«Se ha realizado un desarrollo urbanístico fraudulento, a iniciativa de los promotores, en connivencia con los responsables municipales y con un grave perjuicio para el municipio, a lo que hay que añadir la destrucción de bienes de dominio público que se han producido en dicha unidad de ejecución (1.34 de Santa Catalina)». Esta es la principal conclusión a la que llegó ayer el juez Acayro en un auto en el que acordó -como medida cautelar -la paralización inmediata de la obra promovida por Castrum Varduliex (un supermercado Supercor y unas 150 viviendas) en esa polémica unidad de ejecución, ubicada junto al colegio Arturo Dúo.
Una decisión que según el instructor pretende «evitar la consolidación de una situación de ilegalidad que se produciría con la finalización de la misma y los perjuicios que ello supondría». Aunque durante la jornada de ayer no se hizo efectiva la paralización, el instructor castreño dio las indicaciones pertinentes para que se retire todo el material y la publicidad de la obra y se establezcan unas condiciones de seguridad mientras dure la presente instrucción, «cuya finalización es prácticamente inmediata».
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro señala que «existen indicios sólidos de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística». Para llegar a esta conclusión, el instructor se apoya en varios aspectos. Por un lado, el ex secretario municipal, César Saiz, «reconoció en sede judicial la ilegalidad de todo lo realizado». «A parte de los informes de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que lo advierten, consta en las actuaciones un informe jurídico de la secretaria municipal del que se desprende que todas las obras realizadas en la unidad de ejecución 1.34 y 1.33 son manifiestamente contrarias al planeamiento».
Por otro lado, el instructor señala que en el proyecto de reparcelación aprobado «se ha manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público que corresponde al Ayuntamiento y de viales al tiempo de inscribirlo en el registro de la propiedad, estando imputado el promotor y representante de Castrum Varduliex por un posible delito de falsedad de documento público». Acayro asegura en su auto que la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamiento ha ocasionado un perjuicio al municipio, tal y como había advertido reiteradamente la Crotu.
Pérdidas
Dicho perjuicio consiste, según el instructor, en la pérdida en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 de, al menos, 1.512 metros cuadrados de equipamiento público. «En otras palabras, se ha eximido a los promotores de entregar dicha cantidad de suelo para hacer los viales; 412 metros cuadrados de la 1.34 y 1.100 metros de la 1.33.
Pero Acayro no se queda ahí. Asegura que el Ayuntamiento ha perdido entre 500.000 y un millón de euros, si nos atenemos a las valoraciones realizadas para la permuta que se llevó a cabo con el aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecución 1.34. «El suelo que debían entregar los promotores sólo en esas unidad de ejecución y que se han ahorrado en perjuicio del municipio tendría una valoración aproximada de 600.000 euros». Se espera que a lo largo del día la Guardia Civil haga efectiva la paralización de la obras.
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