vecinos no se hubieran quejado del ruido del generador eléctrico, la plantación seguiría en marcha, generando en torno a 1,2 millones de euros de ingresos anuales a sus dueños. La Guardia Civil tiene claro que el único detenido, un cántabro de 30 años y sin antecedentes, no puede ser el único responsable de una plantación en la que se habían invertido entre 150.000 y 200.000 euros.

Pero la industria de la marihuana 'indoor' en Cantabria, desarrollada a partir de las técnicas empresariales iniciadas por la Bang de Fujian, no empezó en la nave de San Vicente de Toranzo. Llegó a la región en 2016 y la primera de sus 'oficinas' fue descubierta en marzo de 2017 en Ajo (Bareyo). La Guardia Civil destapó allí una plantación de interior atendida por dos ciudadanos chinos, que superaba por primera vez en Cantabria el millar de plantas (1.500 concretamente) y apuntaba ya un nivel de inversión y sofisticación que poco tenía que ver con los cultivos 'indoor' conocidos hasta entonces, orientados al autoconsumo o, como mucho, al tráfico de drogas a escala local.

Lucha policial

Las últimas operaciones contra este negocio emergente han permitido conocer con más detalle sus entresijos. Fuentes policiales consultadas por este diario destacan la dificultad de llegar hasta los auténticos responsables de estos cultivos ilegales: «Las plantaciones se organizan como células yihadistas, que no se conocen entre sí. Y los detenidos, los que cuidan las plantas, muchas veces no saben ni para quién trabajan. Es casi imposible llegar hasta la fuente».

Tampoco es fácil encontrar las plantaciones. Delincuentes y fuerzas del orden juegan una partida de ajedrez interminable. Cuando helicópteros, satélites y drones han puesto en jaque las plantaciones al aire libre, los cultivos se han mudado al interior de viviendas y naves industriales. Allí hace falta luz artificial las 24 horas del día, así que se empezó a robar la electricidad. Las fuerzas del orden lo aprovecharon para buscar los picos de consumo. Y también el olor ha sido la ruina de muchas plantaciones, pero en las más innovadoras, como la de San Vicente de Toranzo, habían utilizado filtros antiolor y ni siquiera se habían enganchado a la red eléctrica: alimentaban focos y ventiladores con un generador de gasoil. Las autoridades también han recurrido a detectores térmicos para descubrir el calor que irradian los bosques de bombillas halógenas que iluminan día y noche las plantaciones. Pero los criminales han respondido forrando las paredes de sus plantaciones 'indoor' con materiales aislantes.

Las estrategias no acaban ahí. La policía sospecha de una tendencia a la dispersión de los cultivos, con plantaciones más pequeñas pero más numerosas que permitan minimizar las pérdidas en caso de incautación.

Los detenidos

Cada año se multiplica en España el número de plantas de cannabis incautadas. De los 176.165 kilos interceptados en 2013 se ha pasado a 1.124.674 en 2017. Un incremento del 538% en solo cuatro años, según los datos del Ministerio del Interior. En Cantabria, la Guardia Civil desmanteló el año pasado diez plantaciones de este tipo, que arrojaron un total de 5.522 plantas de marihuana intervenidas. En lo que va de 2018, la Guardia Civil ha llevado a cabo ocho actuaciones similares en las que ha intervenido 4.429 plantas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

Las mafias cuentan con todo tipo de empleados para montar las plantaciones: conseguidores (que localizan los lugares más idóneos), montadores (que instalan todo el sistema de cultivo, iluminación y riego), cultivadores (expertos en el perfecto desarrollo de las plantas) y cuidadores. Son estos últimos los que suelen terminar detenidos. No suelen conocer al resto de la escala 'laboral' y ni siquiera deben tener conocimientos de jardinería. Por eso en muchos casos se descubren entre sus posesiones cuadernos de instrucciones donde les indican las pautas que deben seguir: temperatura ambiente, niveles de humedad relativa del aire, niveles de pH, medidas de fertilizante que deben utilizar. La sofisticación es tan alta que no es extraño encontrar estaciones meteorológicas en el interior de las naves. ¿El resultado? Los traficantes obtienen hasta cuatro cosechas al año que luego venden en los grandes mercados de los países del norte de Europa. Las autoridades calculan que en Gran Bretaña hay 2,5 millones de consumidores frente a los 600.000 que se estiman en España.

Condenas amables

Entre los cuidadores y el resto de la organización se establece siempre un cortafuegos. En caso de intervención policial, el último eslabón de la cadena es el que cae en manos de la Justicia, así que los traficantes se aseguran de que no tenga información relevante que ofrecer a la policía. El Código Penal no es muy duro con el cultivo de marihuana, así que en algunos casos el cuidador ni siquiera pisa la cárcel. Expertos legales consultados por este diario precisan que, en los delitos contra la salud pública, el cannabis se considera una droga menos lesiva que la cocaína o la heroína, así que las condenas son también más leves. La pena depende de las cantidades incautadas y de agravantes y atenuantes -uno de ellos es ser consumidor-. Así que una condena por cultivar marihuana puede ir desde los doce meses hasta los seis años. Por eso buscan cuidadores sin antecedentes como el joven cántabro detenido en la plantación de San Vicente de Toranzo. La condena siempre es más suave para una persona sin historial delictivo.

El debate sobre la legalización del cannabis está más vivo que nunca. Para muchos es la única manera de acabar con las organizaciones criminales que se lucran con ello. Para otros, la marihuana es una sustancia de transición: «Cualquier tipo de droga me preocupa. Y me preocupa sobre todo la percepción de la gente de que la droga no supone un riesgo. La gente se piensa que la marihuana no tiene riesgo, pero es la puerta que abre el camino a otro tipo de drogas. Llega un momento en que ya no te llena, no te satisface, y viene el listo de turno, que te ofrece cocaína o speed y picas, y a partir de ahí la has cagado. Esto no es un mito, es el camino de la droga», explicaba en 2015 a este diario el entonces máximo responsable del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Cantabria.

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