Los recursos bloquean Valdecilla tras suscitar el interés de las grandes empresas

El Palacio de La Magdalena fue construido en tres años, bastante menos tiempo de los once años que ya cuenta la ampliación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, inconclusa aún. A este paso, los tres bloques a medio vestir del centro sanitario van camino de alcanzar los 21 años que empeñaron los mejores canteros del siglo XVI (algunos de ellos, cántabros) en rematar el Monasterio de El Escorial. Ahí es nada. Felipe II sufriría un ataque de gota al descubrir el monumental retraso de un complejo que reúne tres condiciones superlativas: es el eje de la sanidad pública de la región, su mayor centro de investigación y formación profesional, y una empresa con 4.600 empleados, 337 millones de euros de presupuesto anual y una capacidad de generar riqueza equivalente al 3% del Producto Interior Bruto de Cantabria. No es cualquier obra.

La ampliación se frenó porque el Estado dejó de pagarla. Por supuesto, el PP acusa a José Luis Rodríguez Zapatero, y el PSOE, a Mariano Rajoy, según el habitual discurso que reduce la política a un señalamiento de culpables. En abril, sin embargo, el Gobierno autonómico publicó una nueva convocatoria para contratar de nuevo los trabajos y reanudarlos, e inaugurar en 2015. El martes, la Consejería de Sanidad ya tenía sobre la mesa la solicitud formal de siete grandes grupos empresariales para ganarse el proyecto más jugoso de la legislatura, y ultimaba el arranque de las negociaciones. Parecía el despegue. Pero no.

UGT,Comisiones Obreras y el Partido Socialista han interpuesto tres recursos administrativos, el primero de los cuales consiguió paralizar el jueves la convocatoria de forma cautelar. Y si esa vía no les fructifica, es probable que alguno de los tres continúe su oposición mediante un contencioso-administrativo que quizá, en lugar de ladrillos, añada más hojas de calendario. La UniónSindical Obrera (USO) ultima un cuarto recurso. Hasta el PRC se ha incorporado al rechazo, aunque sólo de palabra: Miguel Ángel Revilla, bajo cuya presidencia el Ministerio cerró la caja, reclama que «sea el Estado quien pague el hospital».

«Nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos que tengamos para parar esto», advierte Eva Díaz Tezanos, secretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, quien ha convertido Valdecilla en un ariete de oposición. «No es sólo un concurso, es un modelo de privatización para todas las regiones, el mismo que en Madrid o Castilla-La Mancha, el mismo que ha excluido a determinados colectivos de la atención sanitaria y el mismo que ha introducido el copago perjudicando a los pensionistas o a los pacientes crónicos». No es una obra cualquiera, es un debate troncal sobre el papel del Estado en la salud, sostiene.

La respuesta del presidente Ignacio Diego ante la ofensiva ha sido otro envite de calibre: condicionará el trato general del Gobierno con los sindicatos al reinicio de Valdecilla: «Eso que han devenido en llamar Concertación Social tiene que ser algo más que una serie de acuerdos para satisfacer aspiraciones sindicales», dijo el viernes. O traducido, «que cesen en su oposición».

Todo cuestionado

El formato elegido por el PP para resolver el entuerto es una mezcla de trueque y crédito, que pactará mediante una vía más cómoda para el Ejecutivo que una subasta o un concurso, pues le amplía el margen para elegir ganador. Mediante un contrato de Colaboración Público-Privada, o CPP, la empresa abonará las obras pendientes (unos cien millones de euros) a cambio de gestionar los servicios no sanitarios (desde el mantenimiento a la limpieza) y de cobrar durante dos décadas un canon anual de 33 millones. Además, en lugar de recibir directamente las ofertas económicas, la Administración establecerá una Mesa de diálogo competitivo: un mecanismo extraordinario que permite sentarse con aquellos interesados que le convenzan y negociar de forma individual sus propuestas.

Los recursos cuestionan todo: la necesidad del CPP, las sospechas de que el diálogo competitivo encubre una adjudicación a dedo, la «indefensión» en la que quedan «1.700 trabajadores», la posible privatización posterior de servicios clínicos... Una colección de temores y presuntas irregularidades que UGT, CC OO y el PSOE han expuesto en sus recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.Este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, tardará tres o cuatro semanas en resolver.Los alegatos de los sindicatos hacen más hincapié en la plantilla, en la supuesta ausencia de garantías sobre las subrogaciones o las condiciones del personal estatutario; y los socialistas, en la ausencia de una justificación razonada para utilizar un procedimiento excepcional de contratación que la ley reserva sólo a aquellos casos donde los métodos habituales no valgan.

El Tribunal puede admitir todos los argumentos o sólo una parte, y del alcance de su fallo dependerá que los tres edificios aledaños al centro sanitario vean alguna máquina pronto. De atender algún aspecto de las reclamaciones, la gerencia de Valdecilla debería modificar la convocatoria. Y si el tribunal, por contra, rechaza los tres recursos (que puede fallar agrupándolos antes), sindicatos y socialistas podrían interponer un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, otro método de bloqueo.

El actual se ha producido sólo dos días después de que todas las grandes constructoras españolas solicitasen participar en el concurso, muchas de ellas en distintas alianzas con empresas de servicios o mantenimiento. En el grupo aparecen las tres firmas que disfrutaban del anterior contrato de Valdecilla y a las que el Ejecutivo les retiró el proyecto por incumplimiento de los plazos iniciales: OHL, Ascán y FCC. La constructora cántabra y Fomento de Construcciones y Contratas siguen como socias, pero OHL se ha presentado junto a la firma Giroa. También concurren Sacyr, Ferrovial o Acciona. Todas enviarán unos representantes para la negociación que la Consejería presume agresivos. Tanto, como los 660 millones de euros en lid. El Escorial, según cálculos del economista Pedro Schwartz, costó al cambio actual unos 545.