Los inmigrantes son personas

Naturalmente, tratamiento bien distinto deben tener aquellos que llegados a nuestro país no solo no aceptan nuestra forma de vida sino que pretenden combatirla por la fuerza, cuando no directamente por el terrorismo más cruel y violento, de aquellos otros que una vez en nuestro país agradecen nuestra hospitalidad y respetan nuestras costumbres, aunque no las compartan, y se adaptan a nuestra forma de vida, sin por ello renunciar a la religión en la que crecieron y fueron educados.

Desgraciadamente, sin embargo, algunos de sus descendientes, nacidos ya en un país de la Unión Europea, se consideran plenamente europeos, y por ello exigen todos sus derechos como tales, pero no solo no aceptan las obligaciones que ello entraña sino que los combaten por todos los medios a su alcance. Pero eso es un tema que precisa de un análisis que supera con mucho las opiniones de un simple aficionado a asomarse periódicamente a las páginas de un medio de comunicación y que por su importancia y trascendencia exigirá, es seguro, la participación y colaboración de los distintos países de la Unión Europea en la que decidan qué procede hacer en tales casos para evitar o, en su caso, combatir tales situaciones.

Volviendo a la realidad de los inmigrantes que de forma continuada llegan hasta nosotros, una cuestión importante a tener en cuenta es el hecho de que haya cientos de miles de ellos que por haber entrado en España, o permanecer en ella de forma ilegal, carecen de papeles que les permitan trabajar, con lo que lo único que pueden hacer es vivir de la caridad, del robo o trabajando en condiciones de ilegalidad y, por ello, sometidos, en muchos casos, a explotación, cuando lo lógico sería adoptar las medidas pertinentes, en comunión con la Unión Europea, para evitar su entrada o permanencia en nuestro país y de producirse tal hecho permitirles trabajar en tanto se regulariza su situación o, cuando proceda, hasta que se les expulse a su país de origen.

Mantenerlos en la ilegalidad, como hay cientos de miles de ellos en España, es además de inhumano –pues ante todo son personas que en muchos casos han corrido grandes riesgos y dificultades huyendo de la pobreza más absoluta, cuando no del terrorismo existentes en sus países de origen o simplemente, lo que no es poca cosa, buscando una vida mejor para sí y para la familia que dejaron atrás–, un problema de orden público y un riesgo de que algunos de ellos puedan caer en las redes de mafias o terroristas de toda índole.

Problema bien diferente son los miles de menores que llegan a España y que demandan no solo la atención que todo niño necesita, tanto en sus aspectos físicos como en los de formación y desarrollo de sus personalidades, lo cual precisa de una atención individualizada y bien alejada del amontonamiento en que se ven obligados a vivir en las Comunidades Autónomas por las que han accedido a nuestro país, cuál es el caso de las Islas Canarias, ante la falta de acogimiento de los mismos en el resto del territorio nacional.

Pero si grave es la situación en la que tales menores viven peor es aún lo que ocurre cuando los mismos cumplen los dieciocho años y son expulsados de los centros en los que hasta ese momento, mal que bien, han subsistido. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde ir? ¿Cómo continuar los estudios cursados hasta ese momento? ¿Dónde trabajar? Desgraciadamente todas esas preguntas, y otras muchas que al respecto podríamos formular, tienen difícil contestación, cuando no carecen totalmente de respuesta. Pero una cosa es clara, nosotros tenemos la obligación de prestarles, tanto durante su infancia como en su juventud, la atención y cuidados que como personas les corresponde, lo que les permitirá, una vez crezcan, integrarse plenamente en nuestra sociedad.