El Gobierno abre la puerta a la solución de muchos de los problemas de los afectados

En Cantabria hay 490 montes públicos que ocupan 270.000 hectáreas. Para tratar de encontrar una solución al problemas que los cientos de afectados por la Ley de Montes de 2003 vienen reclamando desde hace años, el Gobierno ha anunciado ocho medidas. El Ejecutivo publicará este martes en el BOC (Boletín Oficial de Cantabria) una orden de la Consejería de Ganadería que regula el procedimiento de otorgamiento de la concesiones administrativas. Además, se ha comenzado a trabajar ya en la rectificación del catálogo de montes de utilidad pública; un trabajo que está en marcha en los municipios de Liendo, Torrelavega, Guriezo, Cabuérniga, Anievas, Soba y Valderredible.

La resolución de expedientes de afectación de fincas como montes de utilidad pública y la resolución de reclamaciones previas a la vía judicial es otra de la soluciones que esta mañana ha defendido el Ejecutivo, que también ha abierto la puerta a la posibilidad de aplicar lo que técnica y jurídicamente se llama usucapión; es decir, que aquellos que puedan demostrar que durante al menos treinta años antes de la proclamación de la ley esas fincas figuraban como de su propiedad, obtendrán la titularidad.

Las tres últimas decisiones adoptadas para ayudar a encontrar una solución al problema de los cientos de afectados en Cantabria por la Ley de Montes es la contratación de equipos especializados para rectificar el catálogo, la atención directa a través de un teléfono y la paralización de sanciones y desahucios en tanto se resuelven todos los expediente acogiéndose a las nuevas medidas.

«El máximo de soluciones posibles y las más imaginativas», dijo hoy la consejera de Presidencia, que acompañada por la titular de Ganadería, compareció en el Gobierno para poner sobre el mesa el trabajo de los equipos de ambos departamentos para conseguir que «mucha gente que lleva años sin dormir, pueda hacerlo».

El Gobierno cántabro está dando pasos para solucionar el conflicto de los titulares de parcelas en montes de utilidad pública, de manera que ya ha desafectado siete hectáreas en San Pedro del Romeral.

Las soluciones diseñadas por el Gobeirno se trasladarán mañana a los afectados por la Ley de Montes, en el seno de la comisión de seguimiento que reúne a sus representantes y a responsables de esas dos consejerías.

Díaz ha destacado el "esfuerzo extraordinario" del Ejecutivo en este tema, aunque ha advertido de que la solución no llegará "al cien por cien" de los afectados.

Lo que estima la Administración es que los pasos que está dando puedan dar satisfacción a un 75 por ciento de las reclamaciones de los afectados.

Dentro de las medidas para solucionar este conflicto ya se ha finalizado la desafectación de 7 hectáreas de monte en San Pedro del Romeral, después de que así lo solicitara el pleno de ese municipio en un acuerdo aprobado el pasado mes de julio de 2011.

Esa desafectación -de 1,15 hectáreas en el Monte de Utilidad Pública 379 y de 5,85 hectáreas en el Monte de Utilidad Pública 381- incluye los terrenos de varias infraestructuras, como la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el patio del colegio público, o la ampliación del cementerio. En concreto, en este municipio había once edificaciones afectadas.

El Gobierno tramita ya la desafectación de monte en Los Corrales de Buelna y en Bárcena de Pie de Concha, en un proceso que precisa comunicación municipal o la petición de un particular, ya que la Administración no actúa de oficio.

BOC

Por otro lado, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica mañana la Orden por la que se regulan los convenios, que son las concesiones administrativas que sustituirán a los consorcios para la explotación de montes utilidad pública.

Esta orden introducirá novedades, porque a partir de ahora serán las juntas vecinales y los ayuntamientos los que señalarán a quién se adjudican los convenios y en qué condiciones económicas; mientras que la Administración regional únicamente se ocupará de cuestiones técnico-facultativas. El Gobierno prevé explicar esta Orden y su tramitación a la Federación de Municipios y a la asociación de secretarios de ayuntamientos de Cantabria.

El Ejecutivo está trabajando además en la rectificación de su catálogo de Montes de Utilidad Pública para adaptarlo a la realidad, y ha emitido un informe jurídico que pretende abrir la puerta a la usucapión: lograr la titularidad de una parcela acreditando que se ha ocupado de forma pacífica, y como dueño, durante al menos 30 años.

La rectificación del catálogo afecta a 480 montes de utilidad pública, con 270.000 hectáreas, y se basa en un protocolo elaborado por técnicos del Servicio de Montes y de la sección de Topografía y Cartografía.

El objetivo es que todos los montes sean analizados utilizando criterios "idénticos", y se ha iniciado la planificación para poder trabajar de manera simultánea en Liendo, Torrelavega y Guriezo, Cabuérniga y Anievas, Soba y Valderredible.

Además, ya se está actuando en las secciones forestales de Santiurde de Reinosa y Los Corrales de Buelna, Solórzano y Ampuero, San Roque de Riomiera, Miera y Arredondo, y Campoo de Enmedio y Campoo de Yuso.

Paralelamente, para evitar perjuicios de mayor impacto, se han suspendido cautelarmente los desahucios y las sanciones que pueden afectar a primeras viviendas o a establecimientos que suponen el modus vivendi de sus titulares.

Díaz ha destacado que de 410 expedientes iniciados en 2011 sobre problemas en fincas en montes de utilidad pública, la Administración ha resuelto a favor de los afectados más de 300, con dictámenes que han estimado total o parcialmente sus pretensiones.

Esta consejera ha advertido de que hay casos que aún no han aflorado a causa de la "precaución" ante la propia Administración, a la que no se presenta la documentación para acreditar la propiedad.

La titular de Presidencia ha insistido en la importancia de que se aporten esos documentos, puesto que la solución de este problema "depende de que la gente lo solicite" y entregue esos títulos para poder realizar las comprobaciones pertinentes.