La Babel española

La Constitución deja bien claro, en el artículo tres, este asunto: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Los grupos independentistas, minoritarios en España, utilizan los idiomas regionales como herramienta para socavar la convivencia entre españoles y acentuar las desigualdades. En un viaje al pasado, en un intento de detener los avances naturales, grupos aferrados al pretérito, sienten nostalgia de la Babel que aparece en la Biblia, del caos idiomático como castigo a la humanidad.

El uso de personal para traducir las tres lenguas cooficiales en la reunión de presidentes autonómicos resultó un teatro digno de Ionesco. Cuando hablaba Illa, en catalán, el intérprete vertía sus palabras al español para que lo escuchara un gallego o un vasco. Es decir, se imponía la lógica, la lógica de expresarse en el idioma común, el español. No se tradujo del catalán al vasco ni al gallego, no, se hizo al español. Una lengua que se ha impuesto como la segunda más utilizada en occidente, tras el inglés. Unos cuantos millones de personas hablan español y la expansión de la lengua de Cervantes crece exponencialmente, hasta el punto de que, tras México, los Estados Unidos superarán en hispanohablantes a la propia España.

La lengua pervierte su esencia cuando se emplea para dividir en lugar de unir y reviste especial gravedad que un idioma sea utilizado como instrumento para obtener privilegios, para ahondar en la diferencia tras la que se oculta un sistema que otorga mejor financiación a las comunidades ricas que a las menos favorecidas. Ni siquiera los más radicales defensores del capitalismo se atreverían a plantear esa tesis.

Hoy en día, los idiomas que existen en España son palancas para dividir y generar desigualdades. Se acepta con naturalidad que en unas oposiciones a cualquier plaza funcionarial se exija que el aspirante domine el idioma regional. La barrera idiomática va contra el espíritu mismo de la Constitución e impide, de facto, la libre circulación de los españoles, ya que para una gran parte resulta imposible optar a un cargo público en determinados territorios.

Los idiomas son el arma con el que los grupos separatistas tratan de crear una nación en la que las normas constitucionales queden sin efecto y que con ello se ahonde en la separación de las comunidades autodenominadas «históricas» del resto. Es una paradoja que Cantabria o Asturias no sean comunidades históricas, cuando tienen tras de sí siglos de existencia y cuando sus primeros pobladores lucharon por su independencia frente a Roma.

Resulta chocante que, a pesar de lo que dice la Constitución, en Cataluña los tribunales determinen que en los diferentes niveles del sistema educativo se indique que el 25% deba ser impartido en español. En una parte del territorio nacional se limita el uso de la lengua común a una cuarta parte de las materias y aun así este mínimo no se cumple, sin que exista ninguna sanción por ello. Los cántabros sufrimos singularmente este incumplimiento de la norma que fija el español como el idioma de todos, ya que se nos cierran las puertas a acceder a puestos de trabajo públicos en una buena parte de nuestro territorio, mientas que los que allí residen pueden optar a un trabajo en Cantabria.

Europa es una verdadera Babel y esa circunstancia frena la integración de unos países que, en solitario, resultarían irrelevantes en el contexto universal. Europa trata de consolidarse y en España nos alejamos de la UE al minusvalorar el idioma castellano e intentar introducir en la confusión idiomática europea tres lenguas más.

Los españoles tenemos que defender nuestro idioma, que es ya uno de los más importantes en el contexto mundial, y aplicar el espíritu y la letra de la Constitución.