Francisco Trueba ordenó dotar de agua a una casa de Duález sin permiso municipal

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Torrelavega anunció esta mañana que denunciará ante la Fiscalía de Cantabria al concejal de Obras y Servicios Generales, Francisco Trueba (PP), para que valore si el edil cometió un presunto delito penal (prevaricación y falsedad documental) al gestionar la concesión del servicio de agua a un vecino de Dualez. El PRC se basa en tres informes del letrado municipal y pide al alcalde, Ildefonso Calderón (PP), que asuma su responsabilidad y hable públicamente sobre este asunto.

Calderón no tardó ni una hora en reaccionar y dijo que todo se debe a una «actuación humanitaria» de Trueba, que consistió en «dar agua a un vecino en una circunstancia muy especial y es que tenía un niño pequeño y su mujer estaba embarazada. No tenían agua corriente y llega el invierno». Según el alcalde, en el procedimiento se han tenido en cuenta las «valoraciones de los Servicios Sociales» y las consideraciones del letrado, siguiendo, paso a paso, «todas su recomendaciones y propuestas». Según el último acta de la Junta de Gobierno, se está actuando para «restaurar la legalidad».

Sin embargo, para lo regionalistas, la responsabilidad política es del regidor: «Hay indicios de una conducta irregular y, conociéndolo, no actúa. Opacidad, ocultación de información y obstrucción del trabajo y la labor de la oposición y de los funcionarios. Esto es lo que se deduce a la vista de estos informes».

Al PRC le parecen unos hechos de «especial gravedad». Con independencia de la actuación del concejal, que no entra a valorar, para este grupo la responsabilidad política es del alcalde. «Primero explicó el portavoz, Pedro García Carmona, por no informar, no ya sólo a los grupos políticos, sino también, y parece ser una constante del equipo de gobierno de Calderón, al propio letrado municipal que está tramitando el expediente. Se pidió la documentación completa del mismo el 18 de septiembre y ha fecha de hoy nos han dado algunos de los informes con cuentagotas y todavía no lo conocemos todo».

García Carmona explicó que su grupo tuvo conocimiento del primer informe del letrado municipal, Pedro Anillo, el 18 de septiembre y a través de éste. En el documento se insta al alcalde a que actúe en consecuencia, es decir, que «acuda bien directamente al Juzgado de Guardia o al Ministerio Fiscal». Ese mismo día, el PRC solicitó una copia del expediente.

Su portavoz hizo hoy hincapié en los hechos: «El letrado tuvo conocimiento de que el concejal había firmado un escrito en el que decía que, atendiendo la petición de un vecino de Duález y teniendo constancia del problema, la Junta de Gobierno había tomado la decisión de suministrarle agua, corriendo los gastos, tanto de obra como de consumo, por cuenta del vecino». Según García Carmona, el abogado del Ayuntamiento constató después que la Junta de Gobierno no tomó dicho acuerdo y que el ingeniero del Servicio de Aguas advirtió al concejal de que «no se podía otorgar el suministro y que hablase con el secretario municipal por si era de otra opinión».

El letrado emitió un informe posterior dando marcha atrás: «No parece procedente poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos descritos porque de las explicaciones dadas no se infiere que sean constitutivos de infracción penal». Esta explicación de Pedro Anillo le preocupa «aún más» a García Carmona, que se pregunta: «¿Qué ha pasado?».

Sin embargo, el alcalde se remite a lo señalado en este último documento y sobre el primero se limita a decir que hizo lo que se le pidió: «Recabar más informes, como queda recogido en las actas de la Junta de Gobierno, para que sean valorados por el señor letrado».