Los imputados por Urdicam y Promociones Cotolino recurrirán las fianzas millonarias

En caso de que sean desestimados los recursos y no abonen las cantidades, el Juzgado procederá al embargo de bienes

A. VERANO CASTRO URDIALES.

Las fianzas millonarias de responsabilidad civil que ha impuesto el magistrado Luis Acayro Sánchez pillaron por sorpresa ayer a los imputados por la construcción de los edificios promovidos por la empresa Urdicam y Viviendas y Promociones Cotolino, dentro del desarrollo urbanístico de las unidades 1.33 y 1.34, en el entorno de Santa Catalina. Las 24 personas que tendrán que hacer frente al pago de siete millones de euros (seis en el caso del edificio de Urdicam al 50% entre los promotores y 19 políticos y funcionarios, y uno en el de Promociones Cotolino, también el 50% entre promotores y políticos y funcionarios) guardaron silencio durante la jornada de ayer.

No obstante, este periódico pudo averiguar que la gran mayoría de las personas que tendrán que hacer frente a estas fianzas recurrirán el auto dictado por el juez Luis Acayro Sánchez. El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, (en prisión desde el 18 de febrero), el alcalde en funciones y edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, y la edil de Educación, Concepción Carranza, presentarán recurso de apelación directamente a la Audiencia Provincial. Los promotores de Urdicam, Florencio Gómez y Ángel Herrera, harán lo mismo. El ex alcalde socialista y edil de Urbanismo, Obras y Personal, Rufino Díaz Helguera, también confirmó a este periódico que presentará los recursos oportunos, aunque reconoció que «todavía no tengo notificación alguna».

En caso de que se desestimasen estos recursos y si no pudieran hacer frente al pago de las fianzas, que en el caso de los políticos y funcionarios se estima en 184.000 euros cada uno, el Juzgado pasaría al embargo de sus bienes. La fianza tiene carácter solidario, es decir, salvo que se complete en su integridad, cada imputado responde por todo frente a los perjudicados. En su auto, el magistrado requiere estas fianzas millonarias para asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios ocasionados a los compradores.

Se da la circunstancia de que el juez Luis Acayro Sánchez ya solicitó a los promotores de Urdicam una fianza de 4,8 millones de euros, en diciembre de 2008 tras ser detenidos, con el fin de asegurar la responsabilidad civil por la presunta estafa cometida con la construcción de la urbanización Edificio Boulevard. Los dos socios de la empresa entregaron en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro una relación de bienes por valor de 5.368.508 euros (es la valoración de tres terrenos libres de cargas) con los que pretendían avalar la cantidad solicitada por el magistrado.

El alcalde en funciones y ex portavoz del PP, José Miguel Rodríguez López, es otra de las personas que se enfrenta de nuevo al requerimiento de una fianza para asegurar su responsabilidad. En el caso Trapur (el de la presunta adjudicación a dedo del servicio de desratización a la empresa castreña), el instructor Acayro le impuso una fianza de 587.769 euros. En aquella ocasión, renunció a la posibilidad de presentar recurso alguno por lo que le embargaron todos sus bienes.

Vista ante la Audiencia

Y mientras los 24 implicados por el desarrollo urbanístico del entorno de Santa Catalina piensan en las fianzas millonarias a las que tendrán que hacer frente, el proceso sobre el encarcelamiento del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, sigue avanzando. Ayer las acusaciones particulares y popular comparecieron ante el instructor Acayro para solicitar una vista ante la Audiencia Provincial, previa a la resolución del recurso interpuesto ante el Juzgado de Castro y con el objetivo de que la Audiencia se pronuncie cuanto antes sobre el encarcelamiento de Muguruza. Por este motivo, no formularán alegaciones al recurso que el alcalde de Castro Urdiales ha presentado contra el auto que ordenó su ingreso en prisión. Las acusaciones particulares y popular entienden que el hecho de que la defensa de Muguruza haya presentado un nuevo escrito de apelación (el segundo) sólo va a suponer retrasar la tramitación. Además, reiteran los argumentos al primer recurso que presentaron los abogados del alcalde. Es por lo que pretenden presentar sus alegaciones en esa vista que han solicitado a la Audiencia Provincial.

Aunque las acusaciones particulares no van a presentar alegaciones, el recurso de apelación sí debe ser informado por el Ministerio Fiscal, antes de remitirlo a la Audiencia de Cantabria.