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Rosa Inés García Afiliada socialista
Inquisición intolerable. Así calificaba el sainete franquista los impuestos progresivos y personales. Detestaban el de patrimonio. En los cincuenta la evasión fiscal en España era ... del 75%. La lista de contribuyentes la encabezaban los toreros y la cerraban los banqueros. El diario de Falange 'Arriba' publicó: «Los que no hacen declaración o la falsean son malos españoles y malos católicos, quitan el pan al hambriento, salud al niño y casa al emigrante que huye del campo» (J. Velarde, 1955).
Fallecido el Papa Francisco cabría preguntarse si la defensa de pobres y excluidos, su ancla moral, comparte causa con la función de los impuestos en los Estados de Bienestar. Quizá habría apoyado lo dicho por Fuentes Quintana, economista falangista que leía a Keynes y padre de la Reforma Fiscal Española en 1977: «Sin justicia distributiva no hay igualdad ni paz social». Para distribuir hay que recaudar. Los impuestos aseguran que todos los días se enciendan las luces de los quirófanos en los hospitales públicos.
La corrupción, venga de donde venga, y los influencers en redes animando a cotizar en otro país alimentan el desapego tributario. Creíamos superada la clase política y empresarial rancia, obscena y zafia que mostró Berlanga en 'La Escopeta Nacional'. Pero no. Hay que legitimar el pago de impuestos con más transparencia y mejor gestión en gasto y servicios públicos.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otras reformas recientes buscan modernizar el sistema impositivo. Dado que España crecerá este año el 2,5% según el FMI, ¿sería momento para una revisión general del sistema que le haga más equitativo, progresivo, sostenible y justo? Ahí queda.
España sin Presupuestos y Mazón sin dimitir.
María Luisa San Juan Exconcejal de Ciudadanos
Vigilar el destino de nuestros impuestos empieza a convertirse en estado de incertidumbre permanente. Sobre todo, desde que los extremismos imponen prioridades legislativas o de gasto en función de filias y fobias nacional populistas más propias de los años 30 que de los desafíos que debe afrontar una España moderna y europea en la geopolítica de nuestro siglo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el economista William Beveridge advertía al Gobierno británico de que el Estado debía combatir los cinco males de la sociedad: miseria, ignorancia, necesidad, desempleo y enfermedad. Hoy podemos constatar que las guerras cambian, pero sus fatales consecuencias se repiten.
En plena campaña de la renta conviene recordar que un Estado de bienestar es imposible sin priorizar el mercado de trabajo, el desempleo, la atención sanitaria, la educación o un sistema de pensiones sostenible. Cumplir con nuestras obligaciones tributarias es la declaración anual de patriotismo que hacemos los ciudadanos, presentada en tiempo y forma. Por eso necesitamos gobiernos que propongan y rindan cuentas, parlamentos que legislen y tribunales que impartan justicia.
Lo demás es caos, odio, populismo, identidad de tribu, empobrecimiento y espacios de oscuridad donde crecen los hongos que envenenan cualquier democracia: la mentira y la corrupción.
«Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable. Y en ese sentido la decencia debe ser algo esencial, no accesorio». (José Luis Ábalos. Congreso de los Diputados. 31 de mayo 2018).
María Luisa Peón Militante popular
Acabo de ver que la web de la Agencia Tributaria contiene un espacio dedicado a explicar a los escolares el impacto que el sistema fiscal tiene en su vida cotidiana. Programa de Educación Cívico Tributaria lo llaman. Dice que el pago de impuestos tiene como objetivo que las Administraciones Públicas dispongan de los recursos suficientes con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Quizá Ábalos lo leyó e interpretó que esto le permitía satisfacer sus necesidades en el Parador Nacional de Teruel y disponer que Jésica y demás visitadoras cobraran de empresas públicas.
También explica este programa educativo que la recaudación de los impuestos figura en los Presupuestos Generales del Estado; esos de los que España carece desde 2023. Menciona el artículo 134 de la Constitución en su literalidad: «El Gobierno debe presentarlos –los presupuestos– ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que finalicen los Presupuestos Generales del Estado del año anterior. Se conoce que Sánchez ha interpretado que no tiene sentido presentar nada ante un Congreso que forma parte de un legislativo sin cuyo concurso quiere gobernar.
Debería completarse con una guía de malas prácticas; vamos, la lista de cosas que está feo pagar con la recaudación: además de los caprichos de Ábalos, las presuntas mordidas de las mascarillas, la lista de deseos de Puigdemont, los negocios de Begoña, el enchufe del hermano, las consecuencias de la chapucera rescisión del contrato de las balas israelíes… Y ya tendríamos unos jóvenes fiscalmente bien formados para cuando puedan votar a los 16.
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