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El gerente de la Clínica Euskalduna (Bilbao), el ginecólogo José Miguel Gurrea, denuncia que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) está «incumpliendo» la actual ley ... del aborto -publicada en el BOE el pasado 1 de marzo-, «que exige a las autoridades sanitarias de Cantabria el envío de las pacientes que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo al centro acreditado más próximo».
En un escrito remitido a la Consejería de Sanidad, Gurrea reprocha que el SCS esté enviando a las pacientes que solicitan el aborto voluntario a Valladolid y a Madrid, «sin darles la oportunidad de acudir a Bilbao como determina la ley, ya que la norma faculta a los pacientes a que puedan elegir el centro más próximo a su domicilio».
La Clínica Euskalduna de Bilbao ha participado en los tres últimos concursos convocados por el SCS para prestar dicho servicio, ganando los dos primeros y «siendo apartado del último por motivos inconcebibles que están recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)». «Pero la ley no hace mención a los concursos, sino a la proximidad al domicilio de la paciente», puntualiza.
Gurrea sostiene, además, que el Gobierno de Cantabria «incumplió» el concurso de 2017 a 2021 al realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que tiene un coste de unos 400 euros, «con sus propios medios, un mes después de haber adjudicado el concurso a las dos clínicas establecidas en Santander (Los Lagos y Mies -cuyo propietario era el mismo que el de la Clínica Euskalduna-)». Esta actuación «contraria a la teoría de los propios actos y a la buena fe», apunta este ginecólogo, «obligó al cierre de ambas clínicas».
El pasado año, con independencia del resultado del concurso, el Ejecutivo regional reenvió pacientes a la Clínica Euskalduna de Bilbao, donde fueron atendidas puntualmente. «Sin embargo, la Administración cántabra incumplió (desde hace meses) y sigue incumpliendo a día de hoy su obligación recíproca de pago a la clínica que dirijo», afirma Gurrea, que calcula que la deuda ronda los 5.000 euros.
Desde la Consejería de Sanidad niegan, por un lado, que haya facturas pendientes con esta clínica, «a la que se excluyó del concurso porque no acreditó correctamente el documento europeo único de contratación, a pesar de que se le dio un plazo para subsanarlo».
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